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Miles de personas de diferentes partes del país marcharon hoy, a favor de la vida y en contra del aborto.

El objetivo de la marcha es solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado para que no firme la norma terapéutica por los daños que esto puede ocasionar.

Niños, jóvenes y adultos, grupos de amigos y familias enteras participaron del llamado realizado por las organizaciones Despierta Costa Rica y Democracia en Acción.

«Si a la vida, si a la vida, ni al aborto y firmar es matar» fueron algunas de las consignas realizadas por los manifestantes, que caminaron a ritmo de cimarronas, con carteles y pancartas.

La marcha se realizó de manera pacífica y llegó hasta la Plaza de la Democracia, donde se realiza una serie de actividades.

Fuente: La Prensa Libre

Como un lobo con piel de oveja. Así califica Jonathan Prendas, diputado de Nueva República, la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que impulsa la Organización de Estados Americanos (OEA) y que el gobierno quiere que la Asamblea Legislativa ratifique.

En esta entrevista el legislador advierte que si el país asume lo que en el tratado se indica (que estaría incluso por encima de la Constitución Política), las libertades de expresión, de prensa, religiosa y otras tendrían una mordaza y estarían en riesgo.

¿Cuál es su preocupación con este convenio?

-Es un convenio internacional que la OEA desarrolla a lo interno de su organización en 2013 y lo somete a estudio y firma de los diferentes estados miembros. Desde entonces solamente Uruguay lo firmó y lo ratificó en el Congreso. Canadá y Estados Unidos no solo no lo firmaron, sino que lo increparon y lo atacaron por lesionar la libertad de expresión, de prensa y religiosa. Se mete en el aspecto privado de instituciones y organizaciones, incluso en la dinámica de los hogares de esos países.

¿Qué indica dicho tratado multilateral?

-Nuestro equipo técnico ve que este convenio se fundamenta en que alguien puede sentirse afectado por discriminación o intolerancia porque otra persona le habló de manera incorrecta o una institución fundamentó sus acciones de manera incorrecta. Entonces, por ejemplo, María dice que Pedro se expresó mal y eso la hizo sentirse discriminada desde su percepción. Es decir, es algo totalmente subjetivo y a la hora en que usted demanda a otra persona por una subjetividad, este convenio tendría que aplicarse en función de ese derecho humano que esa persona dice se le violó.

¿Qué más amenaza?

-El artículo 29 de la Constitución Política dice que todos podemos manifestarnos libremente, pero este convenio contraviene ese artículo. Estamos sumamente preocupados porque al momento de estudiar el articulado, incluso prohíbe el financiamiento de organizaciones o de personas cuando otra persona diga que está discriminando o siendo intolerante. Por ejemplo, decimos que la vida es intocable desde el derecho de la concepción, pero hay un grupo que se hace escuchar cada vez más y dice que no, que la mujer tiene derecho a elegir. Para nosotros ese dilema caería en que se puede demandar uno al otro.

¿Afectaría a los partidos políticos?

-Sí. Este convenio prohíbe manifestaciones políticas en el sentido que critiquemos al gobierno y este diga que se le está discriminando y no dejando trabajar. Entonces podría existir represalias contra sindicatos, contra medios de comunicación que son adversos en su línea editorial, contra partidos políticos adversos, incluso factores dentro del hogar donde un miembro de la familia diga que se siente discriminado por el resto porque no me dieron el carro que yo quería y me afectaron la imagen social con mis compañeros. Está abierto para cualquier cosa.

¿El gobierno ya lo firmó?

-Se firmó el 4 de abril de este año y lo dan a conocer a nivel público con un comunicado de prensa de Casa Presidencial, pero diciendo que van a lograr el respeto para todo el mundo. Entonces algo que se presenta como un lindo corderito en realidad es un lobo con piel de oveja porque lo que hace es coartar el derecho de libertad de expresión, de prensa y religiosa que todos tenemos. Es una copia muy similar a la ley contra la discriminación que estaba impulsando Enrique Sánchez, que redactó la exdefensora Montserrat Solano, quien ahora es embajadora en la OEA, asegura que este documento está bien y le dice al canciller que lo firme. Esto nos hace pensar que cuando detuvimos la ley del odio que impulsaba el PAC, tampoco fue mucho el aspaviento que hicieron porque ya sabían que se estaba firmando este convenio. Esto lo que busca es programar la mente de las personas para que no digamos nada que suene lesivo a otra persona. No podremos opinar, no podremos hablar, todo hiere, todo es subjetivo. ¿Cómo sé yo que a usted no le va a afectar lo que voy a decir?

¿Qué artículos le preocupan más?

