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(Nicaragua) La Iglesia condiciona diálogo a la libertad de presos políticos en Nicaragua

La Iglesia de Nicaragua y organizaciones civiles y de derechos humanos pidieron este domingo la liberación de cientos de presos políticos detenidos durante las protestas de los últimos meses en el país, antes de poder entablar un diálogo con el gobierno para salir de la crisis política.

El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, expresó la disposición de la Iglesia a participar en un diálogo, pero recalcó la necesidad de seguir abogando por que los detenidos obtengan «pronto» su libertad y por que «los medios de comunicación puedan desarrollar con todo el respeto y la objetividad» su labor.

Unas 700 personas, entre ellas estudiantes, campesinos y periodistas, están detenidas en condiciones precarias e insalubres en Nicaragua –según familiares y organismos humanitarios–, acusadas de golpistas y terroristas.

Brenes participó el sábado en un encuentro entre el gobierno y empresarios para buscar un «entendimiento» ante la grave crisis política y económica desatada por las protestas hace 10 meses, según un comunicado del gobierno.

«No fue diálogo, fue un encuentro que los empresarios querían tener con el señor presidente (Daniel Ortega) para expresar las inquietudes. Se escuchó y quedaron en tener otros encuentros para ir consolidando» las bases para dialogar, manifestó el arzobispo.

En la reunión no se trató el tema de los presos políticos ni el retorno de organismos internacionales de derechos humanos expulsadas por el gobierno, aclaró el cardenal. No hay fecha ni agenda para una futura cita, agregó.

El religioso, quien estuvo al frente de la mediación del diálogo que se interrumpió hace ocho meses, expresó que la Iglesia participará si las partes la invitan.

El comité pro libertad de presos políticos dijo que «el único diálogo» que apoya es el que tenga como punto de partida la «liberación inmediata» y «sin condición» de todos los detenidos y el cese del «acoso» y persecución de la población.

El presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), Mario Arana, valoró como «positivo» este encuentro si de este sale el diálogo. Consideró, además, como un motivo de «confianza» el hecho de que la Iglesia esté dispuesta a ser mediadora y testigo.

La Alianza Cívica, que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, respaldó la iniciativa y se declaró dispuesta a participar en un diálogo que saque al país de «la terrible crisis política y económica».

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) saludó a través de Twitter la reunión convocada por el gobierno.

«El cese de la represión, la liberación de los detenidos y el compromiso de justicia para las víctimas deben preceder cualquier diálogo participativo basado en sus obligaciones en materia de derechos humanos», expuso el organismos.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social. Tras una dura represión por parte del régimen, los manifestantes empezaron a pedir la marcha de Ortega, que lleva 12 años en el poder, al que acusan de corrupción y de instaurar una dictadura familiar, lo que él niega.

Fuente: La Prensa

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(Brasil) El Senado rescata la prohibición total del aborto

El debate sobre el aborto, que el año pasado dominó la agenda en Argentina, se ha trasladado a Brasil. Allí, el Senado ha vuelto a tomar en consideración, rescatándolo, un proyecto para enmendar la Constitución agregando que el derecho a la vida es desde la concepción.

Algunos proponentes aseguran que esto no tiene como objetivo dar marcha atrás con las excepciones en que el aborto ya ha sido decretado no punible (violación, riesgo de vida de la madre y anencefalia), pero los opositores creen que el objetivo final sea prohibir el aborto en cualquier circunstancia.

Ayer, el Senado brasileño desarchivó en su primera sesión deliberativa, una propuesta de enmienda de la Constitución que podría derivar, según sus críticos, en la prohibición total del aborto (incluso en los casos en que hoy es considerado no punible).

El senador Eduardo Girao, del partido Podemos, que respalda al presidente, Jair Bolsonaro, fue el impulsor de la iniciativa. Quienes defienden la propuesta afirman que los casos de aborto contemplados bajo la ley serán preservados, sin embargo otros senadores afirman que podría devenir en un retroceso y que echará por la borda las excepciones vigentes.

La enmienda, explica la agencia AnsaLatina, sería el sueño de los pro-vida brasileños porque pondría fin a las «interferencias» del Supremo Tribunal Federal, que en 2012 autorizó la suspensión del embarazo de fetos anencéfalos.

