El pasado sábado 5 de enero del presente año, cientos de manifestantes en América latina se unieron para protestar para exigir al gobierno Sur Coreano que pongan fin a todos los programas de conversión coercitiva.
En El Salvador, dicho evento fue organizado por la Asociación de Derechos Humanos para Víctimas del Programa de Conversión Coercitiva (HAC), y desarrollado en la Plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador; los manifestantes se hicieron presentes para honrar la memoria de Ji In Gu, víctima de extremistas religiosos. Los presentes no vacilaron en exigir el cumplimiento y el respeto a la libertad de religión escrita en el artículo 18 de la declaración de los derechos humanos.
Gu falleció el 9 de enero de 2018, como resultado de un paro cardiopulmonar después de que sus padres la confinaron para recibir una “conversión religiosa” forzada por pastores coreanos. Ella tenía 25 años de edad.
En 2016, Gu fue sometida a sesiones forzadas de “terapia de conversión” por primera vez; después de que su familia no estuviera de acuerdo con su fe, la secuestró y la arrastró a un monasterio donde estuvo recluida durante 44 días, hasta que escapó.
“Me di cuenta de que sería difícil escapar ya que había altas cercas de alambre de púas fuera de las ventanas”, dijo Gu en su primera declaración oficial en junio del 2017.
La joven fue obligada a firmar documentos que declaraban, falsamente, que ella había acudido al centro de asesoramiento de conversión por voluntad propia. Luego de escapar, la joven pidió al gobierno de Corea del Sur investigase dichos centros para su cierre. Hasta la fecha, el gobierno Sur Coreano no ha respondido su petición.
El 29 de diciembre de 2017, Gu fue secuestrada nuevamente por su familia, lo cual resultó en su muerte. El deceso de la joven provocó protestas internacionales y más de un millón de firmas en apoyo de la prohibición de todos los programas de conversión coercitiva. Sus padres fueron acusados ??de la muerte de acuerdo con los informes oficiales, pero los resultados de la fiscalía del caso aún no están disponibles.
Annie Seo, residente de Koreatown de 32 años de edad, Comento:
“Me sorprendió bastante escuchar la forma en que [ella] murió. Se sabe que las iglesias coreanas aquí son tan devotas y apasionadas por su fe, pero esto solo demuestra que los fundamentalistas religiosos o las creencias mal dirigidas pueden perjudicar a otros en nombre del bien“.
Si bien el HAC respeta la soberanía del gobierno de Corea del Sur, espera que la presión de la comunidad internacional pueda generar un proceso más rápido para responsabilizar a quienes conducen dichos programas de intolerancia y abuso.
Los consejeros de conversión (que obtienen grandes beneficios monetarios por cada sesión), comienzan induciendo el miedo para manipular a los miembros de la familia, haciéndoles creer que su hijo, cónyuge o pariente necesita ser convertido a otra religión.
Si la víctima se niega a inscribirse en el programa, los consejeros fomentan prácticas abusivas como: quitar los teléfonos celulares, cerrar las puertas, e incluso el uso de somníferos, esposas, cinta adhesiva, lazos, etc. para contener a la víctima. Muchas de las víctimas han sido secuestradas de sus escuelas y lugares de trabajo.
Debido a que las conversiones coercitivas tienen lugar en presencia de miembros de la familia, es casi imposible que las víctimas reciban ayuda, ya que las autoridades a menudo ignoran estos casos catalogándolos como “asuntos familiares”, pero el poder garantizar los derechos humanos y la libertad religiosa, sin tener persecución de ninguna índole, en una nación desarrollada como Corea del Sur debería ser fundamental e indispensable.
“El gobierno de Corea del Sur debería realmente analizar este problema y ver cuánto daño ha causado en las familias y las comunidades religiosas” –dijo Tracey Cheng, voluntaria de HAC- “No podemos permitir que la muerte de Ji In sea en vano, y no detendremos nuestro trabajo hasta que todas las conversiones coercitivas estén prohibidas”.
Hasta el día de hoy HAC continúa creando conciencia sobre el tema y ofreciendo apoyo a las víctimas de dichos abusos.
Desde la noticia de la muerte de Gu, 147 víctimas adicionales de conversiones coercitivas se han presentado en el último año.
Fuente: El País
