Retos de la Libertad Religiosa en Iberoamérica

Tesis central: De manera recurrente, en el debate jurídico, general y de manera particular en la región iberoamericana, se cuestiona, si los motivos religiosos o de conciencia, justifican una excepción a exigencias normativas generales y aparentemente neutrales, con un balance poco favorable al derecho de libertad religiosa y de conciencia.

Presentación de casos

Perú:

La Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa (en adelante la Ley) publicada en “El Peruano” el 21 de diciembre de 2010. Cabe destacar que la Ley tuvo un primer Reglamento vigente sólo durante un lustro. El actual Reglamento data del 19 de julio de 2016.

Atendiendo al contenido del artículo 4 de la Ley que dice:

“La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas.

  Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece”.

Aquí el reconocimiento del derecho subjetivo queda vinculado a la existencia de una específica y comprobada prohibición, por parte de una entidad religiosa legalmente reconocida y admitida en el país, de la conducta exigida por la ley.  Cuidado por estar condicionado la O de C, a la obtención de personería jurídica como llaman ellos de la entidad religiosa. Poner algún caso.

El artículo 8º del Reglamento, concreta, para efectos del reconocimiento en sede legal, de la objeción de conciencia por razones religiosas. A nuestro parecer, los motivos religiosos son los únicos para invocar la objeción de conciencia. Por tanto, sólo se podría invocar el conflicto entre conciencia y ley, si el objetor sustenta su negativa en unas convicciones religiosas, avaladas por la entidad religiosa de su adscripción. Ciertamente, la condición impuesta en el Reglamento para que proceda la objeción de conciencia es la existencia de una prescripción religiosa incompatible con el mandato legal, al que, en principio, estaría obligado a cumplir el objetor. Sin embargo, no se trata de cualquier imperativo religioso, éste tiene que estar reconocido por una entidad religiosa.

Derivado de lo anterior pueden llegar a surgir algunos interrogantes ¿las convicciones morales no religiosas pueden invocarse para dejar de cumplir un mandato legal? ¿Cuál es el tratamiento para los objetores cuya pertenencia a un grupo no tenga el rango de entidad religiosa? ¿Pueden tener cabida las convicciones ideológicas y éticas? ¿Es compatible el cumplimiento de la ley donde la religión mayoritaria no presenta objeción, pero sí las tienen las minorías religiosas?

En un intento de respuesta a las cuestiones referidas, anotamos un argumento relevante. La Constitución no regula la objeción de conciencia de manera expresa. Sólo hay dos referencias, la primera en el artículo 2.3 —ya citado— al reconocer a toda persona “la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada”. La segunda en el artículo 14, al señalar que “la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias”. 

Lo anterior podría servir para fundamentar un posible reconocimiento constitucional del instituto. En todo caso, la omisión de la Constitución no es óbice para que el legislador admita, de modo peculiar, la objeción de conciencia en la Ley. Este reconocimiento, “encierra una contradicción in terminis”, al vincular su motivación no a razones de conciencia pura y simple, sino a doctrinas mantenidas institucionalmente por una confesión. Es decir, se trataría de una objeción religiosa más que de conciencia.

Ciertamente la ley pone en evidencia los riesgos en que incurre el legislador cuando trata de regular el contenido esencial del este derecho. No cabe duda de que la norma puede calificarse como restrictiva por dos importantes razones. De un lado, porque parece fundamentar la objeción de conciencia sólo en la religión, olvidando otras motivaciones importantes que pueden dar origen también a un conflicto de conciencia como son la ética, la ideología, etc.  Y de otro, porque parece condicionar la existencia de tales conflictos al refrendo de la entidad religiosa del imperativo moral o religioso ante el cumplimiento de una obligación jurídicamente exigible.