El aborto está despenalizado en tres causales

El aborto provocado en Brasil, es completamente ilegal según el Código Penal brasileño pero no punible si no hay otra forma de salvar la vida de la gestante, si el embarazo es producto de una violación o si el feto es portador de anencefalia (Código Penal).

En una votación simbólica, explica el diario Folha de S. Paulo, los senadores recuperaron un proyecto del año 2015, del pastor Magno Malta (exsenador por el Partido de la República), que alteraría el artículo 5º de la Constitución. Esto permite que el Senado vuelva a tratar el proyecto de enmienda Constitucional.

El texto actual de la Carta Magna dice que “todos son iguales ante la ley, sin distinción de naturaleza alguna, garantizando a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida”. La propuesta agregaría que este derecho está garantizado “desde la concepción”.

Solamente los senadores petistas Humberto Costa y Paulo Rocha votaron en contra de desarchivar el proyecto. “Volver en el tiempo, retroceder y tomar una decisión en la que haya la posibilidad de la prohibición definitiva del aborto, yo pienso que este proyecto no responde a lo que piensa la sociedad” dijo Costa.

Folha de S. Paulo explica que en la sesión del Senado, los senadores dejaron en claro que desarchivar el proyecto es una respuesta al Supremo Tribunal Fedeal (STF), que el 22/5 pretende juzgar una demanda que discute la posibilidad de aborto en los casos de gestantes infectadas por el virus del Zika. Adicionalmente, aún está siendo procesada en el STF una acción que pide la decriminalización del aborto inducido hasta la 12º semana de gestación.

Quienes defienden la propuesta aseguran que las excepciones en vigor no serán modificadas, inclusive aquellas que el STF todavía tiene por discutir. “Los excluyentes que están en el Código Penal serán respetados. El objetivo no es retroceder en los derechos ya adquiridos. El objetivo es evitar el activismo judicial”, dijo Girao, impulsor de la iniciativa.

Fuente: Actuall

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(EEUU) La ONU ayudó a aprobar la ley de aborto hasta el nacimiento de Nueva York

Según declaraciones de una corresponsal, la Organización de las Naciones Unidas participo en la polémica ley del estado de Nueva York que permite el aborto hasta el nacimiento.

Casi nadie se habrá dado cuenta de que las Naciones Unidas, al menos en parte, participaron en la polémica Ley del estado de Nueva York que codificó las decisiones de la Corte Suprema de los EE.UU. que permiten el aborto hasta el nacimiento. .

Melissa Upreti, una «corresponsal especial» conectada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU,  declaró en septiembre pasado ante el Comité de Mujeres del Consejo de la Ciudad de Nueva York en el que les dijo a los concejales que el derecho internacional exige legalizar el aborto hasta el nacimiento.

Upreti recordó a los concejales de la ciudad de Nueva York que el «Grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres en la Ley y en la práctica» envió una carta a los Estados Unidos «instando a la aprobación de la Ley de salud reproductiva».

Específicamente, Upreti le dijo al comité qué párrafos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) requieren que las mujeres tengan la mayor libertad posible para poder asesinar a sus fetos antes de nacer o que alguien más lo haga por ellas. El ICCPR es uno de los 2 tratados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido ratificado por los Estados Unidos.

Upreti argumentó que criminalizar el aborto constituye una discriminación basada en el sexo y, por lo tanto, viola el tratado. Además, ella afirma que el artículo del «derecho a la vida» en el tratado incluye el derecho al aborto.

Continuó afirmando que ciertos «mecanismos de derechos humanos», refiriéndose a los comités de la ONU, «han pasado a exigir la despenalización como una obligación inmediata» y el no hacerlo podría «constituir un trato cruel, inhumano o degradante». Estas son categorías dentro de «crímenes contra la humanidad», afirmó.

Sin embargo, las afirmaciones de Upreti no están respaldadas por los documentos que cita. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no menciona el aborto; ni menciona «salud reproductiva», la frase utilizada para promover el derecho al aborto.

