(Israel) La identidad israelí, entre la exclusión y la inclusión

La discriminación del nacionalismo político y la intolerancia de la ultraortodoxia religiosa cuestionan el pluralismo y la cohesión de una sociedad en constante cambio

Para una mayoría de la población israelí, su principal conflicto ya no es su confrontación con el pueblo palestino. El debate en torno al proceso de paz sobre la solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, se encuentra en la actualidad relegado sino incluso también, puede ser, abandonado por una sociedad cada vez más partidaria de posturas nacionalistas.

Esta contrariedad, a la vez política, social e ideológica, trata el presente y el pasado como un juego de batalla de la memoria. Cada vez que disminuye el conflicto externo, el conflicto interno se convierte en protagonista y se percibe en Israel como una gran amenaza.

Sin embargo, el Israel moderno, como otras sociedades, se ha construido a través del conflicto.

Conflicto y convivencia, convivencia a través del conflicto: la comunidad israelí está familiarizada con esta dialéctica.

Una sociedad en permanente tensión y movimiento, con profundos debates ideológicos, y una singularidad irreductible, que contrariamente a una opinión muy extendida, no es muy cohesionada, salvo en la diversidad. Marcada en particular por la brutalización de sus relaciones sociales en torno a múltiples conflictos antagónicos internos: laicos frente religiosos; choque entre los bloques políticos derecha-izquierda; emigrantes viejos versus nuevos; recelo entre israelíes judíos y árabes israelíes; oposición de la aliyá (inmigración judía a Israel) a la diáspora; división entre askenazíes (procedentes de la Europa central y oriental), sefardíes (de origen español) y miz¬rajíes (originarios del mundo árabe y Oriente Medio); desconfianza de los árabes palestinos con los árabes no palestinos; y por último, un fenómeno actual sobre una actitud intolerante hacia los trabajadores extranjeros no judíos.

Conflicto religioso

Según una encuesta de la Universidad de Tel Aviv, en momentos de fuerte tensión interna, un 62% de los israelíes consideraban que la fractura entre laicos y religiosos era el peligro más grave para el futuro de la sociedad, contra un 18% que situaban en primer plano el conflicto político entre derecha e izquierda. Según otra investigación realizada dos años después, en diciembre del 2017, cerca de la mitad de los israelíes (47,2%) creían que el conflicto entre laicos y religiosos podía converger en una guerra civil. A este respecto, incluso Efraim Halevy, director del Mosad –el servicio de inteligencia de Israel–, entre los años 1998 y 2002, ha llegado a alertar que “el radicalismo de la ultraortodoxia [religiosa] representa una mayor amenaza existencial que el peligro de un Irán nuclear”.

En 2017, cerca de la mitad de los israelíes creían que el conflicto entre laicos y religiosos podía converger en una guerra civil

Aunque el conflicto entre laicos y religiosos en el judaísmo tiene su origen en el nacimiento del movimiento sionista a finales del siglo XIX, afecta al núcleo de la identidad de un Estado, Israel, que se autodefine “judío y democrático” (según las llamadas Leyes Básicas de 1992). Sobre ello está lejos un consenso generalizado y cada vez es más profunda la discordia entre los colectivos religioso y laico sobre lo que significa un Estado judío y democrático, dos exigencias difíciles de conciliar y que nadie sabe cómo equilibrar.

Desde entonces, muchos se han preguntado hasta qué punto la religión judía es compatible con el discurso de la democracia. Para el mundo secular, es necesaria la separación de la sinagoga y el Estado, de la Torá (libro sagrado judío) y la política, si se desea construir un Estado republicano y multicultural. Sólo esta disyuntiva permitirá inventar una identidad judía secular, es decir, separada de lo religioso. Esta es la opción defendida por el escritor Abraham B. Yehoshúa al lamentarse de que el sionismo no “trató de romper el nudo gordiano entre identidad nacional e identidad religiosa” (en su libro Israël: un examen moral, Calmam-Levy, París, 2005).