-En realidad son pocos artículos los que tiene, son 22, y la mayoría hace referencia a la “discriminación indirecta”, que según el convenio “es la que se produce en la esfera pública y privada” (dentro de las casas o instituciones públicas y privadas). Es decir, el gobierno podría intervenir para proteger el honor de las personas. No podríamos expresar nada contra nadie, no podríamos opinar porque estaríamos lesionando, sea cual sea nuestra línea de pensamiento, el criterio y la integridad de los demás.

¿Cómo afecta la libertad religiosa?

-Ahorita la moda, porque creo que es una moda, dice que hay que proteger el derecho de las personas de que el efecto religioso se aplique solo en la vida privada o dentro del recinto del culto y no manifestarlo en una romería, en una marcha por la vida. ¿Qué pasa si un ateo dice que le molesta la romería porque van rezando y orando por las calles, que son públicas? Entonces como el fundamento del convenio es totalmente subjetivo, abierto, está sustentado en falacias sociales, porque ¿cómo voy a hacer para expresarme sin dañar el pensamiento de otra persona que me adversa? Porque soy conservador y tengo mis principios o convicciones, y si viene alguien que no tiene esos principios, sino que va al lado contrario, se va a molestar porque yo digo “gracias a Dios”. ¿Cómo sé yo cuál es el límite? Al ser un elemento indeterminado legalmente no puedo suscribir el efecto o el impacto.

¿Cuál es el mecanismo para su ratificación en el Congreso?

-Entra a la Comisión de Asuntos Internacionales, donde se dictaminaría, y luego debe ir a ratificación al plenario, donde ocuparía 38 votos. Creo que no debe pasar de la comisión y menos que se vote en plenario. Si no obtiene los votos, Costa Rica lo rechaza y hasta ahí llegó el tema, pero el gobierno no tiene fecha límite para enviarlo a la Asamblea, por eso estamos alertando. Además Costa Rica no puso ninguna cláusula de reserva, por lo que si se ratifica en el Congreso debemos sujetarnos a lo que este indica.

¿Qué más cree que puede pasar si se ratifica?

-Para mí la implementación de este convenio va a cercenar la libertad de expresión, va a cerrar medios de comunicación y cerrar partidos políticos porque, por ejemplo, la gente de Acceder puede demandar a Nueva República, Restauración, Alianza Demócrata Cristiana, Renovación, PUSC y Republicano Social Cristiano solo porque en el nombre o en el estatuto hace mención a las convicciones o fundamentación cristiana y una de las cláusulas es o quita eso, o lo desaparece.

¿Eso dice el convenio?

-No lo dice, pero es una de las perfectas aplicaciones porque el convenio dice que el Estado debe encargarse que todo el mundo sea respetado. Este gobierno podría callar muchas bocas al hacer referencia a que no se puedan hacer manifestaciones políticas contrarias a él. Quiere programar la mente de la gente, de las instituciones y de los medios de comunicación para que nadie se exprese.

¿Si llega a ratificarse, el gobierno debería luego reglamentar?

-Sí, pero ¿cómo van a reglamentar algo subjetivo e indeterminado? Podría ser por medio de una ley, pero también por un decreto. Como tiene rango internacional va a la Corte Interamericana y cualquier persona que se sienta afectada podrá ir ahí, como lo que ocurrió con la consulta por el matrimonio igualitario. Esa persona puede decir que Costa Rica no reglamentó el tema porque no ratificó el convenio y no me defiende, entonces voy a la Corte, que es el rango de aplicación del convenio. ¿Y ahí cómo nos defendemos?

En otros temas, usted preside la comisión que lleva el ingreso del país a la OCDE y este mes deben votar la Ley de Competencias. ¿En qué consiste?

-Lo que busca es fortalecer la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) del Ministerio de Economía (MEIC) porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pide ese requisito para ingresar. Costa Rica tiene una Coprocom muy básica, que no determina el conflicto de las partes, dura mucho en resolver y no aplica la ley como es. Esta reforma fortalece en presupuesto, en personal y en requerimientos para que puedan entrar en los grandes dilemas del mercado, que son monopolios o cartelización. Es decir, varias empresas se ponen de acuerdo para monopolizar el mercado, poniendo precios altos.

¿Qué pide la OCDE?

-Que la Coprocom tenga la suficiente independencia política y el resguardo económico para lograrlo. Se está poniendo al mismo nivel legal de la Comisión de Emergencias, por ejemplo. En este caso la ministra del MIEC solo tramitaría el presupuesto que ellos soliciten, pero no se puede meter en decisiones ni preguntar por casos. Un beneficio al consumidor es que estudios afirman que se podría ahorrar hasta un 20% el precio de muchos productos y en el sector público evitar carteles a la medida, lo que podría ahorrarle millones al Estado. Tenemos que votarlo antes del 30 de agosto en segundo debate.