Los Estados que conforman el tratado nunca han acordado que el «derecho a la vida» incluya el derecho al aborto. Esa idea fue promovida por un comité de expertos en su mayoría partidarios del aborto encargados de monitorear el cumplimiento del tratado. En los últimos años se han comprometido a reescribir el tratado.

Los activistas pro-vida estadounidenses aplaudieron a la administración de Trump por expandir la llamada Política de la Ciudad de México, que bloquea el financiamiento estadounidense de grupos en el extranjero que realizan o promueven el aborto. Estos activistas pro-vida parecen haber pasado por alto el hecho de que promover el aborto es parte integral de los negocios de la ONU. Ningún cuerpo de gobierno, incluidos los ayuntamientos, es demasiado pequeño para que lo presionen los «expertos» de la ONU.

Incluso ahora, los estados miembros de la ONU están negociando un nuevo tratado que podría llamar a las leyes de protección contra el aborto «crímenes de lesa humanidad», como sugirió Upreti al Consejo de la Ciudad de Nueva York en septiembre pasado.

La ley de Nueva York fue aprobada por la Legislatura del Estado y firmada como ley por el Gobernador Andrew Cuomo. Leyes similares han sido propuestas en otros estados. Es probable que los organismos de la ONU también estén interviniendo allí.

Fuente: InfoCatólica

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(México) Jóvenes por la vida exigen a gobernantes políticas contra el aborto

Los manifestantes, reunidos en la Plaza del Ángel, hicieron un llamado a la juventud chihuahuense a no tener miedo de manifestar su salvar las dos vidas

Fuente: El Heraldo de Chihuahua 

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(España) Derecho a la libertad religiosa y de culto

El derecho a la libertad religiosa y de culto de los reclusos está regulado y garantizado. La Ley Orgánica General Penitenciaria recoge, en su artículo 54, que «la Administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que dicha libertad pueda ejercitarse».

El Ministerio del Interior recuerda que «el centro penitenciario facilita los medios necesarios para garantizar su libertad religiosa y la comunicación con ministros de su confesión, siempre que ésta se encuentre debidamente registrada». Interior establece como ‘Prestaciones y servicios’, junto a apartados como ‘Alimentación’, ‘Higiene’ o ‘Atención sanitaria’, el capítulo ‘Asistencia religiosa’. Y es ahí donde desgrana todo lo relativo a la libertad religiosa y el respeto al culto, su desarrollo y acoplamiento al día a día de la vida penitenciaria.

Por lo que respecta a la religión católica, la diócesis riojana tiene una Pastoral Penitenciaria. El objetivo es «la evangelización de los internos (…) de forma que se contribuya a su crecimiento personal y comunitario fundado en la responsabilidad». Las líneas de actuación abarcan programas dentro y fuera de prisión. Además de la asistencia personalizada de los capellanes, un grupo de voluntarios colabora con la Pastoral. Así, en la cárcel desarrollan desde talleres y un amplio abanico de actividades hasta labores de asesoría jurídica. Fuera del recinto penitenciario los miembros de la Pastoral ayudan a los presos a buscar empleo y les asesoran, entre otras acciones.

Fuente: La Rioja

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(México) Violenta Erick Cisneros ´Derecho Humano de Libertad Religiosa´ señala Iglesia Católica

Criticas que presuntamente hizo el titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz Erick Cisneros Burgos a la Iglesia Católica son desafortunadas y violentan el derecho humano a la “libertad religiosa”, señala la Arquidiócesis de Xalapa a través de su vocero José Manuel Suazo Reyes.

“El comentario del secretario revela ignorancia y faltas graves de respeto a nuestra Iglesia, que jamás esperaríamos de un servidor público. La comunidad católica se siente agraviada porque en forma burda y sin ninguna necesidad, se exhibe el ministerio de los sacerdotes, acusándolos de revelar el sigilo sacramental y desacreditando su ministerio. Los valores son universales, ningún grupo ni asociación tiene la patente de los mismos. Agregamos que con este comportamiento se agrede el derecho humano de la Libertad Religiosa”, manifestó.

Lo anterior se deriva de un video donde el Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en un acto académico, donde también estuvo presente el Gobernador, hizo algunos comentarios muy desafortunados sobre la Iglesia Católica y sobre el ministerio de los sacerdotes.

