Informe del Departamento de Estado señala represión contra las iglesias y la politización oficialista de algunas actividades religiosas.
El Departamento de Estado de EE. UU incluyó este viernes en uno de los acápites del “Informe Internacional de Libertad Religiosa”, las violaciones en esta materia cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde abril de 2018.
El informe presentado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, este viernes, registra en uno de sus capítulos los principales ataques que han sufrido líderes de la iglesia Católica nicaragüense al mostrar apoyo a la ciudadanía que ha sido atacada desde el estallido de la crisis sociopolítica.
Junto a Pompeo, el embajador estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, dijo que en Nicaragua los líderes religiosos están constantemente bajo amenazas, intimidaciones y persecución.
El reporte menciona el ataque de 15 horas contra la iglesia de la Divina Misericordia, donde se refugiaban 200 personas, explica que el Gobierno calicó al clero de “terrorista y mente peligrosa”, menciona el ataque contra el padre Edwin Román en Masaya, a manos del mismo comisionado Ramón Avelán, las agresiones contra religiosos en la parroquia de San Sebastián en Diriamba, incluido el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, así como las amenazas al obispo Silvio Báez, entre otros casos.
ACTIVIDADES RELIGIOSAS POLITIZADAS
La documentación expuesta por el Departamento de Estado también refleja que los líderes religiosos han expuesto que el Gobierno de Nicaragua ha utilizado y celebrado manifestaciones religiosos con fines políticos que han causado molestia y descontento.
“Dijeron que si bien estas acciones gubernamentales habían ocurrido durante años, se habían vuelto más frecuentes y se habían desarrollado mensajes más sólidos en el contexto de la política nacional”, detalla el informe.
Un ejemplo citado por las autoridades religiosas y reportado por los medios de comunicación, fue la celebración católica de San Jerónimo en Masaya, un evento tradicional de una semana de duración que la iglesia se negó a celebrar por la crisis sociopolítica.
“El clero canceló las estas patronales tradicionales para respetar el luto de las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas y anunció que en su lugar marcaría la ocasión con una misa. Los funcionarios del gobierno municipal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con la policía local, ignoraron la decisión del clero local y celebraron un desfile con una réplica de la estatua del santo patrón original. Tocaron a gran volumen una mezcla de música religiosa y partidista fuera de la iglesia durante la misa”, describe el documento.
En otro caso, “un líder evangélico dijo que había solicitado al Gobierno que no participara en una celebración religiosa; sin embargo, a pesar de la solicitud, un funcionario del Gobierno acudió al evento y los medios estatales insistieron en que el líder religioso concediera una entrevista”.
Religiosos y congregaciones informaron sobre las barreras para su trabajo de voluntariado basado en la fe en las cárceles, restringiendo principalmente a los sacerdotes el acceso a los penales.
El informe detalla que “los medios oficiales, sin embargo, informaron que los presos asistían a celebraciones católicas y evangélicas protestantes. Varios líderes católicos dijeron que, a partir de julio, los guardias de las prisiones también negaron que el clero católico fuera considerado crítico con el acceso del Gobierno a los presos políticos varones, lo que les impide ofrecer sacramentos religiosos como la comunión y la confesión a los detenidos”.
CONTROL Y AHOGAMIENTO FINANCIERO
Según el informe, tanto líderes católicos como evangélicos informaron de represalias financieras contra críticos del FSLN.
El Gobierno proporcionó o retuvo exenciones de impuestos para iglesias individuales sobre la base de la afiliación política del liderazgo de cada denominación.
“El Gobierno también recortó las asignaciones presupuestarias nacionales para las iglesias católicas y protestantes evangélicas individuales, que representaron una reducción del 42%, pasando de US$1.3 millones a US$740,000, luego de las manifestaciones antigubernamentales”, describe el documento.
Agrega que “los funcionarios del Gobierno dijeron que los recortes eran parte de una disminución general del presupuesto, mientras que las investigaciones de los medios informaron revelan que la reducción de las asignaciones estaba dirigida específicamente a las iglesias que brindaban apoyo a los manifestantes heridos y en peligro”.
“Tanto los líderes católicos como los protestantes dijeron que había investigaciones de sus organizaciones por parte del organismo gubernamental contra el lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), principalmente por transacciones financieras que el Gobierno dijo que estaban vinculadas a las protestas”, se lee en el reporte de 10 páginas dedicadas a las violaciones hacia las entidades religiosas nicaragüenses.
OBLIGACIONES COMO ONG
El informe manifiesta que los líderes de iglesias no católicas dijeron que el uso del de la UAF por parte del Gobierno y otros mecanismos de represalia como las que se hacen a las ONG, algunas que incluso perdieron sus personerías jurídicas, “los hace particularmente vulnerables a las acciones gubernamentales”, particularmente porque a diferencia de los católicos, estas iglesias son controladas por el Ministerio de Gobernación y deben presentar informes periódicos.
El Departamento de Estado refleja que en Nicaragua algunas denominaciones religiosas deben contar con requisitos para obtener registros oficiales, similares a los de las organizaciones no gubernamentales (ONG), después de cumplir con requisitos de asociación deben ser aprobados por Gobernación.
Por otra parte, aunque la iglesia Católica no está obligada a registrarse, las organizaciones dedicadas a la caridad u otro trabajo social aliado a la iglesia Católica se deben registrar, también los religiosos o misioneros que desean evangelizar en el país deben, según el Gobierno de Nicaragua, “proporcionar información sobre la naturaleza de su trabajo misionero antes de que el Ministerio del Interior (Gobernación) autorice la entrada al país”.
Los representantes de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua se reunieron regularmente con líderes de una amplia variedad de grupos religiosos, entre ellos católicos y una diversa selección de grupos evangélicos protestantes, la Iglesia Luterana Morava, la Asociación Islámica de Nicaragua y la comunidad judía.
En estas reuniones, los representantes de la embajada discutieron las preocupaciones sobre la politización de la religión, las represalias gubernamentales contra los grupos religiosos activos, las limitaciones a la libertad de religión y la posibilidad de mantener grupos de trabajo interreligiosos para promover el respeto por la libertad religiosa, la diversidad y la tolerancia.
Según el Departamento de Estado, han tomado en cuenta las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó sobre «graves violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales en Nicaragua», además de agregar detalles de las revelaciones de Amnistía Internacional, donde describe que en octubre el Gobierno de Ortega había implementado una estrategia de represión.
El informe cita que “la Constitución prohíbe la discriminación basada en la religión; proporciona la libertad de creencia religión y adoración y declara que nadie «estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o sus creencias».
Fuente: El Nuevo Diario