¿Cuál es el balance de los costos de ingresar a la OCDE y los beneficios que se obtendrían?

-Los beneficios al ingresar al club de los países con las mejores prácticas a nivel mundial, por ejemplo, por solo estar ahí las calificadoras de riesgo internacionales lo ven como algo positivo, entonces lo que no han logrado el plan fiscal ni los eurobonos lo podría lograr la incorporación a la OCDE.

Vamos a integrar este club exclusivo sabiendo que la administración pública no es eficiente y reina el desorden. ¿Qué garantía hay de que las cosas mejorarán?

-La OCDE aplica estudios cada cierto mes, donde evalúa ámbitos específicos del país. Manda a su gente externa, califica al país y eso es el abecé para dejar de vivir tan mal y comenzar a vivir bien. Sería como una contraloría internacional. Si salimos mal pueden existir llamadas de atención y se comienza a perder credibilidad dentro de la Organización. Se debe recordar que esos estudios son la base con que por ejemplo la Unión Europea califica ciertos temas, como por ejemplo la lista negra de anticohecho y soborno internacional.

¿Qué países están en la OCDE de este lado del mundo?

-En este momento México, Canadá, Estados Unidos y hace poco entró Colombia. Entiendo que Chile, Argentina y Brasil, pero la OCDE no quiere convertirse en otra ONU, por lo que está a punto a cerrar las invitaciones.

¿Qué nos dice de la investigación en su contra que llevan la Procuraduría y la Fiscalía?

-Por el fondo del proceso actual nada más puedo decir que está en estudio tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, ambas están revisando la información para validar si es cierto y buscando las prueba. Soy respetuoso del tema. Eso se da por un viaje que hice a Barcelona, donde confluyeron reuniones de la OCDE en función de telecomunicaciones y donde estaban expertos mundiales sobre las mejores prácticas del futuro de la tecnología a nivel regulatorio. Son temas en los que he venido trabajando desde hace diez años. Fui a aprender, a perfeccionar y tomar lo bueno y venir a impulsar aquí mejores regulaciones. Hubo una denuncia que dice que fui pagado por un tercero, entonces lo que buscan probar es si esa persona podía pagarme o si hay un conflicto de interés.

¿Usted fue invitado por uno de los organizadores?

-No. Es una persona que se encarga de transmitir información de las nuevas tecnologías, un consultor, por así decirlo.

¿Usted pidió que le subvencionaran el viaje?

-Por la investigación no puedo ahondar en el tema, lo que investigan es un posible conflicto de interés. Lo que puedo decir es que la propia Asamblea le transmitió a la Fiscalía todos los viajes que han hecho diputados pagados por terceros. Por ejemplo, ustedes informaron de los legisladores que fueron pagados en un viaje a Estados Unidos a ver cómo funcionaba el cannabis medicinal, mientras discutían esa ley aquí, lo que sería un conflicto directo, si es que lo hubiese. Pero si en Costa Rica no está la información y no hay plata para pagar un viaje, ellos dieron la posibilidad de que la industria pagara para que conocieran cómo se trabaja. En mi caso no estoy en ninguna comisión que vea el tema de tecnologías, no tenía ninguna propuesta con ese fin y en la Comisión de Ingreso y Gasto se tramita una denuncia contra el ICE por un tema de electricidad, entonces a mi juicio no hay una relación directa. La persona que pagó el viaje no tiene relación comercial con el gobierno, no es proveedor.

Fuente: Diario Extra

Los diputados independientes afines a Fabricio Alvarado, pidieron al Presidente de la República, Carlos Alvarado, convocar el proyecto de Ley sobre libertad religiosa para las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

El proyecto de ley indica que las organizaciones religiosas tendrán derecho a recibir diezmos, ofrendas y donaciones por parte de sus fieles. Además, establece la creación de una Dirección General de Culto, con presupuesto institucional, que velará por la aplicación de la ley.

La diputada independiente, Carmen Chan, dijo que el propósito de la Ley es proteger a miles de creyentes que profesan algún tipo de fe en el país.

La agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa es dirigida por el Poder Ejecutivo, por lo que también pidieron apoyo de la fracción oficialista.

Chan insistió en que pedirán agilizar el trámite de discusión y votación del proyecto.

El proyecto de ley fue presentado por el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN) Carlos Avendaño en el año 2014, y fue retomado por el diputado independiente Jonathan Prendas en la presente administración.