El Secretario acusa a la Iglesia católica de apropiarse de algunos valores espirituales y de usar el sacramento de la confesión para las homilías dominicales.

“Esto es completamente falso”, afirma en el comunicado semanal donde destaca su postura tras lo expuesto por el funcionario estatal.

“La tarea del Secretario de Gobierno es mantener la gobernabilidad y favorecer una convivencia pacífica entre los diferentes actores. No abona en nada polarizar a la sociedad ni enfrentar a los diferentes actores sociales; la buena gobernanza se consigue mediante el respeto, el diálogo y la colaboración”, señala el vocero.

Afirma que la Iglesia Católica es institucional donde desde el ámbito de la fe tiene una vocación de servicio a los demás.

“Seguiremos colaborando con nuestras autoridades para promover el bien común y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dijo y reiteró que los fracasos de la administración estatal y las torpezas que han señalado en comunicados anteriores, son de dominio público y han creado ya una psicosis social que no se sabe quién la controlará, porque los ciudadanos no perciben una estrategia clara, proyectos de gran alcance ni eficiencia en los colaboradores gubernamentales.

Este es el comunicado de la Arquidiócesis de Xalapa:

A partir del viernes 15 de febrero de 2019, empezó a circular a través de las redes sociales, un video donde el Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en un acto académico, donde también estuvo presente el Gobernador, hizo algunos comentarios muy desafortunados sobre la Iglesia Católica y sobre el ministerio de los sacerdotes. El Secretario acusa a la Iglesia católica de apropiarse de algunos valores espirituales y de usar el sacramento de la confesión para las homilías dominicales. Esto es completamente falso.

La homilía dominical surge de la Palabra de Dios que se proclama en todo el mundo siguiendo el calendario litúrgico. Para un sacerdote es un delito grave revelar el secreto de confesión, se caería inmediatamente en la excomunión. El sigilo no se puede revelar, ni siquiera muerta la persona.

El comentario del secretario revela ignorancia y faltas graves de respeto a nuestra Iglesia, que jamás esperaríamos de un servidor público. La comunidad católica se siente agraviada porque en forma burda y sin ninguna necesidad, se exhibe el ministerio de los sacerdotes, acusándolos de revelar el sigilo sacramental y desacreditando su ministerio. Los valores son universales, ningún grupo ni asociación tiene la patente de los mismos. Agregamos que con este comportamiento se agrede el derecho humano de la Libertad Religiosa.

Los fracasos de la administración estatal y las torpezas a los que nos hemos referido en comunicados anteriores, son de dominio público y han creado ya una psicosis social que no se sabe quién la controlará, porque los ciudadanos no perciben una estrategia clara, proyectos de gran alcance ni eficiencia en los colaboradores gubernamentales.

TODOS TENEMOS EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD RELIGIOSA.

“La libertad religiosa es multidimensional. Su ejercicio requiere el respeto del fuero interno y externo de las personas, así como sus manifestaciones individuales y colectivas, públicas y privadas. Estas dimensiones incluyen la libertad de conciencia en materia religiosa; la libertad de culto, la libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas; el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia o grupo religioso; el derecho a la educación religiosa, de los hijos, en primer lugar, pero también de la sociedad en su conjunto; el derecho a la asociación religiosa; y el derecho a la objeción de conciencia”.

Mensaje del presidente del Episcopado Mexicano en el Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso, sobre Libertad Religiosa, del 15 de febrero de 2019.

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es una implicación necesaria, un requerimiento, de la libertad humana y del sentido religioso; protege con el mismo alcance e intensidad al creyente y al no creyente; al ateo y al agnóstico; al practicante y al no practicante. La libertad religiosa, señala también el Arzobispo de Monterrey “se encuentra en el corazón mismo del planteamiento de la modernidad, ya que está relacionada con la pluralidad propia de las sociedades democráticas, lo que nos enfrenta al reto de la inclusión de todos de una manera constructiva y sustentable”.

