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La retirada ordenada por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, del proyecto sobre libertad religiosa, supone la cesión a las críticas y el haber escuchado a amplios sectores de la sociedad, encabezados por artistas tan conocidos como Ricky Martin, que consideraban el mismo discriminatorio.

A su vez, Rosselló ordenó ayer la retirada de otro proyecto sobre las denominadas terapias de conversión con las que se busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de los menores de edad en la isla.

El Proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del gobernador de Puerto Rico, e impulsado por la legisladora María Milagros Charbonier, definía la libertad religiosa como el derecho al ejercicio libre de la religión que incluye «tanto el derecho de actuar como el de abstenerse de actuar, de acuerdo a las creencias religiosas que se ostentan».

Además permitía, entre sus disposiciones, el «acomodo razonable» para que un funcionario pueda negarse a dar un servicio a cualquier ciudadano si considera que va en contra de sus creencias religiosas.

«En los últimos años, los países de Occidente han logrado avances significativos en la garantía de la igualdad de derechos para la comunidad LGBTT», indicó a continuación.

«Estos avances fueron amenazados recientemente en Puerto Rico, donde la Cámara de Representantes aprobó una legislación que puso en peligro el progreso logrado en la última década y se arriesgó a alimentar la división, los prejuicios y las tensiones entre las comunidades», escribió este viernes.

A su vez, detallaba que mediante el proyecto al otorgar a los empleados del gobierno el poder de actuar de acuerdo con sus convicciones religiosas, valores personales y principios, «esta legislación regresiva habría sancionado la práctica de discriminación institucional por parte de quienes se comprometieron»

«Afortunadamente, el llamado «Proyecto de Ley de Libertad Religiosa», que pisoteó los derechos constitucionales que protegen a los puertorriqueños contra todas las formas de discriminación, fue retirado ayer «en medio de la creciente oposición popular».

«Quiero agradecer a todos los activistas, defensores sociales, funcionarios electos y miembros de la sociedad civil que hicieron una campaña activa para derrotar este proyecto de ley», agregó.

Por su parte, indicó que como «orgulloso miembro de la comunidad LGBTT, también deseo reafirmar que nuestras personas LGBTT merecen el mismo nivel de dignidad que todos los demás. Nunca seremos cómplices de las políticas que alienan a nuestra comunidad y violan nuestros derechos».

Además el cantante, aseveró que la auténtica libertad religiosa tiene como objetivo «unir comunidades de diferentes orígenes. Si bien hemos sido testigos de cambios en la mayor parte del mundo que han llevado a una mayor visibilidad de las personas LGBTT, estos recientes eventos sirven como un recordatorio de que los logros positivos para la justicia social no son inmunes a las represalias».

Por último, advierte de que se debe estar «atentos a los asaltos a los derechos ganados con esfuerzo y beneficios sociales».

Martín se encuentra al frente de un grupo de artistas puertorriqueños o de origen puertorriqueño que han ejercido presión a través de sus redes sociales para mostrar su rechazo a la pieza legislativa aprobada este miércoles por la Cámara Baja y que fue retirada ayer.

Residente, Tommy Torres, Kany García, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Lin Manuel Miranda, son algunas de las voces que han mostrado su claro apoyo a las opiniones de Martín y han expresado su propia oposición a la medida.

El gobernador explicó ayer que la medida había sido retirada «ya que en lugar de lograr un consenso sobre una base de mutuo respeto, provoca la división de nuestro pueblo».

«Ambos proyectos partían de la premisa de lograr un consenso para que el mismo fuese considerado. Mi intención siempre ha sido promover el mutuo respeto entre los diferentes sectores de nuestra sociedad. Es por esto que siempre expresé que firmaría ambos proyectos o ninguno», subrayó.

«El respeto a la dignidad del ser humano y la protección de los derechos que les asisten a todos los ciudadanos es una responsabilidad que asumo como gobernador», manifestó.

Previamente en un comunicado, su esposa, Beatriz, advertía que discriminar a una persona por su creencia de fe «no va de la mano con la política pública» del Gobierno actual y que «como toda sociedad democrática nos asiste la libertad de expresión».

Fuente: Hoy Los Angeles

El obispo de Arecibo, monseñor Daniel Fernández, lamentó este jueves la decisión gubernamental de retirar el proyecto de libertad religiosa y urgió a «que se proteja este derecho fundamental en Puerto Rico».