Fuente: Monumental

El bloque independiente fabricista pidió al Poder Ejecutivo que, en el periodo de sesiones extraordinarias que comienza el próximo 1ero de Agosto, impulse y tramite en la Asamblea Legislativa el proyecto 21.021 “ley para la libertad religiosa y de culto”.

Mediante un comunicado de prensa, los conservadores solicitaron al Presidente de la República, Carlos Alvarado, que convoque dicho expediente que contempla entre otros puntos, “el derecho humano de la libertad religiosa y de culto” y la “protección de las personas creyentes y sus prácticas en ámbitos público-privados” y sus creencias.

De igual forma, los diputados fabricistas anunciaron que pedirán, por segunda vez a las distintas fracciones, que se apruebe el trámite rápido al expediente, ya que “muchos sectores que han externado su preocupación por la persecución al sector religioso“.

“Si a este panorama le sumamos que desde Casa Presidencial se informa que no tienen una agenda de trabajo para las sesiones extraordinarias, creemos que es el mejor momento para impulsar la ley de libertad religiosa, iniciativa en la que trabajan de forma coordinada la mayoría de las fracciones que integran la comisión de gobierno”, explicó Carmen Chan coordinadora del bloque conservador.

Según los diputados, en Costa Rica se protege desde la Constitución Política la libertad religiosa y de culto, pero no existe una ley que implemente “resguardo“, por lo cual deja en “desprotección a los millones de creyentes que habitan el país“.

“En las últimas horas el Presidente manifestó que había visto cómo la discriminación había alcanzado a la comunidad evangélica (en general religiosa), lo que debería significar un apoyo a este proyecto que durante el primer año fue bloqueado por sus diputados”, comentó Jonathan Prendas, congresista que forma parte de la Comisión de Gobierno y Administración, órgano legislativo donde se conoce el expediente.

¿Qué dice la ley?

El expediente propone que “se debe garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y de culto que gozan todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sean habitantes de la República o no”. Asimismo, busca establecer los “parámetros básicos” para el funcionamiento de las organizaciones bajo la auto regulación.

Igualmente, se contempla que la “libertad religiosa” es un derecho humano que debe ser resguardado, no podrá ser violentado y cualquier actividad religiosa será de interés público y deberán promover el desarrollo humano y valores espirituales, morales y familiares de la sociedad costarricense.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, las actividades y estudio, la práctica y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, satanismo, ocultismo, astrología, esoterismo, hechicería, prácticas mágicas u otras análogas, y la difusión de ideas puramente filosóficas y humanistas ajenas a la religión. El Estado garantizaría el respeto de las expresiones religiosas de los pueblos indígenas y su derecho a ejercerlas de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, según sus tradiciones y cultura, además de conservar su religión, cambiarla, profesarla, divulgarla y recibir proselitismo religioso. 

Las organizaciones religiosas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, formas de gobierno, régimen interno, criterios de pertenencia, régimen patrimonial y régimen de su personal contratado, de conformidad con sus creencias, doctrina, estatutos, reglamentos y normas internas.

Papel del Estado. 

Garantizar los derechos a la libertad religiosa, culto, opinión, conciencia, expresión, asociación y reunión, así como propiciar el ejercicio religioso libre, en forma individual y colectiva.

Garantizará la protección de las manifestaciones de culto público de las personas y organizaciones religiosas.  Asimismo, será obligación del Estado facilitar todas las medidas y permisos necesarios para que las organizaciones lleven a cabo actividades de carácter “cultural” en templos y sitios públicos. Todo evento llevado a cabo en sitios públicos podrá ser reconocido como una actividad de interés cultural.

El Estado garantizará el arraigo territorial de los locales o templos de culto.

Bajo ninguna circunstancia, el Estado clausurará un local o templo de culto. Si el inmueble no es congruente con el uso del suelo, se le aplicará la normativa de cada plan regulador, o en su defecto será clausurado y el inmueble podrá ser usado únicamente para el uso al que estuvo destinado originalmente.  En caso de una problemática relacionada con contaminación sónica en el templo o local de culto, prevalecerá la clausura del foco específico de contaminación y no del inmueble en general, de modo que se garantice el derecho a la práctica del culto público en ese inmueble, siempre y cuando la clausura de dicho foco resuelva.

Asimismo, se contempla que las organizaciones religiosas podrán establecer relaciones de cooperación con el Estado, para realizar tareas educativas, culturales, benéficas, de apoyo social, humanitarias, recreativas, sanitarias y otras, a favor de la comunidad, y de las personas en particular.

Otros Puntos: 

Los ministros religiosos tendrán el derecho a guardar el secreto sacramental, ministerial o religioso; ninguna autoridad o funcionario público puede obligarles a revelarlo.

