(Nicaragua) Los obispos nicaragüenses protestan por la expulsión del gobierno de los sacerdotes nacidos en el extranjero

Los obispos nicaragüenses están pidiendo oraciones por la paz después de la última salva del régimen en su guerra contra la Iglesia Católica.

El gobierno de Daniel Ortega está cancelando las visas de los sacerdotes extranjeros y cerrando los centros de formación de la Iglesia.

“Al padre Luis Carrillo, de origen colombiano, que actualmente es párroco de la parroquia de San Judas Tadeo, perteneciente a la Diócesis de Estelí, se le retiró el permiso de residencia en Nicaragua”, se lee en un comunicado publicado el lunes en la página diocesana de Facebook. No es más que uno de los 10 sacerdotes extranjeros de la ciudad norteña, la tercera más grande del país.

El comunicado dice que el sacerdote sale “con la cabeza en alto, por la puerta principal de lo que fue su parroquia, sin más inconvenientes que anunciar el Evangelio de la verdad y denunciar las injusticias”.

La foto que acompaña al post muestra a Carillo con una mascarilla, lo que puede verse como una muestra de desafío en Nicaragua, donde el gobierno ha minimizado la amenaza que representa la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Se va sonriendo y con los ojos siempre puestos en Dios y en nuestra Santa Madre”, dice la declaración de Facebook.

Fuentes de la Conferencia Episcopal han confirmado a Crux que la situación de Carrillo no es única: Varios otros sacerdotes, algunos de los cuales han estado trabajando en Nicaragua durante décadas, se enfrentan a la deportación. Otros reciben visitas “regulares” de aliados del gobierno, que vigilan el contenido de las homilías por su contenido político e informan a las autoridades.

Aunque la relación entre la jerarquía católica y el gobierno de Ortega ha sido tensa desde hace mucho tiempo, empeoró después de que se iniciara un levantamiento civil en abril de 2018. La pandemia de COVID-19 empeoró las cosas, ya que los obispos tomaron la iniciativa de crear centros de aislamiento para las personas que dieran positivo en las pruebas del nuevo coronavirus; sin embargo, el gobierno los cerró, argumentando que no había pandemia, y que Dios protegería al país de la enfermedad si la hubiera.

El país centroamericano fue uno de los pocos que nunca cerró las escuelas o suspendió temporalmente las actividades no esenciales para tratar de detener la propagación de la pandemia. Hoy en día, el número de muertos sigue siendo desconocido, con una red nacional de médicos y voluntarios que dicen que han muerto miles de personas, frente a las 141 oficialmente contabilizadas por el gobierno.

El mes pasado, hubo un ataque incendiario contra la catedral de la capital Managua, pero desde entonces gran parte de la atención del gobierno se centró en la Diócesis de Estelí, dirigida por el obispo Abelardo Mata, secretario de la conferencia episcopal y crítico de Ortega desde hace mucho tiempo.

El domingo, la parroquia de Cristo Rey fue atacada y la ermita dedicada a Santo Domingo fue profanada. El lunes, la página diocesana de Facebook confirmó que el gobierno había cerrado el Instituto Técnico Agrícola, dirigido por la iglesia, que proporcionaba educación a docenas de jóvenes.

La decisión del gobierno de enviar sacerdotes – y obispos – al exilio no tiene precedentes en el país. En 1986, el gobierno sandinista dirigido por Ortega -que gobernó el país como una dictadura comunista de 1979 a 1990 antes de volver al poder en 2007- expulsó al obispo Pablo Antonio Vega Mantilla de Juigalpa, entonces presidente de la conferencia episcopal. Una semana antes, el gobierno había prohibido a un portavoz de la iglesia, Monseñor Bismarck Carballo, volver a entrar en el país después de un viaje a Miami.

Las protestas de 2018 contra Ortega estallaron después de que anunciara las reformas de la seguridad social que habrían reducido las prestaciones y continuaron incluso después de que el gobierno retirara la propuesta.

La Iglesia atrajo la ira del régimen abriendo las puertas de los edificios de la iglesia a los manifestantes después de que fueran disparados. El Papa Francisco pidió más tarde al obispo Silvio Báez, auxiliar de Managua, que abandonara el país: había recibido docenas de premios de muerte por su franqueza contra el régimen.

Varios obispos y sacerdotes han sobrevivido a los ataques de grupos paramilitares, y las iglesias parroquiales han sido a menudo blanco de ataques.

La jerarquía católica se ha negado a retroceder.

La declaración de Facebook de la Diócesis de Estelí señaló que “la Iglesia siempre ha visto pasar el ataúd de sus agresores”.

El domingo, el obispo Rolando Álvarez de Matagalpa instó a los políticos nicaragüenses y al resto de la sociedad a no caer en la confrontación y a respetar la integridad de los demás.

“Se necesitan -y existen- políticos con un alto perfil ético, que aborden los problemas sin ofender a los demás, sin ataques feroces, con propuestas claras, como hemos insistido en muchas ocasiones, que tengan la visión de una nación que deje de lado los vicios del pasado, que aprenda de los errores y que mire hacia el futuro”, dijo durante su misa dominical.

“Como dice la palabra de Dios, hay que recordar que no naciste para destruir sino para construir”, dijo Álvarez.

La conferencia episcopal pidió una semana de oración del 8 al 15 de septiembre, con intenciones diarias que incluyan la paz, la justicia, la reconciliación, la familia, la libertad y el fin de la pandemia COVID-19.

Fuente: Crux