Desde este punto de vista, la laicidad del Estado es fundamental en el ejercicio de la libertad religiosa. El Estado no debe preferir determinada religión, creencia o cosmovisión en detrimento de las demás pero, al mismo tiempo, debe reconocer sus aportes a la producción de bienes públicos. En una sociedad democrática, laicidad y libertad religiosa son complementarias e igualmente necesarias.

Tanto el gobierno como la sociedad organizada deben reconocer el aporte que las distintas iglesias y grupos religiosos hacen al bien común, desde la pluralidad propia del entorno actual; las iglesias y grupos religiosos hacen un aporte indispensable e insustituible a la vida social del país y a la solución de sus problemáticas.

La tarea del Secretario de Gobierno es mantener la gobernabilidad y favorecer una convivencia pacífica entre los diferentes actores. No abona en nada polarizar a la sociedad ni enfrentar a los diferentes actores sociales; la buena gobernanza se consigue mediante el respeto, el diálogo y la colaboración.

La Iglesia Católica es institucional. Desde el ámbito de la fe tiene una vocación de servicio a los demás. Seguiremos colaborando con nuestras autoridades para promover el bien común y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Fuente: Los Editores

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(Perú) Presentan PL para que cristianos del sector público reciban asistencia religiosa

El proyecto de ley del congresista Moisés Guía busca beneficiar a los trabajadores públicos que profesan la religión cristiano evangélica para recibir acompañamiento pastoral

Cerca del mediodía del martes 12 se presentó el proyecto de ley 3907, propuesto por el congresista oficialista Moises Guía, proponiendo que se brinde asistencia religiosa para los trabajadores del sector público que profesan el cristianismo evangélico.

Como indica la iniciativa legislativa del parlamentario de Peruanos por el Kambio(PpK), se plantea este servicio religioso a través de capellanes –con la participación de ministros o agentes de esta creencia–, o mediante un acompañamiento pastoral. El PL fue derivado el jueves 14 a las comisiones de Descentralización y de Justicia.

Las acciones de asistencia son estipuladas como la “visita a enfermos, oraciones, celebraciones de actos de culto, asesoramiento en cuestiones religiosas y morales a los dolientes, sus familias y funcionarios de la institución”, sin realizar interferencias en el trabajo.

El servicio a los cristianos evangélicos, así como la entrega de biblias, será “de manera individual” y con la “aceptación explícita” del trabajador, según la propuesta de Moisés Guía. Además, en el caso de la capellanía, su labor sería sin remuneración.

Pese a que en los últimos años los cristianos evangélicos se han manifestado en rechazo, alguno rozando la intolerancia, respecto al matrimonio entre personas homosexuales, la despenalización del aborto y el enfoque de género en la currícula escolar, serían beneficiados si esta norma es aprobada.

En su exposición de motivos, el congresista señala que los evangélicos conforman el 15.72% de la población nacional. Además, recurre al artículo 2 de la Ley de Libertad Religiosa para que se establezca esta asistencia. No obstante, este punto señala la igualdad de condiciones y derechos para las diversas creencias, por lo que se estaría restando atención a las otras religiones.

Fuente: La República

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(México) Plantean en foro cambios o nueva ley de asociaciones religiosas

Funcionarios gubernamentales, integrantes del Episcopado y asociaciones civiles propusieron al Senado de la República modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público o elaborar una nueva, a fin de garantizar el ejercicio de la libertad en la materia.

En un comunicado, el Senado de la República detalló que el planteamiento se efectuó en el Foro interamericano de colaboración y diálogo interreligioso sobre libertad religiosa, en el que participaron legisladores, funcionarios públicos, líderes religiosos y representantes de asociaciones civiles.

Durante el encuentro, el director adjunto de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Jorge Lee, señaló que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público fue rebasada y se debe reformar, o incluso elaborar una nueva.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, arzobispo Rogelio Cabrera López, planteó a los senadores actualizar la ley mencionada, no solamente por la nueva redacción del Artículo 24 constitucional, sino también para incorporar el principio pro persona.

Mientras que la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, Lorena Ríos Cuéllar, aseguró que hoy están sobre la mesa los elementos clave para que la libertad religiosa salga adelante y sea una realidad.

A su vez, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reconoció que la libertad religiosa no ha tenido el mismo desarrollo en México que el resto de los derechos humanos.

