(Cuba) Cuba viola el derecho a la libertad de religión y circulación

El gobierno de Cuba viola la libertad de religión y circulación ante los ojos del mundo. Una prueba más está en la prohibición de salida del país a una veintena de líderes y/o activistas religiosos sin una causa explícita.

La más reciente violación fue contra Josué Rodríguez Legrá, presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental, en Santiago de Cuba. Estaba invitado a un evento religioso en la Florida, pero en el aeropuerto le dijeron que no podía salir y que “él sabría por qué”.

La Convención Bautista de Cuba Oriental se sumó a una Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas que responde, según declaran, a una expresión de unidad entre cristianos. Pero el gobierno la asume como una amenaza.

Las prohibiciones de viajes al exterior son un castigo que imponen a opositores, periodistas independientes, activistas por los derechos humanos y a cuantos representen un pensamiento libre. Los líderes y activistas religiosos forman parte de este último grupo. Por eso, a más de 20 de ellos se les ha aplicado el término de “regulados”; una etiqueta que utilizan las autoridades para violar, en este caso, la libertad de circulación, derecho recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria.

La paranoia revivió con la muerte de Fidel Castro. Por solo citar algunos casos, podemos recordar que el gobierno detuvo a toda la congregación de la Iglesia Apostólica Emanuel, en Santiago de Cuba, destruyendo luego el edificio y confiscando sus propiedades. En prisión permanece un matrimonio de pastores por intentar educar a sus hijos de acuerdo con sus principios. Encarcelado permanece un abogado, periodista independiente y laico católico por intentar cubrir el juicio de dicho matrimonio. ¿Cuánto más tiene que hacer La Habana en contra de la libertad para que el mundo reaccione ante los abusos a que son sometidos los verdaderos representantes de la sociedad civil cubana?

Organizaciones como el Instituto Patmos y Christian Solidarity Worldwide (CSW) han documentado, entre julio y agosto de 2019, numerosos casos de detenciones arbitrarias, confiscación de bienes de la iglesia, hostigamiento, limitaciones de asistir a servicios religiosos, amenazas, difamaciones, cancelación de eventos y las mencionadas limitaciones de salida del país. CSW y otros observadores han identificado además a muchos cubanos que languidecen dentro de la vasta población carcelaria de Cuba, castigados por motivos políticos y/o religiosos.

Por más de 30 años, los informes anuales sobre libertad de religión o de creencias han mostrado a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU los atropellos a la libertad religiosa en países autoritarios como China o Irán, que colocan al estado por encima de los derechos y creencias individuales. Sin embargo, la represión enquistada, bien documentada y reportada que el gobierno cubano ejerce sobre iglesias, congregaciones, líderes religiosos y creyentes que defienden su libertad de conciencia ha conseguido pasar por alto. El 2019 debería marcar un nuevo rumbo.

En el último “Informe del Relator Especial sobre libertad de religión o creencias” de la ONU, se reconoce como el código penal de Cuba permite el encarcelamiento de aquellos cuyas creencias religiosas entren en conflicto con la ideología socialista en cuanto a la educación, el trabajo, la defensa y la reverencia a los símbolos. Desde nuestra labor en Cuba durante más de 25 años abogando por la libertad religiosa, nos alegra darles la bienvenida a estos “hallazgos” iniciales que constituyen una borrosa y aún incipiente instantánea de los atropellos castrenses a ciudadanos que tratan de ejercer su derecho a la libertad de religión y creencias.

Aunque el último informe sobre libertad de religión y creencias presentado a la CDH es un paso de avance hacia la sensibilización de la ONU, se necesita ampliar la revisión de los casos que documentan habitualmente los arriesgados defensores de los derechos religiosos en la isla y comprometer a las autoridades para eliminar la represión. El Relator Especial de las Naciones Unidas para Libertad de Religión o Creencia, Ahmed Shaheed, ha solicitado que el gobierno apruebe una visita oficial de investigación a la isla el próximo año. Esperamos que alcance a verla por dentro.

El gobierno cubano continúa con su vieja retórica de que todos los que atacan sus arbitrariedades y tratos severos son considerados nada menos que “contrarrevolucionarios”, un saco grande donde caben los practicantes de creencias que las autoridades desaprueban, o cualquiera que resuene en paralelo a su experimento político.

Es hora ya de que las Naciones Unidas empiecen a distinguir dónde termina la ficción y comienza la realidad de la represión en Cuba. Ignorar o atender a la ligera estos reclamos socavan la integridad de lo que debería ser el principal consejo de derechos humanos del mundo.

Fuente: El Nuevo Herald