En sede judicial el TC peruano no ha desarrollado un criterio uniforme—de conformidad con la ley— para resolver los casos de objeción de conciencia. Así, por ejemplo, el TC negó el derecho a una objetora estudiante adventista de la Universidad Nacional de San Agustín a no ser examinada en sábado. Para ella y en su religión, el periodo entre la puesta de sol del viernes y la puesta de sol del sábado, está dedicado a la adoración a Dios, y no le es permitida realizar ninguna otra actividad, incluida exámenes. A continuación, una breve descripción de caso.

Se trataba de una demanda de amparo contra dicha Universidad, solicitando la designación de un día distinto al sábado para la presentación de las pruebas de admisión en los programas de un Centro Preuniversitario. En febrero de 2011, la recurrente se matriculó en el Concurso de Admisión del referido centro, como postulante a la Escuela Profesional de Medicina Humana, pagando 520.00 soles, en la creencia de que, como había ocurrido en otras ocasiones, las evaluaciones se harían en domingo. Al enterarse que los exámenes se harían los sábados, solicitó presentarlos en fecha distinta, solicitud que fue denegada bajo el argumento de que no sería medida su capacidad en igualdad con los demás concursantes, con el riesgo de pasarles a los demás las preguntas del examen. Por ello, dejó de asistir a clases. Posteriormente, se entera que el examen ordinario de ingreso se haría en domingo, solicitó la devolución del pago realizado al Centro Preuniversitario para hacer dicha prueba. La petición le fue denegada, porque se entendió que había usado por un mes la academia y no procedió su devolución A todas luces, el TC se encontró ante un supuesto de conflicto entre conciencia y ley. A pesar de ello, no lo trata así, pues en su razonamiento indica que: “revisada la doctrina precedente sobre la objeción de conciencia, este Tribunal concluye que los conflictos suscitados por exámenes programados en días que, según la religión de una persona, son de descanso semanal con abstención de cualquier actividad laboral o asimilada a ella, no sería en estricto casos de objeción de conciencia, pues carecerían del requisito del deber jurídico a objetar[…] ya que la persona no estaría obligada legalmente a rendir el examen en cuestión. De conformidad con la legislación peruana, un aspecto relevante del derecho de libertad religiosa, es la celebración de las propias festividades religiosas. Pero celebrar trasciende el acto de participar, por ejemplo, en el culto. Conlleva también el no laborar y nosotros agregaríamos la no asistencia a clases. Por tanto, en el ámbito escolar esta manifestación pasa por la colaboración de las autoridades educativas. Sin embargo, esta concurrencia encuentra una limitante: la no afectación del normal funcionamiento de las actividades escolares de la institución académica.

A pesar de lo anterior, el TC en el último párrafo de la sentencia, reconoció que en el fondo la alumna tenía razón, pues “[l]as entidades educativas estatales deben procurar convocar a sus exámenes de admisión en fechas que no entren en colisión con el día de descanso religioso de los concursantes. En la parte final de la sentencia se exhorta a la Universidad de San Agustín para no desatender—en un futuro— dichas gestiones.

En suma, la legislación peruana no es ajena a los conflictos entre conciencia y ley. Sobre esta base, el tratamiento a los casos de objeción por motivos religiosos pasa por el tamiz del TC. Por tanto, sus resoluciones en esta materia, nos ilustran acerca de los derroteros de este derecho en el país andino.

Ecuador:

Constitución de 20 de octubre de 2008

PREÁMBULO

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos,

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia,

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad,

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad,

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo,

Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos.

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás.

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos.

9. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.

10. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.

11. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

12. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.

13. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.

14. Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar.

La Asamblea Nacional de ese país apenas el mes pasado, iniciaba la discusión para la despenalización del aborto por 5 causales: violación, casos de estupro, inseminación no consentida, mal formación del feto e incesto.

    Hasta ahora los casos más sonados son las controversias por la negativa al servicio militar obligatorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  La petición 278-02. Xavier Alejandro León Vega vs Ecuador.