Recordó que en marzo de 2012 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Artículo 24 constitucional, donde, de manera explícita y por primera vez, se reconoció la libertad de religión como un derecho humano, pero esto ha sido insuficiente.

En su turno, la subsecretaria para Asuntos Religiosos de Gobernación, Diana Álvarez Maury, señaló que la libertad religiosa, la igualdad, la inclusión social y la democracia participativa se consideran elementos fundamentales para edificar una convivencia sana en la cultura de paz.

“En este gobierno buscamos un nuevo enfoque y un replanteamiento de las relaciones con las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas”, aseguró.

Fuente: 20 Minutos

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(México) Pelea entre la Iglesia Católica y el secretario de Gobierno

Éric Patrocinio es ignorante, dice Arquidiócesis; Iglesia utiliza secreto de confesión, dice funcionario

Fuente: Diario de Xalapa

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(México) Senadores se pronuncian por garantizar libertad religiosa en México

Funcionarios públicos y líderes religiosos proponen modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público o crear una nueva.

En el Senado de la República se realizó el “Foro interamericano de colaboración y diálogo interreligioso sobre libertad religiosa”, donde senadores, funcionarios públicos, líderes religiosos y representantes de asociaciones civiles reflexionaron sobre la situación que enfrenta la libertad religiosa en México y en diversos países de Latinoamérica.

El debate versó sobre la necesidad de garantizar el ejercicio de dicho derecho, reconocido en la Constitución mexicana. Los participantes valoraron la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público o elaborar una nueva ley en la materia.

La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que mientras muchos de los derechos humanos han tenido un desarrollo acelerado y permanente, en México el derecho a la libertad religiosa se ha quedado al margen e incluso ha perdido visibilidad.

Dijo que se deben proponer iniciativas legislativas que ayuden a garantizar el ejercicio libre de la libertad religiosa en México, y que éste vaya acompañado de otros dos derechos de primera generación: la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia.

Recordó que el Congreso de la Unión, en marzo de 2012, aprobó una reforma al artículo 24 constitucional, donde, de manera explícita y por primera vez, se reconoció la libertad de religión como un derecho humano.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que se debe incorporar la enseñanza de conceptos como tolerancia y paz en la educación pública, para contribuir a construir un tejido social de paz.

En su turno, Diana Álvarez Maury, subsecretaria para Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la libertad religiosa, la igualdad, la inclusión social y la democracia participativa, se consideran elementos fundamentales para edificar una convivencia sana y segura dentro de la cultura de paz y legalidad.

“En este gobierno buscamos un nuevo enfoque y un replanteamiento de las relaciones con las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas. Debemos proponer y coordinar estrategias de colaboración con todos los grupos para dar seguimiento a mecanismos de consenso y acuerdos que ayuden a la cohesión social, a la prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social para una cultura de paz”, planteó.

Afirmó que la libertad religiosa es un derecho humano que el Estado debe garantizar. “Exhorto a todos para que el valor de libertad de creencia religiosa encuentre terreno fértil en nuestra sociedad”.

Jorge Lee, director adjunto de la Dirección de Asuntos Religiosos de Gobernación, dijo que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público está rebasada y debe ser reformada o, incluso, elaborar una nueva legislación.

En el mismo sentido, el arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, planteó a los senadores actualizar la ley mencionada, no solamente por la nueva redacción del artículo 24 constitucional, sino también para incorporar el principio pro persona, incluido en el capítulo primero de la Constitución.

Por su parte, Lorena Ríos Cuéllar, directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, aseguró que hoy están sobre la mesa los elementos clave para que la libertad religiosa salga adelante y sea una realidad.

Finalmente, Gregory Michel, académico de la Universidad de Burdeos, Francia, planteó trabajar todos juntos, no sólo para hablar de problemas, sino generar confianza a través del diálogo para entenderse unos con otros y así evitar las diferencias religiosas entre los creyentes del mundo.

“Con ello, podremos establecer relaciones duraderas y prácticas entre ciudadanos de un mismo país, para evitar las diferencias religiosas existentes, y de esa forma todos podremos convivir y salir adelante”, expuso.

Fuente: Senado de la República