Toda persona tiene derecho a elegir para sí y para las personas menores de edad bajo su dependencia, la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Toda organización religiosa tiene derecho a definir sus propios horarios y días de reunión para los servicios religiosos, así como a divulgar y propagar su propio credo, y a escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros, audios, videos y publicaciones de cualquier clase o tipo, sobre cuestiones religiosas, y a comunicarse y mantener relaciones con sus propios fieles, y con otras organizaciones religiosas.

Cada confesión particular tendrá el derecho a tener rituales públicos y privados, según lo determinen sus dogmas de fe y no podrán ser obligadas a celebrar matrimonios y otros tipo de ceremonias religiosas, ritos o prácticas que no sean contestes con su doctrina y costumbres, ni verse afectadas legal o financieramente por rehusarse a celebrarlas.

Las organizaciones religiosas tendrán derecho a recibir diezmos, ofrendas, donaciones, legados, herencias y contribuciones públicas o privadas para su sostenimiento, y organizar colectas voluntarias entre sus fieles o la comunidad en general.  También, podrán obtener donaciones de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para el mantenimiento del culto y para los servicios de asistencia social sin fines de lucro que presten, dentro de los parámetros que establece el ordenamiento jurídico.

Un derecho contemplado es la evangelización y derecho de predicación, el cual debe desarrollarse, no solo dentro de los edificios destinados al culto, sino también en el exterior, para involucrar a un mayor número de personas y exponerles su mensaje y doctrina.

Asimismo, se reconozca el matrimonio religioso, entendido como aquel llevado a cabo por los ministros “ordenados”,  de modo que los efectos civiles surtirán una vez que los contrayentes formalicen  ante un notario público, su voluntad de unirse en matrimonio, de conformidad con los requerimientos legales establecidos para estos fines

Fuente: El Periódico CR

Presidente y sindicatos valoran su “presencia y aportes” en las negociaciones, dice el director de Cáritas

Convencido de que la Iglesia católica es “un referente para el acercamiento y la facilitación del proceso de diálogo” que mantiene el Gobierno de Costa Rica con las organizaciones sociales, el presidente del país, Carlos Alvarado, se ha reunido con el presidente del Episcopado y arzobispo de San José, José Rafael Quirós, para hacerle entrega de una amplia carta de respuesta a la agenda de 18 puntos con las demandas que el Encuentro Social Multisectorial (ESM) –movimiento que aglutina a sectores tan diversos como pescadores, sindicatos, agricultores, estudiantes o transportistas– le había hecho llegar a través del prelado.

Durante el encuentro mantenido en el arzobispado, el mandatario no solo le trasladó la voluntad del Gobierno de “establecer un diálogo respetuoso orientado a resultados con los diferentes sectores”, sino que se mostró “complacido de que tanto la Iglesia como la Defensoría de los Habitantes estuvieran en disposición de acompañar los espacios de diálogo ya existentes y aquellos que van a construir”. Así lo atestigua el padre Edwin Aguiluz, presente también en la cita junto a varios ministros, el obispo auxiliar, Daniel Blanco, y el padre Luis Alejandro Rojas.

En comunicación con Vida Nueva, el director nacional de Pastoral Social-Cáritas matiza que “no se ha solicitado la mediación eclesial”, porque tanto la Defensora de los Habitantes como el arzobispo han manifestado que “su papel sería el de observadores y testigos”. En carta fechada el día 5 –y dirigida a ambos, así como al EMS–, Alvarado llamó a conformar un equipo de trabajo conjunto con el Ejecutivo que defina la hoja de ruta para el diálogo. Tarea para la que ha reclamado la “presencia” de la Iglesia católica, a la que ha invitado a “enriquecer con los aportes oportunos para construir un mecanismo adaptado a la obtención de resultados fructíferos y acuerdos efectivos”, explica el P. Edwin.

Ayudar a entenderse

El EMS, por su parte, transmitió el día 8 al Gobierno su disposición a constituir el citado equipo, al que invitaron también a sumarse a la Iglesia católica y a la Defensoría de los Habitantes, cuya “presencia y aportes” consideran “enriquecedores para la propuesta”. En este sentido, “los obispos están dispuestos a colaborar en los términos mencionados –insiste el sacerdote–, es decir, como ayudantes en el entendimiento, como observadores y garantes de los acuerdos a los que se pueda llegar”.