Los datos demográficos de los judíos ultraortodoxos (jaredíes), según la Oficina Central de Estadística de Israel, son realmente preocupantes. Si en 1952 apenas superaban los 30.000, a mediados de 2019 son más de 1.120.000. Su población se ha multiplicado casi 37 veces en un plazo de 67 años, cifras inauditas para el resto de países occidentales y tampoco conocidas para otros colectivos. Hoy representan un 12% de los habitantes de Israel (apenas superaban un 10% una década antes). Para el 2030, se prevé que la comunidad jaredí constituya un 16% de la población total, y las estimaciones más conservadoras disparan sus números para el 2065, al alcanzar ser un tercio de la población israelí (un 40% de la población judía del Estado). A este ritmo, gracias a una tasa de fecundidad que se sitúa en 6,9 hijos por mujer en comparación con los tan sólo 2,4 de las madres judías no jaredíes, la comunidad ultraortodoxa a mediados de siglo se convertirá en la minoría mayoritaria e incluso superará a la población árabe del país. Para muchos israelíes, en esencia, están tomando el Estado aplicando la ley de Malthus, pero en un contexto de crecimiento económico y baja mortalidad.

La ley religiosa se impone a toda la ciudadanía israelí, ya sea secular o no judía, en su conducta cotidiana: la Corte Rabínica tiene competencia absoluta sobre las bodas y el divorcio (no existen casamientos civiles, y las mujeres necesitan que sus maridos les faciliten los imprescindibles documentos religiosos para la anulación conyugal); mantienen el monopolio estatal de la concesión de la certificación kosher (alimentos que se consideran aptos –manipulados y preparados también– según las leyes dietéticas recogidas en la Torá); se les autoriza a regir sus disputas mediante sus propios tribunales religiosos; determinan cierto contenido en la enseñanza y a veces incluso la concesión de la nacionalidad (en el caso de las conversiones).

Se prevé que la comunidad ultraortodoxa constituya un tercio de la población israelí en 2065

Pero también hay otros asuntos que afectan directamente a la calidad de vida de los laicos: el cierre de toda actividad comercial y transporte público en sabbat (desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche), así como calles, barrios. E incluso los jaredíes también pretenden la segregación en autobuses y escuelas.

Claramente, la laicidad es una fortaleza asediada por el monopolio ultraortodoxo sobre la ley en Israel.

La financiación estatal a las yeshivás (escuelas rabínicas) se ha doblado, pasando de 125 millones de euros en el 2014 a 250 dos años después. Este notable incremento se debe a las presiones políticas de los partidos ultraortodoxos integrados en la coalición de Gobierno. Por esta misma razón en el verano del 2016 el gabinete de Beniamín Netanyahu aprueba unas modificaciones legislativas para dispensar a las escuelas ortodoxas de enseñar materias seculares como las matemáticas, las ciencias o el inglés, una medida que es considerada como muy preocupante por parte de una mayoría de los israelíes no practicantes porque inhabilita a los ultrarreligiosos a ganarse la vida en el futuro y continuar siendo una carga para el resto de la sociedad. Además, cuentan con cuantiosas ayudas sociales del Estado de bienestar por familia numerosa y por pobreza.

Los jaredíes, que se declaran antisionistas y rechazan Israel como nación, dicen: “vivimos en el Estado, aunque estamos en contra del Estado y desde luego repudiamos la autoridad del Estado”. Sin embargo, aceptan las ayudas económicas públicas –en torno a un 60% de los jaredíes viven en el umbral de pobreza– y participan en política para votar masivamente a sus partidos religiosos, convertidos en formaciones bisagras en el Parlamento israelí, para tener un desproporcionado poder político en relación a su masa social. Apenas pagan tributos y desde el nacimiento del Estado se les concedió el privilegio más polémico y discutido de todos: la exención de su incorporación al ejercito a través del servicio militar obligatorio si acreditan estar inscritos en una yeshivá.