Chile:

La objeción de conciencia no se encuentra reconocida explícitamente en norma constitucional alguna. La doctrina chilena sostiene que puede extraerse del artículo 19. 6 de la Constitución (Betzabé Araya Peschke, La objeción de conciencia en el derecho positivo chileno, Santiago, Libromar,2017).

La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;

5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;

6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;

A fines del 2017 el Congreso de Chile aprobó la despenalización del aborto (Ley 21030) en tres causales:

1. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.

3. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

Artículo 119 ter. El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores.

La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución.

 Si el profesional que ha manifestado objeción de conciencia es requerido para interrumpir un embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

 En el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal del número 1) del inciso primero del artículo 119, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención.”

La discusión estuvo focalizada en la posibilidad de las clínicas con ideario de ejercer el derecho a la objeción de conciencia.

Por esta razón, en enero de 2018 el Gobierno chileno estableció un Protocolo para la manifestación de la objeción de conciencia ante casos de aborto, que exigía a los establecimientos para poder invocar la objeción de conciencia institucional permitida por la ley sancionada, que no estuvieran adscriptos al Sistema Nacional de Servicios de Salud a través de algún convenio (discriminación a las clínicas privadas con ideario).

En marzo de 2018, la nueva administración chilena eliminó este requisito, hecho que provocó que el 9 de mayo pasado la Contraloría General de la República de Chile emitiera un dictamen en el cual se declaraba ilegal esta supresión.

Así las cosas, el 29 de junio de 2018. El Ministerio de Salud reformó mediante Decreto N° 67 el Protocolo original

Se mantiene que la objeción de conciencia es personal y también podrá ser invocada por una institución (art. 1). Entre los objetores de conciencia a nivel personal se encuentran el médico cirujano requerido para practicar el aborto, así como el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Sin embargo, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida, “quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo, cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la misma intervención” (art. 2).

En cuanto a la objeción de conciencia institucional, el art. 14 del Protocolo establece que no podrán invocarla los establecimientos públicos de salud. Sí podrán hacerlo los privados, siempre y cuando no hubieren suscrito convenio alguno con el Ministerio de Salud que contemple prestaciones en el área de obstetricia y ginecología (art. 14). Así y todo, si la mujer se encuentre en riesgo vital, el establecimiento no podrá excusarse de realizar la práctica abortiva (art. 15).

El Poder Ejecutivo intenta, de esta manera, llegar a un acuerdo que permita a las instituciones de salud chilenas expresar y practicar las convicciones explicitadas en sus idearios.

Colombia:

Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia (Constitución de 1991)

A partir de la sentencia C-355 de 2006 LA Corte constitucional colombiana despenalizó el aborto con el eufemismo Interrupción voluntaria del embarazo:

• Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida.

• Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.

• Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.

Desde la expedición de la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional colombiana indicó que la objeción de conciencia solo podía ser ejercida por personas naturales y no por personas jurídicas o por el Estado (negaba la objeción de conciencia institucional) Una institución no puede utilizar la objeción de conciencia como política interna para negarse a practicar la Interrupción o aborto, ni obligar a su personal médico a declararse objetor de conciencia.

Ahora, las autoridades de las personas jurídicas pueden ser objetores de conciencia con base en el ideario ético de los fundadores, algo que no está del todo claro.

En la sentencia  T-209 de 2008 de la Corte Constitucional se puede evidenciar que en materia médica la objeción de conciencia es reconocida, pero sin que llegue a afectar los derechos de los pacientes, por ejemplo, en casos de eutanasia o de interrupción voluntaria del embarazo, bajo estas circunstancias la objeción de conciencia se reconoce solo a personas naturales y no a jurídicas.

