(México) ¡Más de 100 mil pesos!, el costo de la intolerancia religiosa

Habitantes de la huasteca hidalguense que predican el cristianismo han sido extorsionados o desterrados de su lugar de origen por sus creencias religiosas

Uriel sobrevivió cinco meses sin agua potable, aguantó ser privado de su libertad ilegalmente y pagó más de 65 mil pesos para poder permanecer en su lugar de origen: Cuamontax, una localidad perteneciente al municipio de HuazalingoHidalgo; tras ocho meses de hostigamiento y amenazas por parte de la comunidad católica de la Huasteca hidalguense, hoy vive con miedo de ser expulsado de su tierra, de que allanen su hogar sólo por no comulgar con la religión predominante en la región, por ser cristiano.

El caso de Uriel Badillo Lara se suma a las 300 personas que son discriminadas y extorsionadas por predicar el cristianismo en al menos 11 municipios ubicados en la región Huasteca de Hidalgo, de acuerdo con estimaciones de la Barra Nacional de Abogados Cristianos A.C., organismo que, a su vez, denunció a dos funcionarios del gobierno estatal que incitan a los habitantes de las comunidades a perseguir a los cristianos evangélicos.

El presidente de dicho organismo, Alfonso Farrera González, consideró que Hidalgo es uno de los estados con mayor índice de violencia e intolerancia religiosa en municipios como: HuazalingoTlanchinolJaltocanSan Felipe Orizatlán y Yahualica; esto, aun cuando existen tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Farrera González exigió la destitución de al menos dos funcionarios del gobierno de Hidalgo, el primero es José Antonio Vital Pérez, director de Conservación de la Subsecretaría de Gobierno en la Huasteca; así como Iván Huesca Licona, coordinador general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, personajes que –de acuerdo con el abogado- violentan e incitan la persecución de los cristianos.

EL COSTO DE NO PREDICAR EL CATOLICISMO

Los cristianos de la región Huasteca relatan que hay un personaje clave para entender los actos de discriminación que se cometen en su contra, su nombre es Emanuel Isaac Bermúdez García, quien se ostenta como abogado, ministro de culto y representante del gobierno estatal, este hombre ha defraudado con más de 126 mil pesos a los habitantes y solicitado a los cristianos los títulos de sus propiedades.

A Nemesio Cruz Hernández, habitante de Huejutla le quitaron le servicio de drenaje por no comulgar con las creencias católicas, mientras que a Enrique García Serna también vecino de este municipio lo expulsaron en 2009 de su lugar de origen y aunque después pudo regresar, el pasado 23 de junio del año en curso lo desconocieron los habitantes por no participar en las actividades católicas que organiza el pueblo.

Una situación similar le ocurrió a Uriel Badillo Lara quien desde el 8 de noviembre de 2018 fue privado de los servicios básicos, primero fue la luz, después le cortaron el agua potable y así vivió hasta el 7 de abril de 2019, durante cinco meses sin acceder a estos bienes.

Por ser cristiano lo privaron ilegalmente de su libertad durante más de tres horas, prohibieron la entrada de protestantes a su comunidad de origen, Cuamontax; además, rodearon su casa con alambre por lo que tuvo que pagar 12 mil pesos para retirar las púas de su morada.

Para intentar calmar las cosas con los habitantes, se contactó con Emanuel Isaac Bermúdez García quien lo extorsionó con 65 mil pesos.

Actualmente, está amenazado por los vecinos y ejidatarios quienes amagan con allanar su morada si no firma una minuta que contiene al menos seis puntos como: pagar 23 mil 550 pesos, de lo contrario le cortarán de nueva cuenta con los servicios y suspenderán del trabajo que realiza en sus parcelas.

EXIGEN DESTITUCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS ESTATALES

El presidente de la Barra de Abogados, Farrera González, realizó un llamado al gobernador Omar Fayad Meneses para que se investiguen y atiendan los casos por intolerancia religiosa y a su vez, destituya del cargo a los funcionarios estatales que la promueven.

La Barra otorgó un plazo de 10 días para que la administración estatal contesté los hechos, de lo contrario, interpondrán recursos legales como amparos por no responder la petición.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda “discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 12 indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

Fuente: La Silla Rota