En Israel es popular una ocurrencia que se dice cada vez con más frecuencia debido a la polarización extrema entre laicos y religiosos: “En Israel, un tercio de la población va al ejército, un tercio trabaja y un tercio paga impuestos. Y siempre es el mismo tercio”. Sacrificios para unos, subvenciones para otros.

Vista de la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, en el Monte del Templo, Jerusalén . (AHMAD GHARABLI / AFP)

A este respecto, un estudio editado por la Universidad de Tel Aviv y elaborado por Arnon Shoper, titulado La demografía de Israel 2010-2030: hacia un Estado religioso, asegura que el desequilibrio demográfico futuro debido al aumento de los religiosos ultraortodoxos y también de la población árabe representa una real amenaza existencial para la seguridad y para la democracia de Israel: cambio de estructura social; aumento de la pobreza y disminución del nivel de vida; mayor fisura económica entre los jaredíes y el resto de colectivos sociales; deterioro de las relaciones entre árabes y judíos; riesgo para la estabilidad política por el cambio de la composición de la Kneset; aumento de las cargas fiscales para la comunidad laica; imposición de una agenda religiosa a las prioridades del programa nacional; emigración de población secular al extranjero; etcétera.

Para el profesor Shoper, y para muchos ciudadanos, el peligro real para Israel es que, con el tiempo, vaya convirtiéndose cada vez más en un Estado religioso, cuasi teocrático, con la pérdida no sólo de su carácter democrático, sino también de sus motores económicos, como las nuevas tecnologías, y sus altos niveles formativos.

Conflicto político

Ni conflicto con los palestinos ni economía, la religión es el issue principal para movilizar el electorado de un país cuyo voto es cada vez más identitario y étnico, y menos de clase.

Tras constituirse en el detonante del bloqueo político que desencadenó la repetición de las elecciones –a causa de la ley de reclutamiento al servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos–, por dos veces en el año 2019, la religión se ha consolidado como el pilar fundamental en el escenario israelí.

Desde su nacimiento en 1948 y hasta 1977, la Administración pública ha estado sometida de manera hegemónica al Partido Laborista. A partir de esa fecha, se estructura en torno a dos polos partidistas dominantes: el laborismo de Avodah y el conservador Likud. Este falso bipartidismo se extenderá durante casi tres décadas hasta llegar al actual choque de bloques donde la distinción clásica entre derecha e izquierda se diluye frente al aumento del papel de la religión en el Estado.

Para muchos ciudadanos, Israel corre el riesgo de convertirse cada vez más en un Estado religioso, cuasi teocrático

La vida política israelí está dominada por dos grandes bloques políticos, casi idénticos en resultados, uno a la derecha –supeditado por la alianza ideológica entre los nacionalismos secular y religioso junto al mesianismo ultraortodoxo (Shas y Judaísmo Unido de la Torá)–, y el otro al centro izquierda –con nuevas formaciones laicas como Kajol Laván (Azul y Blanco) y Unión Democrática o reorganizadas como Avodah y Meretz que no han logrado recuperarse–, además de los escaños que obtiene la división de la Lista Conjunta de cuatro partidos árabes en dos coaliciones separadas, históricamente fuera de pactos de gobierno. A esa división de bloques, se une Nuestra Casa es Israel de Liberman –partido nacionalista secular de derechas– que tiene la llave del Gobierno al haberle funcionado su tacticismo electoral, más que estratégico, de convertirse en el baluarte de la laicidad contra la comunidad religiosa.

El sistema electoral de representación proporcional puro lleva a Israel a una permanente inestabilidad institucional, donde los gabinetes de coalición son la regla, y paraliza al Gobierno a causa de la fragilidad del régimen parlamentario, muy atomizado y con múltiples fracciones que representan los intereses de sectores muy distintos.

