“Cuando las personas piensan en la protección de nuestros derechos, incluida la expresión religiosa, a menudo piensan que es un deber de los tribunales. Pero en nuestro sistema constitucional incumbe a las tres ramas del gobierno hacer eso”.

Nuestra Constitución reconoce que tenemos ciertos derechos inalienables, y una de las funciones importantes de nuestro gobierno es reconocerlos y protegerlos. La Declaración de Derechos –las primeras 10 enmiendas a la Constitución–, detalla algunas de ellas. También señala que las personas tienen derechos adicionales que no están detallados.

La mayoría de los derechos identificados en la Constitución son derechos negativos, protecciones que identifican cosas que el gobierno no puede hacerles a las personas, como limitar la libertad de expresión o tomar propiedad privada sin compensación. Solo unos pocos son derechos positivos, incluidos los más básicos, como la promesa del uso de la autoridad del gobierno para hacer cumplir los contratos y la garantía de que se reembolsará la deuda del gobierno. Cuando hablamos de nuestros derechos constitucionales, lo más probable es que se relacionen con los derechos negativos, las protecciones de nuestras libertades, que están detallados.

La Primera Enmienda enumera cinco libertades básicas: libertad de religión, de expresión, de prensa, libertad para reunirse pacíficamente y el derecho de solicitar al gobierno la reparación de injusticias. Todos reconocemos que estas son las libertades más básicas que deben garantizarse en cualquier sociedad justa y abierta. Cuando observamos las noticias internacionales, todos nos preocupamos de que las personas se vean privadas del derecho a la libertad religiosa, o el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a solicitar a su gobierno que adopte nuevas políticas. Entendemos que estas libertades son las que el gobierno no debería poder quitar: pertenecen intrínsecamente a cada uno de nosotros.

¿Estamos protegiendo adecuadamente estos derechos, o hemos llegado a aceptar que el gobierno limite la libertad de expresión, o la capacidad de las personas para solicitar la modificación de las políticas? ¿Estamos protegiendo adecuadamente la capacidad de las personas para practicar su fe de acuerdo con sus creencias?

En los últimos años, muchos cristianos, y miembros de otros credos, han llegado a creer que su derecho a la adoración, como lo eligen, ha sido injustamente limitado. Creen que el gobierno ha infringido sus derechos, en casos como el mandato de contracepción de Obamacare y otras áreas donde las leyes les han exigido que cumplan con mandatos que entran en conflicto con sus creencias profundamente establecidas.

Miremos las palabras de la Primera Enmienda, que establecen que el gobierno no puede establecer una religión, ni “prohibir el libre ejercicio de esta”. Con demasiada frecuencia, cuando las personas de fe miran las acciones y las reglas impuestas por el gobierno, creen que su derecho al “ejercicio libre” de su religión es violado.

Cuando las personas piensan en la protección de nuestros derechos, incluida la expresión religiosa –pero también otros–, a menudo piensan que es un deber de los tribunales, y en especial de la Corte Suprema. Pero en nuestro sistema constitucional incumbe a las tres ramas del gobierno hacer eso. La gente de hoy ha llegado a ver a la Corte Suprema como el juez último de nuestros derechos, pero ha habido numerosas decisiones que finalmente se consideraron errores graves. Con el tiempo, muchos han sido revocados. Cuando consideramos esto, podemos ver el valor de tener un sistema donde otras ramas del gobierno también están encargadas de proteger nuestras libertades constitucionales. Eso incluye a los funcionarios del gobierno encargados de implementar y hacer cumplir las leyes, y los legisladores, que tienen el deber de examinar cuidadosamente los proyectos de ley que se les presentan para garantizar que sus votos no contribuyan a violar los derechos básicos.

Por supuesto, también es un deber de la Corte, y cada juez tiene la misma responsabilidad: garantizar que el gobierno no invada las libertades básicas. Hemos respaldado al juez Brett Kavanaugh debido a su firme compromiso con este principio y al probado historial de respetar el estado de derecho y defender la Constitución. Kavanaugh ha demostrado que lo más probable es que interprete las leyes de nuestra nación como están escritas, en lugar de hacer política.

Como ciudadanos, debemos recordar que no siempre podemos confiar en que el gobierno haga lo que debería. Debemos informarnos sobre los problemas y compartir nuestros puntos de vista y prioridades con los funcionarios que elegimos para abordar esas prioridades. Eso significa que la protección de los derechos y las libertades básicas es también parcialmente nuestra responsabilidad, una que debemos recordar siempre que pensemos en los problemas y desafíos que enfrenta nuestra nación hoy en día.

Fuente: Univision