Libertad religiosa en los albores del siglo XXI
(Caso México)

1 | Planteamiento de la cuestión

En este trabajo trataré de mostrar las principales modificaciones constitucionales que en 1992 se dieron para proteger el derecho de libertad religiosa. Lo que me interesa destacar es que a pesar de tales adiciones y modificaciones, éstas no han sido suficientes para el pleno reconocimiento de la libertad religiosa como derechos humano, más aún, estoy convencido de que la Constitución es violatoria del derecho de libertad religiosa si la comparamos con los diferentes documentos internacionales protectores de derechos humanos firmados por México.

Sin embargo, pienso que es precisamente la firma de estos documentos internacionales lo que hará pasar a México de un Estado anticlerical a un Estado garante en la protección de la libertad religiosa. Por tanto, creo que hoy ya no es dable seguir sosteniendo este anticlericalismo, sino dar paso a una nueva cultura comprometida con la libertad religiosa como derecho fundamental.

2 | La libertad religiosa en México después de 1992 y los documentos internacionales

2.1. Artículo 3º constitucional después de 1992

Este artículo sigue siendo aún limitativo, al menos por dos razones. En primer lugar, es clara la toma de postura e imposición expresa que el Estado asume al exigir la «laicidad» en la educación que imparte. Así, en su parte conducente señala: “I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica (…)”.

La imposición del criterio laico en la educación pública viola palmariamente el derecho de libertad religiosa, porque como hoy se acepta casi en forma unánime, el Estado ha de asumir una actitud de absoluta incompetencia ante el acto de fe cuando éste se expresa en alguna política pública como es la relativa a la enseñanza o educación pública.

Lo anterior va en contra de la libertad religiosa y de los documentos internacionales que la protegen. Sólo por mencionar uno, podemos referirnos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que establece en su artículo 18, numeral 2, que: “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”.

Hay, sin embargo, una segunda y más grave limitante en el artículo 3º constitucional en materia de educación y libertad religiosa, y es que tal y como se encuentra el precepto referido, éste practicamente instaura una estratificación social entre los mexicanos, dividiendolos entre mexicanos de primera clase y de segunda clase en el disfrute de sus derechos fundamentales.

Como sabemos, el actual artículo 3º en su fracción VI, no prohíbe a los particulares impartir educación en todos sus tipos y modalidades, y aunque especifica que tal prerrogativa deberá hacerse en los términos que establezca la ley (se refiere a la ley, no a la Constitución), nunca señala expresamente que tal educación haya de someterse al criterio de laicidad como en el caso de la escuela pública. Así, la educación impartida en los centros privados no tiene la limitante que sí tienen las escuelas públicas. ¿Cuál es la consecuencia lógica de dicho supuesto? La respuesta es ovia: que las escuelas privadas puedan libremente establecer en sus planes y programas de estudio la educación religiosa o moral que deseen, mientras que las públicas tendrán que someterse al criterio de laicismo que establece el artículo 3º constitucional.

Ahora bien, nada obstaculiza para que el ideario religioso o moral permitido en las escuelas privadas, pueda ser, por ejemplo, el que vaya de acuerdo con las convicciones de los padres o los tutores legales de los menores, como textualmente establece en su artículo 12.4 el Pacto de San José de Costa Rica: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Lo anterior plantea una cuestión especialmente relevante porque si los padres de familia mexicana cuentan con los recursos económicos suficientes para enviar a sus hijos a la escuela privada en la que enseñen sus convicciones religiosas o morales, entonces dichos padres verán plenamente cumplido su derecho de libertad religiosa establecido en los tratados internacionales, pero, si por el contrario, los progenitores o tutores no cuenta con dichos recursos económicos y no pueden más que enviar a sus hijos o pupilos a escuelas públicas (como sucede en la inmensa mayoría de las familias mexicanas), entonces verán disminuido el disfrute de su derecho fundamental al tener que asumir la imposición estatal de la  laicidad en la enseñanza que han de recibir sus hijos.