Conflicto étnico

En tres disputas diferentes: viejos emigrantes frente a nuevos (la dramática integración de los judíos etíopes); discriminación de los árabes israelíes; y exclusión de los trabajadores inmigrantes.

1.- Los judíos etíopes entre el racismo y la marginación social

Mientras la integración de los nativos de la antigua Unión Soviética –más de un millón– se puede considerar que ha sido finalmente exitosa, en el caso de los judíos etíopes (conocidos como Beta Israel y también como felashas) ha resultado un fracaso.

Los judíos etíopes de Israel en una manifestación en Jerusalén contra la brutalidad policial

Los judíos etíopes de Israel en una manifestación en Jerusalén contra la brutalidad policial (AFP / Thomas Coex)

Poco después de la creación del Estado de Israel, la autoridad religiosa les negó su anhelo de emigrar a la tierra prometida. Los Beta Israel, según el Gran Rabinato, no eran considerados judíos debido a que su práctica religiosa ignoraba el corpus de la tradición del judaísmo ortodoxo. Debieron pasar muchos años hasta que entre 1984 y el año 2004 pudieran emigrar la inmensa mayoría.

Más de treinta años después de su inicial aliyá, la vida de los felashas en Israel es dramática llegando incluso a acusar de racismo a la sociedad que les recibió. A finales del 2017, esta comunidad contaba con unas 149.000 personas, de las cuales un 40% había nacido en su nueva patria.

Para facilitar su incorporación se debieron aplicar disposiciones especiales como un proceso de conversión exprés para calmar las dudas acerca de su judaísmo. Sin embargo, este requisito provocó un considerable resentimiento entre los Beta Israel, que consideraban haber mantenido su religión de modo irreductible durante siglos. No comprendían que primero les concedieran la ciudadanía, gracias a la ley de Retorno (todo judío tiene derecho a emigrar a Israel y recibir la nacionalidad), y luego se recelase de que fueran hebreos realmente. Este problema todavía surge para los falashmouras (judíos etíopes convertidos por la fuerza al cristianismo), de los cuales unos 9.000 habrán podido inmigrar a Israel antes del 2020.

Pero además del rechazo religioso, los etíopes declaran haber sufrido unas duras condiciones de acogida que les han generado una notable conmoción, por razón opuesta: la confrontación con la modernidad. Pero también denuncian soportar una evidente segregación social por una gran parte de la sociedad al considerarles ciudadanos de segunda clase.

Esta situación produce una evidente frustración en la segunda generación de falashas que a menudo ha trasladado su malestar a la calle con la convocatoria de manifestaciones, algunas veces disueltas con una desproporcionada violencia policial, como la ocurrida en julio del 2019 en Tel Aviv –convocada para protestar por el asesinato de un joven etíope por parte de un policía en Haifa– con 150 personas heridas y más de 136 detenidas.

2.- Discriminación de los árabes israelíes.

La gran minoría árabe israelí se encuentra en una permanente dualidad, entre un proceso de integración interminable y la ruptura, al sentirse discriminados por completo por los sucesivos gobiernos de Israel: son excluidos del servicio militar obligatorio; tienen tasas de paro superiores; salarios bajos; menor acceso a la educación superior; esperanza de vida más reducida que la población judía; altos niveles de inseguridad y delincuencia; y un gasto insuficiente en infraestructuras, servicios sociales y vivienda.

La comunidad árabe israelí recibe una discriminación permanente en un proceso de integración interminable.

La comunidad árabe israelí recibe una discriminación permanente en un proceso de integración interminable. (Ana Jiménez)

Disfrutan de una casi igualdad formal –con derecho de voto–, pero los árabes israelíes son triplemente minoría en Israel: en el plano demográfico, en el ámbito religioso, ya sean musulmanes o cristianos, y también en el campo ideológico al ser antisionistas.

