(Venezuela) Líderes de la Iglesia venezolana condenan el ataque a una ONG que distribuye suministros médicos

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro está tratando de proyectar el tema de la “reconciliación” antes de las elecciones parlamentarias de Venezuela fijadas para diciembre, las fuerzas alineadas con él siguen causando estragos; en particular, apuntando a los esfuerzos caritativos destinados a ayudar a los pobres.

El lunes, las Fuerzas de Acciones Especiales, calificadas por la oposición como el “escuadrón de la muerte” del partido fundado por el difunto Hugo Chávez, atacaron a la ONG Acción Solidaria, que distribuía medicamentos gratuitos.

Las fuerzas secuestraron a seis de los trabajadores de la ONG, acusándolos de “vender medicamentos caducados”. Los seis empleados fueron detenidos durante varias horas sin poder ponerse en contacto con sus familias o sus abogados durante varias horas.

El martes, las personas fueron liberadas y sus materiales incautados regresaron, pero a partir del jueves, los voluntarios seguían tratando de poner las cosas en orden para poder abrir sus puertas una vez más en un país donde la gente debe llevar sus propias vendas al hospital.

Acción Solidaria ha estado trabajando en Venezuela por más de 25 años y ha servido a miles de personas – su prominencia significa que el caso obtuvo la atención de los medios de comunicación en la prensa de habla hispana, pero está lejos de ser un evento aislado.

En los medios de comunicación social, varias otras ONG han descrito varias historias similares, pero la falta de cobertura de la prensa significó que la resolución no siempre fue tan positiva.

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, junto con Cáritas Venezuela, emitió una declaración “rechazando firmemente la violación de los derechos humanos y la privación de libertad de los trabajadores humanitarios de la organización Acción Solidaria”.

Fue publicado el lunes, cuando los trabajadores de Acción Solidaria seguían desaparecidos, y fue firmado por el Cardenal Baltazar Porras Cardozo de Caracas, y Monseñor Roberto Luckbert León, el jefe de la comisión de Justicia y Paz.

En la carta, los prelados condenaron “el procedimiento poco transparente adoptado para registrar la sede de esta ONG”, y dijeron que las fuerzas pro-Maduro “limitan la libertad operativa de los trabajadores humanitarios en el país y los convierten en blanco de persecuciones y amenazas”.

También hacen un llamamiento al Estado para que “preserve la vida y la integridad física de la comunidad en todo el territorio nacional” y a las autoridades civiles para que “no criminalicen las actividades inspiradas en los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario y no golpeen los bienes destinados a mitigar las solicitudes de ayuda en materia de salud, alimentos, agua y otros servicios esenciales para la vida de más de 7 millones de personas vulnerables en el país”.

Maduro tomó el poder después de que Chávez muriera de cáncer en 2013, pero no ha logrado ganar la popularidad de su predecesor. Desde que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional del país en 2015, Maduro ha utilizado los tribunales para despojar al cuerpo de su poder legislativo.

Durante los últimos años, Venezuela ha estado en una profunda crisis económica, con una hiperinflación y un alto desempleo que ha llevado a millones de venezolanos a no poder poner comida en la mesa. Según el Banco Mundial, el 87% de la población de Venezuela vive por debajo de la línea de pobreza.

La pandemia de coronavirus ha empeorado mucho la situación.

Maduro ha convocado elecciones, pero la oposición ha sido ambivalente: No confían en que el proceso sea justo y transparente. Algunos han llamado a boicotear las elecciones, pero otros temen que el gobierno siga adelante y que si la oposición no participa, pierdan la mayoría en la Asamblea Nacional.

Desde hace varios años, los obispos de Venezuela, con el respaldo del Vaticano, han pedido al régimen de Maduro que abra corredores humanitarios para que la ayuda internacional pueda ser distribuida.

Sin embargo, el presidente se niega a reconocer que hay una crisis, y sólo permite que la ayuda provenga de Rusia, China, Cuba, Irán y un puñado de otros países.

Según las Naciones Unidas, 4,5 millones de venezolanos han huido del país, un estimado del 12 por ciento de la población.

CARE, una ONG mundial, publicó un informe a finales de 2019 en el que se afirma que miles de niños corren el riesgo de morir de desnutrición y que la gente contrae enfermedades anteriormente erradicadas como el sarampión.

“Las mujeres y las niñas están sufriendo de manera desproporcionada en Venezuela”, continúa el informe.

“El tráfico de mujeres para el sexo y el trabajo forzado está aumentando en toda la región. La espiral de pobreza, tanto para los venezolanos dentro del país como para los que huyen dentro de la región, ha obligado a muchas mujeres al trabajo sexual. Los adolescentes que buscan refugio en las iglesias de la capital de Caracas han contado historias de cómo sus padres fueron forzados a enviarlos a ser trabajadores sexuales para mantener a la familia”.

La Iglesia Católica ha desempeñado un papel fundamental en la prestación de ayuda humanitaria, y los obispos incluso llenan su equipaje con medicamentos y otros suministros necesarios cuando regresan de sus viajes al extranjero.

Miembros de Caritas Venezuela dijeron a Crux que los esfuerzos de la Iglesia no son suficientes para satisfacer la necesidad, y que redadas como la que experimentó Acción Solidaria les hacen temer lo que está por venir.

Fuente: Crux