Este proceso de diálogo tiene lugar después de las recientes protestas y bloqueos de carreteras, tensiones que escenifican las crecientes “fracturas sociales” y “hondas polarizaciones”que sufre el país “en torno a la inequidad, la crisis fiscal, la legislación sobre empleo público y huelgas, la educación, el abordaje de temas sensibles para una parte de los sectores religiosos, la grave situación socioeconómica de las zonas costeras, las políticas agrícolas y la crisis del empleo (14% de desempleo y 46% de empleo informal)…”, constata a esta revista el director nacional de Pastoral Social-Cáritas. (…)

Fuente: Vida Nueva Digital

El Obispo de Ciudad Quesada (Costa Rica), Mons. José Manuel Garita, afirmó que el país necesita políticas públicas a favor de la familia, y lamentó que al parecer la sociedad de hoy quiere negar la importancia de esta institución fundamental.

El Prelado hizo este llamado al reflexionar en su columna del 22 de mayo sobre el Día Internacional de las Familias, celebrado el miércoles 15 de mayo.

“Necesitamos políticas públicas que promuevan a la familia, que den opciones a los padres para salir adelante con la educación y manutención de sus hijos. Necesitamos una sociedad que se preocupe por fortalecer a las familias”, exhortó Mons. Garita.

El Obispo recordó que la celebración de esta fecha nació con el objetivo de “dar a conocer las cuestiones relativas a las familias y reflexionar acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos”, como fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1993.

«En medio de las dispersiones o de los pocos incentivos que hay para la familia, debemos volver nuestra mirada a Dios, la familia tiene muchísimo para ofrecer a la sociedad como transmitir la fe, educar a sus hijos, promover verdaderos valores que dan sentido pleno a la vida», manifestó el Obispo.

De acuerdo con el Prelado, desde la década de los ochenta las Naciones Unidas empezaron a centrarse en temas relacionados con la familia.  Por ello, animó a no perder la esperanza frente a la realidad costarricense.

“Muchas familias hoy viven según el plan de Dios, viven en el amor cristiano de acoger, respetar y promover a sus integrantes. Hoy más que nunca, la familia debe recuperar su esencia en la sociedad que ha perdido valores y se mueve en la era del relativismo”, afirmó.

Asimismo, “hoy, más que nunca, la familia debe inspirarse en Dios, que es comunión de personas, y cumplir el proyecto de amor que Él ha diseñado para este núcleo y célula fundamental de la sociedad, del mundo y de la Iglesia. “El Señor, que ha querido la familia, la bendiga y la guarde siempre en su amor”, puntualizó.

Fuente: ACI Prensa

El diputado Jonathan Prendas propone que se adopte una «libertad religiosa y de culto». En las redes sociales se le trata de idiota, desinformado o ladrón del fisco. Sin embargo, para nada es idiota, ignorante y mucho menos está calentando la curul. Sabe muy bien lo que hace. Es un fanático religioso —un talibán evangélico— que tiene muy claro su objetivo de eliminar la democracia y convertir a Costa Rica en una teocracia.

Entiende muy bien lo que propone; no se trata de una ocurrencia ridícula. Por el contrario, es un plan deliberado. Estamos frente a una ofensiva de grupos fundamentalistas, cuyo fin es debilitar el edificio de derechos y libertades individuales. No es casualidad que haya avanzado su propuesta mientras criticaba al gobierno por el allanamiento del OIJ en la Conferencia Episcopal. Miente adrede, a sabiendas de que la Fiscalía y la policía judicial no dependen del Ejecutivo, porque así obtendría réditos electorales. Es consciente de que se recababa prueba acerca de delitos aberrantes, pero en su designio por instaurar la dictadura teocrática, todo medio es válido para proteger a los «ungidos».

La propuesta de Jonathan Prendas debe tomarse dentro del contexto histórico que vivimos:

• Una fracción legislativa fundamentalista que es la segunda más grande (a pesar de la división coyuntural por ambiciones pecuniarias y de poder).
• Fracciones de partidos políticos, supuestamente seculares, que se pliegan a los religiosos con la esperanza de allegar votos (PLN, PUSC, PIN). No tienen consciencia de que para los fundamentalistas los partidos seglares deben desaparecer.
• Una Iglesia católica (IC) en desbandada, debido a sus «pecados» (delitos) y a posiciones tomadas del libro de texto de los fundamentalistas evangélicos, las más de las veces contrarias a la doctrina social de la misma IC. Una IC costarricense que ha creído que uniéndose a los que buscan su aniquilación evitaría seguir perdiendo fieles.
• Un país que sigue creyendo en mitos (como que somos el país más feliz del mundo) y que no se ha dado cuenta de que las virtudes del diálogo y el respeto a los demás se han perdido, frente a los dogmatismos religiosos, económicos y políticos.
• Congregaciones que dicen seguir al Príncipe de la Paz, pero que esbozan ideologías que son:
  • Vetustotestamentarias: por lo tanto negacionistas de Cristo. Ancladas en la lógica de venganza, guerra y eliminación del otro —del no ungido, del pecador, del infiel— del Antiguo Testamento.
  • Maquiavélicas: cualquier medio es válido para alcanzar el fin último de hacerse con el poder, sobre todo la mentira (de nuevo negación de Cristo, que se definía a sí mismo como la Verdad);
  • Marxistas: su accionar se revela en una lógica de lucha de clases esbozada por Karl Marx y no del amor al prójimo estatuido por Jesucristo, así como la instauración de una tiranía de partido, la «dictadura del clero».