«Las amenazas a la libertad religiosa no son nuevas. Las diferentes administraciones a través de los años han puesto en entredicho la libertad religiosa en nuestro país, por ejemplo, con las pasadas políticas de educación sexual e ideología de género en las escuelas, donde la libertad religiosa de los maestros con convicciones religiosas se veía en entredicho, al ser obligados a enseñar a sus estudiantes conceptos ajenos a la materia para la cual fueron contratados y que abiertamente contradecían sus más profundas convicciones de fe», dijo en una carta.

El polémico Proyecto de la Cámara 2069 establecía, a grandes rasgos, unos acomodos razonables para que los empleados del gobierno no estén obligados a atender a ciertos ciudadanos si entienden que las creencias o conducta de estos chocan con sus convicciones religiosas.

Fernández añadió que en el año 2007, «nuestro periódico católico El Visitante reseñaba la historia de las enfermeras que por años habían ayudado a venir al mundo a los bebés en la sala de parto del hospital universitario en Centro Médico, quienes en ese año pretendían ser obligadas a asistir abortos, tras un nuevo protocolo de terminaciones de embrazo implantado en la institución».

Los ejemplos citados, agregó, demuestran «cómo en nuestro país, personas que no fueron contratadas para participar de actividades que atenten su libertad religiosa, luego de años de servicio en su empleo, pueden terminar siendo obligadas a actuar en contra de su fe de forma inesperada, y como consecuencia de ello, enfrentar el discrimen, amenazas y hasta la pérdida de su trabajo».

El prelado concluyó con una cita del Concilio Vaticano II: «la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos».

«Este derecho de la persona a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil», concluye la misma. 

La decisión de Rosselló se produjo luego de una ola de críticas al proyecto por parte de diversos grupos de derechos humanos, políticos y hasta de varias figuras del entretenimiento que han establecido que la medida abre la puerta a la discriminación.

Ricky Martin, Ednita Nazario, Kany García y René Pérez «Residente» son algunas de las figuras públicas que hicieron público su rechazo.  Igualmente, los senadores federales Bernie Sanders y Elizabeth Warren criticaron la medida.

Fuente: El Nuevo Día

La mayoría de legisladores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley PC2069, titulado «Guías para la Protección de la Libertad Religiosa», con el fin de proteger la libertad de los funcionarios estatales de forma que no puedan ser obligados a prestar servicios en contra de su consciencia. En su lugar, el estado debe lograr un «acomodo razonable» en el cual los ciudadanos sean atendidos por otros funcionarios que no sean objetores.

«La Libertad Religiosa es un derecho fundamental de vital importancia para el desarrollo de una sociedad digna del hombre», reconoce el proyecto en su exposición de motivos. «Comprende no solo la profesión de un credo religioso sino también el poder actuar conforme a esos valores y principios, teniendo como límite intereses apremiantes del estado para la protección del bien común».

La Representante María Milagros Charbonier, quien presentó la iniciativa legal defendió la importancia de crear salvaguardas para proteger a los servidores públicos. «Los derechos inalienables (…) no se pueden vender ni intercambiar y le competen al individuo. Son derechos fundamentales que no pueden legítimamente ser negados a una persona», recordó la legisladora. «Ese derecho a la libertad religiosa es inalienable y no puede ser negado a ninguna persona».

La medida, criticada por sus opositores como una supuesta fuente de discriminación, había sido vetada por el Gobernador Ricardo Rosselló, pero el mandatario anunció su respaldo al avanzar los debates y escuchar los argumentos. «Nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos», manifestó el funcionario, según informó Telemundo. «Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de Gobierno es la libertad religiosa». El proyecto de ley será debatido por el Senado del estado.

Fuente: Gaudium Press

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este martes el proyecto de libertad religiosa, con el fin de fijar la política pública de la isla al respecto.

La medida fue presentada por la representante María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico, quien lideró su análisis y sometió un informe positivo sobre el mismo, que ha contado con la oposición de varias organizaciones en la isla.

Cincuenta organizaciones de derechos humanos, colegios profesionales, colectivos de trabajo, entidades religiosas y personas que luchan por la equidad en la isla rechazaron la medida aprobada.