2.2. Artículo 5º constitucional después de 1992

El actual artículo 5º sigue siendo limitativo. En el texto original de la Constitución, el Estado estaba facultado para impedir la realización de un contrato o convenio que limitara la libertad de las personas si éstas decidían hacer votos religiosos. Hoy, el actual artículo 5º ya no señala expresamente los votos religiosos como causa de intervención estatal, pero emplea otra expresión que podríamos decir es la sucedánea de ésta, a saber, “por cualquier causa”.

A partir de esta nueva redacción se pensó que se permitía hacer votos religioso si se quisiera sin que el poder político interviniera, pero la verdad es que no es así, porque bajo la expresión “por cualquier causa”, se vuelve a introducir –ahora en forma implícita– dicha limitante, como acertadamente lo ha señalado Raúl González Schmal.

Al respecto, no hay que olvidar lo expresamente señalado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que en su inciso 1) claramente establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento conciencia y religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”. Y en su inciso 2) determina: “Nadie será objeto de medidas coercitivas que pueda menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección”.

2.3. Artículo 24º constitucional después de 1992

Una observación crítica a este artículo es la que se refiere al párrafo tercero, el cual señala que los actos religiosos de culto público han de celebrarse ordinariamente en los tempos, y los que se celebren de manera extraordinaria fuera de éstos quedarán sujetos a la ley reglamentaria. Esta ley es la de Asociaciones Religiosas y Culto Público que en su artículo 22 exige el aviso a las autoridades respectivas con quince días de anticipación y señalando lugar, hora, motivo. Pero la propia ley se reserva la posibilidad de prohibir dicha celebración por razones de seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad y el orden públicos y protección de derechos de terceros.

Evidentemente es importante dar aviso, en esto no hay problema, el problema radica en la amplia discrecionalidad que tiene la autoridad para prohibir la realización de dicho acto público. Esto porque en la ley las expresiones que emplea son tan vagas y genéricas que podrían abrir la puerta a la arbitrariedad pública.

Al respecto, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que ninguna persona podrá ser objeto de medidas coercitivas que tiendan a limitar dicha libertad en su titularidad y sobre todo en su ejercicio público.

2.4. Artículo 27 constitucional después de 1992

El artículo 27 constitucional fue modificado en sus fracciones II y III. En la primera se prohibía que tanto las asociaciones religiosas como la Iglesias tuvieran capacidad jurídica para adquirir, poseer o administrar bienes inmuebles. En el actual texto constitucional ya se reconoce la capacidad jurídica para que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar «exclusivamente» los bienes que sean indispensables para su objeto.

Algunos comentarios críticos se pueden hacer. La primera parte de la fracción II del artículo 27 establece como requisito indispensable que las iglesias y demás agrupaciones religiosas sólo tendrán personalidad jurídica y por tanto capacidad jurídica para adquirir o administrar bienes cuando se hayan constituido como AR, tal y como establece el artículo 130 constitucional. Esto es, de no constituirse como AR no se podrá tener personalidad jurídica para adquirir, poseer o administrar bienes.

La limitante es clara, esta es, la potestad del Estado en ser éste el que otorgue personalidad jurídica a las iglesias como Asociación Religiosa. La segunda salta a la vista inmediatamente también: las Iglesias y demás agrupaciones religiosas que no quisieran constituirse como AR, simplemente no tendrían personalidad jurídica, al menos para los efectos que marca la ley y que sólo corresponden a las AR. Pero hay algo más ¿desde qué criterios el gobierno considera cuáles son los bienes indispensables para que las AR puedan cumplir con su objeto?

La Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones de 1981, en su artículo 6º inciso a) señala: “De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá: a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y fundar y mantener lugares para esos fines”.

Como se observa hay una contradicción entre la fracción III del artículo 27 de la Constitución y lo señalado por el documento internacional, pues mientras la primera deja a la voluntad de la autoridad estatal determinar cuáles serán los bienes raíces indispensables para que las AR cumplan con su función y objetivo, el documento internacional reconoce que el pleno ejercicio de la libertad religiosa contempla la posibilidad de que para el mismo se puedan “fundar y mantener lugares para practicar el culto”, ¿cuántos? Los que haga falta.

