(Argentina) Ahora abogados Pro Vida pidieron información sobre implementación de la ESI

Con una nota presentada a Educación  buscan conocer cómo se aplica la Educación Sexual Integral, y cuestionaron al Consejo Federal de Educación, que con una Resolución, modificó esta ley, lo que por supremacía de leyes, sería ilegal. La polémica por el Artículo 5. 

Los abogados del grupo “Pro Vida”, Dra. Rosa Razuri y Carina Regemsburger, que presentaron en Santa Cruz un pedido de informes ante ANMAT, para reclamar la suspensión de la venta de Misoprostol (pastillas que interrumpen el embarazo y que se venderán en farmacias solo mediante  receta), ahora solicitaron al CPE, amparados la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, datos sobre la aplicación en Santa Cruz de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral ESI -aprobada en 2006- y sus correspondientes resoluciones.

La nota fue presentada en Caleta Olivia el pasado 27 de noviembre, y fue dirigida a la presidenta del COPE, María Cecilia Velázquez.

Sucede que este sector reclama contra de la modificación de la ESI -con despacho en el Congreso de la Nación- porque entienden que promueve la ideología de género, lo que “adoctrina” a los alumnos, sobretodo en nivel inicial y primario, en donde según se actualiza el lenguaje, con perspectiva de género, inclusiva y no discriminatoria, e incluye la ley del matrimonio igualitario, parto humanizado, prevención contra la trata y asistencia a víctimas, entre otros.

El grupo además reclama contra la modificación del Artículo 5 de la ESI, que señala que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Es decir, se modifica este artículo ya que así expresado implica que no todos los colegios, por ejemplo los católicos, puedan dictar esta currícula.

Los letrados además apuntaron a la Resolución N°340/18 del Consejo Federal de Educación que instruyó a implementar la “obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción”, bajo estos cinco ejes: 1) Cuidar el cuerpo y la salud; 2) Valorar la afectividad; 3) Garantizar la equidad de género; 4) Respetar la diversidad; 5)  Ejercer nuestros derechos.

Los abogados marcaron de acuerdo a la “supremacía de leyes”, la ley ESI, no puede ser modificada por una resolución.  También que hay una “vulneración a los derechos de los padres respecto a la educación de sus hijos”, porque se viola “la libertad religiosa entre otros tantos derechos”.

En tanto, marcaron que “se profundizaría la lesión al ahondar con sus disposiciones en temáticas que no son propias de una Educación Sexual con un enfoque biológico y científico, llevándolo arbitrariamente a un terreno de teorías y construcciones ideológicas, cuestionables desde sus consecuencias sociológicas y éticas, sin asidero en la comprobación científica pero que por sobre todo, pertenecen a ámbitos de decisiones que de ningún modo pueden ser presentadas a los niños y adolescentes como opciones posibles o inocuas”.

En esta línea señalan que los niños “en  su propio proceso de madurez no tienen las herramientas de discernimiento necesarias para la evaluación de las consecuencias nevosas para su salud e integridad todo lo cual no podemos soslayar bajo pena de poner el juego ni más ni menos que la niñez y con ella nuestro propio futuro”.

Fuente: Tiempo Sur