«La Cámara de Representantes se ha convertido en un bastión del sector religioso más conservador del país y está dando la espalda a otras denominaciones y grupos humanistas que sí creen en la equidad y rechazan el discrimen que se promueve desde ambos proyectos», expresó Amárilis Pagán, una de las portavoces de CABE y directora Ejecutiva de Proyecto Matria, en un comunicado.

«Desde que se anunciaron los proyectos en abril pasado, el rechazo a los proyectos ha ido en aumento y hay un liderato diverso y valiente haciendo frente a quienes insisten en lograr un permiso gubernamental para discriminar», añadió.

por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano denunció, en un comunicado, la aprobación del proyecto que, dijo, «legalizaría el discrimen hacia las personas LGBTTIQ utilizando la religión como excusa».

«El Proyecto de la Cámara 2069, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, es un atentado contra la máxima de nuestra Constitución que establece que cada ser humano tiene que ser tratado igual», agregó.

La libertad de culto «ya está protegida por nuestra Carta Magna y no necesita esta legislación adicional. Este proyecto intenta legalizar el discrimen, la violencia y el odio en contra de la gente LGBTTIQ. Le corresponde ahora al Senado detener esta afrenta a nuestra humanidad compartida», aseveró Serrano.

El portavoz de la Puerto Rico Para Tod@s sentenció que la aprobación de un proyecto «tan nefasto es una vergüenza, descaro e hipocresía de marca mayor el mismo día que la administración de Rosselló busca alentar el turismo LGBTTIQ en nuestro país. No se puede invitar a la gente LGBTTIQ a visitar a nuestra patria si aquí el gobierno legaliza el discrimen en contra nuestra».

Charbonier, quien presentó la medida, indicó que obligar a una persona «a renegar de sus convicciones religiosas o pretender disfrazarlas, atenta contra su dignidad como ser humano. Nadie debe ser obligado a elegir entre servir y su fe. De lo que se trata es del acomodo razonable a la persona. La libertad religiosa es un derecho fundamental e inalienable del ser humano».

Mientras, el representante Luis Vega Ramos, opinó que «hoy están legislando para garantizar el derecho al odio. Todos y todas somos iguales ante la Ley, y eso quiere decir que no hay un derecho a odiar ni a actuar sobre ese odio».

Seguido, el representante Denis Márquez Lebrón, señaló que «puedo estar minutos aceptando el reto sobre argumento jurídico, pero creo que el argumento principal que se esboza sobre esto es la sensatez».

De igual modo, el representante Manuel Natal, quien argumentó que «el derecho es tanto a creer, como a no creer. Lo que no está en la Constitución de Puerto Rico ni en la Constitución de Estados Unidos, es utilizar la religión para discriminar contra otras personas».

Charbonier Laureano refutó los planteamientos en contra de la medida señalando que «empezamos por indicar que esta no es una ley discriminatoria. Esta es una ley que protege contra el discrimen. Aquí protegemos a todos y todas por igual. Lo más discriminatorio que hay es decir que este proyecto es discriminatorio. Al que se le niegan los derechos es al sector cristiano».

Por último, apuntó que el objetivo del proyecto es establecer las guías para la protección de la libertad religiosa y clarificar algunos principios de este concepto fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales aplicables a Puerto Rico.

El portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, Manuel Natal, opinó, por su parte, que la libertad religiosa «está garantizada en nuestra Constitución. Lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes no es un proyecto de libertad religiosa, sino un proyecto de libertad para discriminar».

Con los mismos argumentos que antes discriminaron contra los negros, hoy se pretende legalizar el discrimen contra las mujeres y personas LGBTTIQ», agregó.

Por su parte, Ana Irma Rivera, señaló que en el marco del mes del Orgullo, «debemos rechazar cualquier intento de permitir la discriminación y la negación de derechos a las personas de la comunidad LGBTTIQ. Este proyecto propicia la exclusión basada en los prejuicios y la discriminación contra ciertos sectores so color de creencias religiosas».

La medida pasa ahora la Senado.

Fuente: Hoy Los Angeles

La representante María Milagros Charbonier rindió un informe positivo sobre la medida

Fuente: El Nuevo Día

En momentos en que el Senado continúa con la discusión del proyecto de ley que fijaría la política pública sobre la libertad religiosa, la representante María Milagros Charbonier dijo que está lista para presentar hoy un informe recomendando la aprobación de la medida.

“Es la recopilación completa de la jurisprudencia sobre libertad religiosa y la legislación a nivel federal. Ahí no hay nada nuevo, extraordinario”, argumentó Charbonier al decir que está convencida de que el proyecto es constitucional.

Indicó que estaría integrándole a la medida unas enmiendas de estilo y no de contenido para “aclarar” su alcance. “Nadie va a dejar de recibir un servicio cuando lo vayan a solicitar ante el Estado”, sostuvo.

La senadora penepé Zoé Laboy, por su parte, indicó que hoy celebrará la última vista pública sobre la medida.

Reafirmó que presentar un informe positivo “no es opción”. “Pudiera ser un informe positivo con enmiendas o un sustitutivo”, anticipó.

Fuente: El Nuevo Día

En reconocimiento del Día Internacional en contra de la Homofobia, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS) reiteró ayer su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

“Como profesión que enmarca su ejercicio profesional en los principios de respeto a la dignidad de las personas, la diversidad, la justicia social, los derechos humanos, la equidad y la democracia, debemos enfatizar que ofrecer terapias reparativas no tiene ninguna justificación cuando reconocemos que las diversidades sexuales no constituyen ningún problema en la vida de las personas. Lo que constituye un problema son las manifestaciones de discrimen, prejuicio, rechazo de la familia y la sociedad que experimentan estas, en el interés de que cumplan con las normas heterosexistas impuestas por la sociedad. No hay justificación empírica para la utilización de estas terapias”, expresó la presidenta del colegio, la doctora Mabel López Ortiz.

Denunció que es el mismo Estado el que a través de órdenes ejecutivas y los proyectos de ley ha traído a la consideración determinar que las profesiones que trabajan con asuntos de salud emocional y mental no están autorizadas a realizar este tipo de intervención, avalando el impacto negativo que tienen las mismas en la vida de las personas.

Rechazo a las terapias de conversión

“Las terapias de conversión o reparativas tienen un impacto negativo en la vida de las personas, ya que en su interés de tratar de modificar lo que los profesionales no consideramos un problema, se enfoca en una mirada estigmatizadora de las diversidades. Entendemos que permitir que los grupos religiosos se apropien de procesos terapéuticos que las diversas profesiones regulan dentro de estándares rigurosos de la ética profesional es aumentar la desprofesionalización y la intromisión de personas no cualificadas a jugar con la estabilidad emocional, mental y social de las personas”, indicó López.

Sostuvo que es a través de proyectos como el de libertad religiosa que se pretende usurpar la responsabilidad del Estado de proteger a los ciudadanos y ciudadanas del discrimen y el odio de grupos con ideologías conservadoras y que no abonan a una sociedad justa y equitativa.

“Proyectos como el de libertad religiosa, lejos de garantizar las libertades civiles, proponen una jerarquía en la cual la libertad religiosa o de cultos esta por encima de otros derechos. Esto alienta el discrimen entre ciudadanos de una denominación sobre otra, o el discrimen por el no reconocimiento y respeto de la diversidad”, agregó.

Por último, López expresó que como profesionales del trabajo social, “hacemos un llamado a los líderes políticos del País a reconocer que fueron electos para proteger los derechos de todas las personas. Avalar este tipo de proyectos legislativos legitima el discrimen, el odio y la violación de derechos a las poblaciones más vulnerables del País”.

Fuente: El Vocero

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Zoé Laboy Alvarado dijo el martes, que es casi imposible que pueda bajar un informe positivo sobre el Proyecto sobre Libertad Religiosa.

“Eso es casi imposible”, dijo Laboy Alvarado cuando mencionó la posibilidad de que se rinda un informe positivo de esa medida, mientras enumeraba a periodistas las tres posibilidades del tipo de informe que rendirá la Comisión de Revitalización Social y Económica Del Senado de Puerto Rico, que ella preside.

La pieza legislativa fue remitida al alto cuerpo por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, quien luego de vetar la medida en dos ocasiones, por considerar que la misma cobijaba derechos establecidos ya constitucionalmente, en una movida sorpresa, envió este proyecto de ley a la Legislatura acompañado de otra medida sobre las terapias de conversión.

No obstante, la Senadora mantiene sobre la mesa alegaciones de discrimen que han rondado la medida desde sus inicios, cuando fue presentada por la representante del PNP, María Milagros Charbonier.

“Mi impresión es que este proyecto abre unas puertas innecesarias. Abre una puerta para que, empleados y empleadas públicas sientan el derecho de poder discriminar contra ciertas personas. Así que, a mí me preocupa, pero estoy abierta obviamente a aprender a través del proceso de las vistas y entonces, determinar qué vamos a hacer como comisión”, dijo la Senadora novoprogresista.

La medida busca establecer las “Guías para la Protección de la Libertad Religiosa”, a los fines de clarificar ciertos principios de libertad religiosa, fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales, aplicables a Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Fuente: NotiCel

NIngún empleado ha objetado hacer su trabajo por razones religiosas aunque el Registro Demográfico lleva poco más de un año atendiendo a parejas del mismo sexo, otorgándoles certificados de matrimonio e inscribiendo bebés.

“Me parece que la experiencia en la práctica hace innecesario este proyecto”, sentenció la senadora Laboy.

Calderón indicó que el Registro Demográfico lleva poco más de un año atendiendo a parejas del mismo sexo, otorgándoles certificados de matrimonio e inscribiendo bebés. “Todo eso se ha trabajado, al principio hubo que adiestrar un personal, pero no hemos tenido ninguna situación con los empleados, aún con los más conservadores porque han entendido su rol”, sostuvo la funcionaria del Registro Demográfico.

Laboy le pidió a Calderón estadísticas de empleados que hayan invocado un acomodo razonable, por razones religiosas. “En ese momento que yo conozca no las hay (estadísticas)”, le respondió la funcionaria a la legisladora.

“Le voy a pedir que salga y pida ese número a quien sea porque yo lo necesito ahora, para récord”, le ripostó la senadora Laboy.

Poco después, Calderón le informó a la senadora que “hasta el momento” no hay un solo empleado que haya solicitado algún acomodo por sus creencias. Indicó que en el pasado, sí lo hubo por un empleado que por razones religiosas pidió no trabajar sábados, pero añadió que ya se retiró.

“De existir uno en el futuro, se van a tomar todas las medidas en ley para brindarle el acomodo razonable como el servicio que hay que dar a la ciudadanía”, agregó Calderón.

Luego la senadora preguntó qué pasaría si en la agencia laboraran tres empleados, dos tuvieran acomodos razonables y el tercero estuviera ausente. “Dos pidieron acomodo el tercero no llegó porque estaba enfermo, ¿qué pasa cuando llega un matrimonio gay a pedir un servicio”, preguntó la senadora. El asesor legal del Departamento de Justicia, Daniel Vélez, quien también participa en la vista pública, indicó que habría que analizar la situación, pero la senadora le replicó que esa no era una respuesta.

“Eso va caso a caso”, sostuvo el abogado de Justicia.

El letrado tampoco pudo contestar de forma precisa, qué pasaría si por el acomodo no hubiera empleados disponibles para prestar el servicio al tercero que lo pide. “Está claro (en la medida) que no se puede negar el servicio”, dijo para agregar que también “hay sanciones disciplinarias”.

Vélez, director de la División de Litigios, tampoco ofreció una respuesta categórica cuando la senadora le preguntó cómo aplicaría la medida si fuera un empleado ateo atendiendo a un creyente.

“Ese sería un análisis que tengo que consultar, pero el ateísmo no es una religión”, sostuvo el abogado.

El senador independiente, José Vargas Vidot, quien se unió posteriormente a la vista pública, también cuestionó la necesidad del proyecto de ley.

El asesor legal del Departamento de Justicia le indicó que el proyecto busca recopilar “jurisprudencia federal y local que está regada”.

El gobernador Ricardo Rosselló radicó la medida el pasado 23 de abril convoyada con otra pieza legislativa que prohibiría las terapias de conversión, que se alega se utilizan para cambiar la orientación sexual de una persona. Ya el Gobernador había vetado un proyecto de la Cámara sobre la libertad de religiosa, mientras la medida que prohibiría las terapias de conversión había sido colgada en la Cámara.

La vista pública continúa esta tarde con varios paneles de líderes religiosos y de los derechos civiles.

Fuente: Primera Hora