No es casualidad que Prendas resucite el proyecto justo cuando los personeros de Capitol Ministries han iniciado su cruzada política en el país. Estos personajes son los asesores «espirituales» de la actual Casa Blanca y en específico del vicepresidente Mike Pence, quien es uno de los más férreos proponentes de ese tipo de leyes en los Estados Unidos. Cuando Pence era gobernador de Indiana se adoptó la Ley de restauración de la libertad religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés). Esta ley permite que individuos y empresas hagan valer, como defensa en procedimientos legales, que su libertad de culto los faculta para violentar los derechos de otras personas. Se permite exceptuarse de la aplicación de la ley alegando que los otros, por su religión, preferencia identitaria, raza, origen, etc., ofenden sus convicciones religiosas. Así, un médico podría negarse a realizar un procedimiento que salvaría una vida, si el paciente es musulmán, inmigrante u homosexual.

Este tipo de leyes existen en muchos estados de los EEUU, siempre promovidas por grupos religiosos extremistas, como Capitol Ministries. En ningún caso se trata de leyes que protegen el fuero interno de las personas (su libertad de culto), sino de legislación dirigida a destruir el principio fundamental de la no discriminación. Lejos de garantizar un derecho humano, buscan demoler las garantías que nos protegen en tanto que seres humanos.

En Costa Rica no son necesarias leyes específicas que protejan la libertad de culto. Ese derecho está resguardado, a nivel superior al de una ley, por la misma constitución (CP) y por tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Pero esos instrumentos poseen dos cualidades que chocan con los intereses de Prendas y sus adláteres:

1)      Garantizan que nadie sea discriminado.

2)      Disponen que nadie está por encima de la ley.

Esto lo que estorba a quienes procuran imponer el talibanismo criollo. No sorprende por ello que el proyecto de ley empiece con una falacia: un supuesto «principio de autorregulación». Ya desde el artículo 1 del proyecto de ley 19.099 se parte con el engaño, en el más puro estilo maquiavélico. El embuste para lograr la dictadura de la clase sacerdotal. Esa norma estatuye que se «pretende establecer los parámetros básicos para el funcionamiento de las organizaciones religiosas, en atención al principio de auto regulación que está consagrado en los indicados instrumentos internacionales» (sic; las negritas son nuestras).

Los tratados internacionales de protección a los derechos humanos que protegen la libertad de conciencia y religión a que se refiere ese artículo son el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) y la Convención americana sobre derechos humanos (CADH), en sus artículos  18 y 12 respectivamente:

«Artículo 18:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (PIDCP).

«Artículo 12.  Libertad de conciencia y de religión:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (CADH).

La lectura de ambos artículos deja patente que no existe un «principio de autorregulación», que ponga a las organizaciones religiosas y a su clase sacerdotal por encima de la ley. Al intentar sacralizar ese precepto en la ley de libertad religiosa y de culto, se persigue colocar a un estamento específico de personas —los «ministros religiosos»— por encima de la ciudadanía. Ello es, el poder divino se coloca sobre el soberano (el pueblo) y el estado de derecho.

La ley está plagada de normas que abstraerían a la clase sacerdotal del imperio del derecho. Se crea un sistema de impunidades, como lo demuestran tres artículos que transcribo a modo de ilustración:

«Artículo 21.- Derechos al secreto sacramental.

Los ministros religiosos tendrán el derecho a guardar el secreto sacramental, ministerial o religioso; ninguna autoridad o funcionario público puede obligarles a revelarlo» (sic; las negritas son propias).

«Artículo 41.- Atribuciones.

1. h) Llevar un registro de los ministros religiosos acreditados como tales por sus organizaciones respectivas, cuando estas mismas lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la presente ley, asignándoles un número de identificación y, a solicitud del interesado, expedirá una credencial en la que indicará su nombre, la organización religiosa que lo acredita y su vigencia. Queda facultada también la organización religiosa para expedir sus propias credenciales. Se garantiza el respeto al principio de organización y autorregulación de cada organización religiosa, de solicitar o abstenerse de registrar a sus ministros ante el registro mencionado en el presente inciso» (sic; las negritas son nuestras).