La  Corte Constitucional empezó a usar el término derecho a la objeción de conciencia por primera vez en la sentencia T-388 de 2009, en dos ámbitos distintos. Por una parte, frente a la obligación del servicio militar, y por otra, frente a la interrupción voluntaria del embarazo

En ningún caso la objeción de conciencia puede convertirse en excusa para negar la prestación del servicio. Si un médico decide no practicarte el aborto por esta razón, el médico objetor está obligado a remitirte a otro médico que sí la realice. Si es el único médico en el lugar que puede llevar a cabo la interrupción del embarazo, tiene la obligación de hacer el procedimiento con el fin de proteger el derecho al aborto. (La objeción de conciencia no es un derecho absoluto. Los profesionales de la salud deben atender las solicitudes de interrupción de embarazo en forma oportuna de conformidad con la sentencia C-355 de 2006 y es su obligación remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que pueda practicar dicho procedimiento).

Sentencia T 585 de 2010: “el reconocimiento de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) -en los tres casos despenalizados- como derecho fundamental protegido por la Constitución de 1991.

En la sentencia SU108 de 2016 la Corte insiste en reconocer a la objeción de conciencia como un derecho fundamental que debe ser reconocido sin que se exija la existencia de una norma jurídica que la regule, no obstante, que se hace necesario que el Congreso de la República legisle al respecto.

En definitiva la Corte Constitucional en más de trece sentencias se ha pronunciado para señalar que las mujeres tienen un verdadero derecho a interrumpir sus embarazos en los casos en los que el aborto fue despenalizado en Colombia, es decir, que pueden exigir del sistema de salud que les presten un servicio en condiciones dignas y seguras y sin discriminación.

La jurisprudencia posterior a 2006 en materia de aborto no sólo se ha mantenido en la misma línea sino que ha elaborado desarrollos y consecuencias. En concreto, se ha pasado por vía jurisprudencial de la despenalización del aborto en tres supuestos a la afirmación de que el aborto es un derecho fundamental.

México:

Comentar la reforma del artículo 24 constitucional.

El tema de la cláusula de conciencia de los médicos y enfermeras en la ley general de salud, así como la impugnación a través de la controversia constitucional presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra esa reforma legal.

Comentario conclusivo

La Objeción de conciencia no tiene bloques, es decir en la conciencia del objetor se rechaza un acto como el aborto y todo lo relacionado en este, sería contraproducente, por ejemplo, obligarlo a canalizar a la mujer con otro médico que no tenga objeción. Es decir, no mato pero tengo que mandar a otro a que lo mate, es un respeto a medias.

Flaco favor se le hace a la objeción de conciencia cuando se le condiciona. No es un respeto a medias. No hay que recortarla. Es necesario proteger la objeción también para inhibirse a tratamientos preparatorios y posteriores al acto objetado.

Repito no se puede garantizar la objeción a medias, es o no es. Si en la ley se plantea un reconocimiento a medias, no es una auténtica objeción.

La objeción de conciencia, más que un “límite del derecho” como algunos la consideran, es en realidad un baluarte de la justicia.

En el contexto iberoamericano, la objeción de conciencia está amenazada, con la leyes permisivas. Se dice que el aborto es un derecho de la mujer, como lo ha dicho la Corte Constitucional Colombiana. Entonces, no obligan a abortar a la mujer, pero sí a los médicos a proceder a realizar el aborto si la mujer lo exige, bajo la premisa de que si es un derecho, el médico no puede negar ese derecho”.

A los médicos objetores, les obligan para reconocerlos como tales, a inscribirse en un listado, con requisitos engorrosos, como sucede en Chile, y son expuestos a conocimiento de todos porque esos registros son públicos cuando las convicciones son íntimas y el Estado las obliga a estar en un listado. Y luego como todos se enteran que son objetores tiene dificultades para conseguir un puesto de trabajo, se les estigmatiza.

Lo mismo sucede con el personal sanitario (enfermeras, camilleros, etc). A todas luces al objetor como protagonista de la libertad de conciencia hay que llegar incluso a penalizarlo si se niega a hacer lo que se le pide. Entonces lo importante es hacer el aborto a cualquier costo.

Consenso, no justifica lo que moralmente es intolerable.

 


Dr. Alberto Patiño Reyes
Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa