María Milagros Charbonier defiende que la pieza legislativa que solo impacte a profesionales de la salud
Entre los deponentes de la vista de ayer se encontraba la doctora Silma Quiñones, presidenta de la Asociación de Piscología de Puerto Rico, quien en varias ocasiones le preguntó a Charbonier por qué se hacía una excepción en el caso de iglesias y los padres. La única prohibición legislada sobre la administración de las terapias aplicaría a profesionales de la salud.
Más de 30 0rganizaciones consignaron su oposición al proyecto el lunes, entre otras razones, porque no aplica a las iglesias ni a los padres. La Asociación de Psicología se unió a ese llamado ayer.
“No podemos afectar un derecho fundamental en el proceso”, dijo Charbonier al aludir también al concepto de patria potestad, facultad que reconoció luego, no es absoluta. “¿Tenemos el poder de trabajar con eso? Eso es su libertad de elegir, su conciencia espiritual es más profunda”, insistió la representante.
“¿Por qué hacer la excepción?”, insistió Quiñones.
“No es por excepción. Ahí está la libertad religiosa en la Constitución, la libertad de culto…”, contestó Charbonier.
En un aparte con la prensa, Charbonier insistió en su postura. “No podemos entrar en la libertad de conciencia que tiene una persona”, dijo. “No es posible”, agregó al argumentar que un consejo espiritual, por ejemplo, no puede interpretarse como una terapia de conversión, tal y como están definidas en la medida.
Quiñones estuvo acompañada en la vista pública por el doctor Caleb Esteban Reyes, coordinador dentro de la Asociación de Psicología del Comité de Diversidad de Género, Sexo y Orientación Sexual. Reyes compartió cómo fue sometido, sin el conocimiento de sus padres a los 15 años, a una de estas terapias en una iglesia que no quiso identificar.
Contó que una consejera espiritual le dijo que su conducta “no estaba bien, era pecado y esto es un demonio”. A partir de entonces, en otras visitas fue sometido a exorcismos y se invocaron “demonios” dentro de su persona.
La pieza legislativa dispone que, cualquier profesional dedicado a ofrecer servicios de salud que brinde terapias de conversión, se expondrá a medidas disciplinarias por la Junta Examinadora. Charbonier argumentó que la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores ya tipifica esa conducta como delito.
No se indica,en la medida, cómo un menor de edad radicaría una querella ante la citada Junta.
Charbonier rechazó una propuesta de Corally Veguilla Torres, directora de Asuntos Federales de la Administración de Familias y Niños, para que se enmiende la medida, a los fines de que cualquier profesional de la salud que reciba a los padres de un menor para solicitar una terapia de esta índole sean referidos al Departamento de la Familia por posible maltrato emocional.
“¿Cómo vamos a determinar maltrato emocional? No las puede hacer (las terapias) y punto. Al que habría que referir es al sicólogo si lo hace, no al padre o a la madre que busca ayuda”, respondió la legisladora.
“El padre tiene patria potestad y tiene todo el derecho de buscar ayuda para su hijo”, agregó.
A preguntas de la prensa, Charbonier indicó que no ve necesidad de aprobar la medida, entre otras razones, porque no se ha demostrado que el fenómeno que busca proscribir realmente exista.
El Senado celebrará vistas públicas de la medida el 14 y 15 de mayo.
Fuente: El Nuevo Día
© Derechos Reservados O2 Comunicaciones, Inc.