2.5. Artículo 130 constitucional

El artículo 130 constitucional es especialmente limitativo en todos sus incisos. Así, por ejemplo la última parte del primer párrafo y la primera del segundo señalan: “… Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetará a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas …”.

Lo anterior resulta especialmente delicado cara a los derechos humanos porque en ningún documento internacional protector de estos se autoriza al poder político para intervenir directamente por vía de su legislación en materia de culto público; mucho menos en la constitución, organización o funcionamiento de las iglesias o agrupaciones religiosas como señala el precepto mexicano.

Una limitante más se establece en el inciso c) del artículo 130 constitucional que expresamente determina: “Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señala la ley”.

Esta parte de la Constitución plantea un problema importante porque si bien el texto de la Constitución no establece quiénes y cómo se adquiere el carácter de ministro de culto al interior de las AR, sí que determina quiénes podrán ejercer este ministerio, dejando a su potestad tal ejercicio.

El inciso d) del artículo 130 señala que: “En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho de votar pero no a ser votados”.

Pensemos por un momento en un ministro de culto que quisiera ocupar un cargo público sin dejar de ser ministro, ¿podría serlo?, por supuesto que no. Ante esta situación, la reflexión inmediata es conocer cuáles podrían ser las razones para justificar la limitación al derecho de poder acceder a un cargo público por el hecho de ser ministro de culto. Parece que desde cualquier documento internacional de derechos humanos dicha limitante no tendría ninguna razón de ser. Al respecto, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, en su artículo 12, numeral 2 establece lo siguiente: “Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”.

Veamos ahora el tema de la posibilidad de votar y ser votado. En este punto hay una clara violación a los derechos humanos de carácter político, porque si bien es cierto a los ministros de culto se les permite ahora votar (hasta 1992 no podían hacerlo), no podrán ser votados hasta que pase un determinado tiempo (cinco años) y hayan dejado de ser ministros de culto. Este es un asunto especialmente grave porque pareciera que es el transcurso del tiempo el hecho rehabilitante en la titularidad de los derechos humanos. Esto contradice a todas luces la más elemental noción de los derechos humanos, la cual nos ha enseñado desde siempre que la titularidad de estos derechos no depende de que transcurra tiempo alguno, tales derechos se poseen por el sólo hecho de ser persona no porque pasen cinco años.

Hay también una violación al derecho de libertad religiosa en el inciso e) del artículo 130 constitucional, pues en una de sus partes señala que los ministros de culto “…Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

En mi opinión, el que un ministro de culto critique las leyes del país que permiten el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre homosexuales, la fecundación asistida, etcétera, por considerar que dichas prácticas atentan gravemente su ideario religioso, no debería de ser objeto de restricción alguna dado que como claramente establecen los documento internacionales, tal persona –como cualquier otra–, sea o no ministro de culto, está ejerciendo la profesión y divulgación de su libertad religiosa a través de la defensa de su ideario religioso.

Dos últimos comentarios convendría hacer por lo que al artículo 130 constitucional se refiere y estos tratan sobre algunos aspectos de carácter civil que son violatorios de la libertad religiosa. El primero de ellos es la limitación para que los ministros de culto puedan heredar.  Dice la parte conducente que los ministros de culto: “serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado”.  Con esto la condición de ministro de culto vuelve a ser una limitante para poder ejercer uno de los derechos más importantes del derecho privado como el de poder heredar.

El segundo aspecto es el relativo al estado civil de las personas, el cual será de exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes.

Como se puede alcanzar a ver con relativa facilidad, a pesar del avance que representó el conjunto de modificaciones que 1992 se hicieron a la Constitución en materia de libertad religiosa, aún se observa un fuerte espíritu anticlerical, pero el mismo tendrá que irse superando en la medida en que se tenga un mayor conocimiento y compromiso con los diferentes documentos internacionales que México ha firmado, ¿se logrará esto?.

 


Dr. Javier Saldaña Serrano
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México