«Artículo 42.- Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos [CCAAR].

El Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos es un espacio compuesto por representantes de las organizaciones religiosas del país, cuya función principal será analizar la situación de la libertad religiosa y de culto en Costa Rica, así como la correcta aplicación de la presente ley, y emitir recomendaciones y sugerencias para las autoridades públicas en la materia. Este consejo se auto organizará según lo definan sus miembros» (sic; las negritas son nuestras).

Estos tres artículos son sintomáticos de la ley. Permiten discernir el verdadero propósito del proyecto. Es obvio que no tiene nada que ver con la protección de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Su objetivo es crear una estructura que blinde a la clase clerical frente al ordenamiento jurídico, a las autoridades establecidas de conformidad con la CP y del poder del soberano.

El CCAAR se establece como un tribunal independiente del Poder Judicial, que tendrá la última palabra en asuntos religiosos. Será una especie de Sala IV en todo aquello que el mismo CCAAR estime que entra en su esfera de acción, lo que le da asimismo una función legislativa. Es lo que el art. 42 llama «la correcta aplicación de la presente ley».

El CCAAR es la negación misma del cimiento de la democracia y del Estado de Derecho: la división de poderes. Esta descansa sobre la premisa de que ningún poder del estado es superior a los otros, sino que existen pesos y contrapesos que equilibran el ejercicio de sus funciones. Ese balance entre los órganos primordiales del estado es el que garantiza el ejercicio democrático del poder.

No obstante, el art. 42 crea un ente que se autorregulará, que se autodifinirá y que establecerá qué materias entran en su esfera de acción. Se destruye así otro instituto fundamental de nuestro ordenamiento, la seguridad jurídica. Se crea como un órgano con todos los atributos de un poder estatal, en especial legislativo (se autoorganiza y define su campo de acción) y judicial (decide cual es el ámbito de aplicación de la ley sin intromisiones de los tribunales) que decidirá a su antojo como ha de entenderse todo aquello que decida entra en el ámbito de lo religioso. Es un engendro que se crea para destrozar las garantías y libertades individuales; una aberración que no tiene más contrapeso que sus decisiones antojadizas.

Peor aún, sus miembros no son electos por el soberano; el pueblo no tiene ninguna ingerencia en su composición. Son las iglesias (la IC y una alianza de congregaciones evangélicas de propio derecho) las que deciden quienes son sus integrantes. Este monstruo no rinde cuentas; impone dogmas. Se llega, por medio de esta ley, a sembrar el germen de la destrucción del estado democrático de derecho, para instaurar una tiranía teocrática, la «dictadura del clero».

Toca a los órganos competentes descartar este proyecto de ley de la corriente legislativa. Pero toca sobre todo a la Sala Constitucional y al TSE velar por que los principios constitucionales que prohíben el uso de la religión en la política —sea en las decisiones de los órganos estatales— se respeten (art. 28 CP). Ha errado en varias ocasiones el TSE al no sancionar a quienes utilizan la religión para hacer llegar votos a sus tiendas electorales. Erró cuando se negó a considerar a los pastores evangélicos como miembros del clero, porque no eran sacerdotes católicos. Es hora de que se defiendan el Estado de Derecho, así como los derechos y libertades de todas las personas, sin distinciones ni discriminaciones.

 

Fuente: Delfino

El legislador independiente, Jonathan Prendas, se quejó por “los atropellos” que se realizaron la semana anterior durante el allanamiento de la Fiscalía en la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

Prendas señaló en su cuenta de Twitter que es de urgente necesidad una ley de libertad religiosa y culto que resguarde los derechos de las personas en este tema.

“Es labor del Gobierno velar por el derecho a la libertad de religiosa y de culto, el cual se establece en nuestra Constitución Política”, aseguró Prendas.

Para el legislador independiente, el actual gobierno ha cometido distintas “violaciones a este derecho constitucional”.

“Primero fue el pesebre en Casa Presidencial, luego fueron los reclamos desproporcionados de diputados del PAC por el atraso en la hora de inicio de la misa…”, indicó el congresista.

De igual manera, criticó que durante el allanamiento de la semana pasada, se les prohibiera a los funcionarios de la CECOR “rezar un rosario” mientras las autoridades decomisaban material.

El allanamiento a las instalaciones de la Conferencia Episcopal está relacionado por los casos de denuncias de abuso sexual en contra de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, entre ellos Mauricio Víquez, quien se encuentra con orden de captura internacional por abandonar el país.

Fuente: El Periodico CR