El conflicto se centra en la identidad nacional de los ciudadanos árabes. El establishment les exige una total fidelidad al Estado de Israel, que define como “Estado judío”. Pero esta fórmula ignora la existencia de una comunidad árabe de casi dos millones (un 21% de la población) y la reduce al estatus de minoría no judía. Para los ciudadanos árabes, Israel debe ser un Estado de todos los ciudadanos, definición que rechaza frontalmente el establishment, pues les acusa de ser más árabes palestinos que árabes israelíes por ser los que proponen la formación de un Estado binacional en el que deberían beneficiarse de unos derechos iguales que los ciudadanos hebreos.

En resumen, la sociedad judía todavía se siente incómoda con una gran minoría que, entre discriminación y progreso, modernidad y nacionalismo, tiende a convertirse en lo que todavía es difícil de concebir: la dimensión árabe de la identidad israelí.

3.- Exclusión de los trabajadores inmigrantes (no judíos)

Siendo Israel un país de emigrantes procedentes de más de cuarenta y dos nacionalidades distintas, desde hace unos quince años, sorprende un fenómeno sin precedentes: la numerosa llegada de trabajadores extranjeros no judíos y su difícil acomodación por la sociedad local. En número de trescientos mil aproximadamente, el Gobierno auspicia su ingreso, provenientes del sudeste asiático y los países del Este, para ocuparse de trabajos no cualificados y mal pagados (agricultura, construcción, servicio doméstico y cuidado de ancianos, principalmente), siendo estas algunas labores reservadas anteriormente a los palestinos. Sin embargo, su presencia –consecuencia del impasse israelí-palestino– genera el rechazo por parte de la comunidad jaredí y la discordia por parte de un amplio colectivo nacionalista, aunque por razones distintas. Lo que más inquieta a los guardianes de la pureza de la raza es su condición de no judíos, y alertan que tarde o temprano pudieran integrarse en el Estado, por matrimonio o naturalización.

Durante el 2014, la mitad de los israelíes laicos ha pensado en abandonar el país de manera definitiva, según datos gubernamentales de Israel

Paralelamente, existe otra realidad que se sustenta en la presencia de un numeroso colectivo de inmigrantes africanos –alrededor de setenta mil, eritreos y sudaneses en su mayoría– que ha entrado de forma clandestina y que malvive en la miseria en suburbios de algunas ciudades. Este escenario genera un nuevo conflicto, pues las autoridades israelíes rechazan un 99,9% de las solicitudes de asilo presentadas, lo que convierte a Israel en el país occidental que menos demandas en materia de protección y refugio concede. Algunos sectores de la población culpan al Gobierno de discriminación al considerar que estos extranjeros, que ya se encuentran en el país, podrían obtener permisos de residencia y trabajo para regularizar su situación ilegal, en lugar de que la Administración favorezca la importación de mano de obra desde fuera de sus fronteras. Para justificar su actuación las autoridades esgrimen consideraciones de seguridad urbana y la necesidad de preservar el carácter judío del país.

Conclusión

En todos estos conflictos se constata que la discriminación del exacerbado nacionalismo político y la intolerancia de la ultraortodoxia religiosa pueden cuestionar el pluralismo todavía mayoritario y la frágil cohesión de una sociedad de inmigrantes en constante mutación, compleja y muy diversa. Según datos gubernamentales de la Oficina Central de Estadística de Israel en el año 2014, un 50% de los israelíes laicos han pensado en abandonar el país de manera definitiva, y entre 700.000 y 750.000 israelíes –alrededor de un 10% de la población total– viven hoy en el extranjero, mientras que más de 180.000 judíos inmigrantes procedentes de las repúblicas exsoviéticas han regresado a sus naciones de origen.

Israel es un joven Estado democrático –con tan solo 71 años de historia– entre la construcción y la dislocación, y con una identidad entre la inclusión y la exclusión. No existe un único Israel. Más bien se trata de una ensalada de frutas variadas.

Fuente: La Vanguardia