Estimados legisladores y servidores públicos; líderes de Iglesias y grupos religiosos; académicos, tanto nacionales como internacionales; y organizadores de este importante encuentro,

Estimados Todos:

Todos tenemos el derecho a plantearnos las preguntas fundamentales acerca de quiénes somos, cuál es nuestro origen y nuestro fin, y cuál es el significado último de nuestra vida. Todos tenemos derecho a la búsqueda de respuestas a estas preguntas y, una vez encontradas, a conformar a ellas nuestra conducta individual y colectiva, privada y pública, sin más límites que los derechos de terceros y el bien común. Todos tenemos el derecho humano a la libertad religiosa.

La libertad religiosa es multidimensional y no se reduce a la libertad de cultos. Su ejercicio requiere el respeto del fuero interno y externo de las personas, así como sus manifestaciones individuales y colectivas, públicas y privadas. Estas dimensiones incluyen la libertad de conciencia en materia religiosa; la libertad de culto, ya mencionada; la libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas; el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia o grupo religioso; el derecho a la educación religiosa, de los hijos, en primer lugar, pero también de la sociedad en su conjunto; el derecho a la asociación religiosa; y el derecho a la objeción de conciencia. Como nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad religiosa “incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar [la] religión o […] creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es una implicación necesaria, un requerimiento, de la libertad humana y del sentido religioso. La capacidad de autodeterminación y la “tensión estructural de toda la persona […] hacia el significado último y definitivo para la vida” hace de la libertad religiosa un garante de importancia central para todos, ya que “custodia el núcleo más profundo y radical de cada ser humano” que es donde se buscan, y encuentran, las respuestas fundamentales para la vida. La conciencia es “el núcleo más secreto y sagrario del hombre”, el lugar donde se plantean las preguntas que dan sentido a la vida individual y comunitaria relacionadas con nuestro origen, el significado último de lo que realizamos, nuestra visión del mundo, y nuestro legado y fin.

Dada la importancia antropológica de estas cuestiones, es indispensable que la búsqueda de sus respuestas se realice en un entorno libre de coacción o de violencia de todo tipo. Estados y gobiernos; sociedades y mercados; instituciones formales e informales; actores individuales y comunitarios deben fomentar que las diferentes creencias que fundan el pensar, decir y actuar de las personas sean aceptadas y propuestas solamente “por la fuerza de la misma verdad”, por la evidencia que se propone a cada persona. Todos tenemos el derecho a la búsqueda de la verdad que moldea nuestra identidad individual y colectiva, así como nuestras interacciones con los demás, sin más límite que los ya mencionados. Es aquí donde se juega lo que es “más profundamente humano”. De esta manera, la libertad religiosa puede verse como un “parámetro de los demás derechos fundamentales”.

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión protege con el mismo alcance e intensidad al creyente y al no creyente; al ateo y al agnóstico; al practicante y al no practicante. La libertad religiosa “no prejuzga la verdad o el error en materia religiosa, sino que protege la legítima búsqueda personal en estas materias, aun cuando ésta no tenga una conclusión teísta o asociada con alguna religión en particular”. La libertad religiosa se encuentra en el corazón mismo del planteamiento de la modernidad, ya que está relacionada con la pluralidad propia de las sociedades democráticas, lo que nos enfrenta al reto de la inclusión de todos de una manera constructiva y sustentable. En este sentido, la laicidad del Estado es un requerimiento del ejercicio de la libertad religiosa. El Estado no debe preferir determinada religión, creencia o cosmovisión en detrimento de las demás pero, al mismo tiempo, debe reconocer sus aportes a la producción de bienes públicos. En una sociedad democrática, laicidad y libertad religiosa son complementarias e igualmente necesarias.

En el fondo, la libertad religiosa descansa en la vida de la sociedad civil y en su riqueza cultural. En el corazón de las posibles mejoras en la materia se encuentra el giro social hacia nuevas maneras de participación de actores e instituciones públicas y privadas, en las que no solamente se permita sino, de hecho, se fomente la participación de lo religioso en los debates públicos sobre asuntos que nos atañen a todos. Actualmente, nuestra cultura y prácticas laicistas excluyen muchas creencias por calificarlas de “dogmas”, cuando la naturaleza propia de las democracias es la inclusión de todas y todos. Esto es particularmente importante, dado que cerca de una quinta parte de los mexicanos pertenece o ha pertenecido a una organización religiosa, siendo el tipo de Organización de la Sociedad Civil más abundante en el país. Tanto el gobierno como los mercados y la sociedad organizada deben reconocer el aporte que las distintas iglesias y grupos religiosos hacen al bien común, desde la pluralidad propia del entorno actual. En consecuencia, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México debería actualizarse, no solamente a la luz de la nueva redacción del artículo 24 constitucional, sino también en base al principio pro persona incluido en el artículo 1º de la misma constitución.

Sin embargo, como se mencionó, es en el ámbito de la sociedad civil que la libertad religiosa ofrece mayores áreas de oportunidad. Éstas se basan en la convicción de que las diferentes iglesias y grupos religiosos hacen un aporte indispensable e insustituible a la vida social del país y a la solución de sus problemáticas.

En tal sentido este encuentro es relevante para compartir experiencias, problemáticas y posibles soluciones entre los principales actores en la promoción de la libertad religiosa, como somos: las iglesias, las asociaciones religiosas y las autoridades públicas, para que todo redunde en beneficio de los hombres y las mujeres de nuestros pueblos que son los portadores primeros de este derecho humano fundamental.

Que Dios bendiga nuestros trabajos. Muchas gracias. 


Arzobispo Rogelio Cabrera López
Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano