por: Oscar Moha
Cada año, el Departamento de Estado Norteamericano elabora un Informe Internacional de Libertad Religiosa en el que incluye el reporte de aquellos países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos por motivos de libertad de culto. Desde sus embajadas Estados Unidos recopila información a través de las oficinas de derechos humanos, o de su sección política y se dedica a documentar los casos donde hay discriminación y violación de garantías, haciendo entrevistas, hablando con funcionarios y recibiendo datos que algunos organismos de la sociedad civil les aportan para finalmente enviarlo al Departamento de Estado en Washington y ser publicado en la página web gubernamental de la Unión Americana.
México, desde hace décadas, ha estado en la mira de organismos internacionales por el número de casos de intolerancia y discriminación religiosa. Hoy, el encargado de la Sección Política de la misión diplomática de Estados Unidos en nuestro país, Michael P. Sykes, recaba información sobre el particular. Antes, hizo el mismo trabajo Hammad B. Hammad, datos en los que se basó el actual “Informe de Libertad Religiosa en México 2018” publicado este año.
Los proveedores de estos datos no oficiales han sido la Asociación Civil “Libertad y Dignidad” e “Impulso 18”. Esta última la integra Jorge Lee Galindo, hoy Director Adjunto en el área de Asuntos Religiosos de Gobernación, reportes que siempre han incomodado al Gobierno en turno porque revelan lo que los funcionarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de las Comisiones de Derechos Humanos ocultan, con tal de salvar la “reputación internacional” que le queda a México en materia de protección y fomento de derechos humanos en el rubro de libertad de culto.
Es decir, el Estado no garantiza ni ha garantizado el libre credo en México. A pesar de que es una de las garantías consagradas en la Carta Magna, los distintos órdenes de Gobierno (Municipal, Estatal y Federal) no están dispuestos a que la todavía poderosa Iglesia mayoritaria haga de las suyas.
Aunque lejos han quedado las historias de violencia verbal que desataron el nuncio Jerónio Prigione y su discípulo Juan Sandoval Íñiguez cuando el primero dijo en 1985 que “a las sectas (cualquier Iglesia fuera de la Católica) como a las moscas, hay que acabarlas a periodicazos”; mientras que Sandoval comentó: “se necesita no tener madre para ser protestante”, en aquellos años cuando el poder eclesiástico romano-mexicano tomaba decidiones por encima del Secretario de Gobernación, que por cierto en aquél entonces era Manuel Bartlett Díaz, hoy encargado de la Comisión Federal de Electricidad y poseedor de un deslumbrante patrimonio inmobiliario, a decir de algunos.
Quedan varios casos de expulsión, amenazas, despojos y robos en contra de evangélicos. Uno de los más indignantes está en la comunidad de Cuamontax, Municipio de Huazalingo, en el Estado de Hidalgo, a unas horas de las Ciudad de México, donde un grupo de católicos encabezados por la autoridad local privaron a dos familias de los servicios de agua potable y energía eléctrica porque profesan la religión evangélica. Ha llegado a tal grado la animadversión en contra de los protestantes en esta región que pusieron alambres de púas alrededor de sus casas para impedirles salir o entrar sin la autorización de ese grupo hasta que paguen una multa de 25 mil pesos por el delito de profesar otra religión distinta al catolicismo. Existen las actas locales con el sello de la autoridad en donde se prohíbe expresamente que estas familias sean visitadas por pastores o líderes cristianos.
Mientras, el Coordinador General de Asuntos Religiosos, Iván Huesca Licona, designado en el cargo por el gobernador Omar Fayad Meneses, se dedica a declarara que esto es un “pleito entre particulares”. Y con este argumento se deslinda de cualquier intervención que le haga quedar mal con los obispos de la región y con su jefe.
Sólo 13 Estados del país han firmado un convenio de colaboración con la oficina de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para fortalecer la promoción de la libertad de creencias, más que una tolerancia hacia los cultos minoritarios, lo que habla de la falta de voluntad política de los mandatarios estatales para colaborar a la armonía religiosa en el país.
Sin duda se han logrado avances, no tanto por los funcionarios de Gobierno, sino por la exigencia del respeto a los derechos humanos que los grupos religiosos han hecho llegar al extranjero, a través de varias vías. Han sido pastores activistas y sus congregantes quienes hacen valer la letra constitucional para exigir sus garantías. Como el caso del pastor Esdras Alonso González, de la Iglesia “Ejército de Dios”, quien desde la década de los 80’s llevaba a cabo sendas protestas en compañía de su congregación por las calles de San Cristóbal de las Casas en demanda de la atención a los casos de intolerancia religiosa en ese y otros municipios de Chiapas. Hoy, esa alcaldía es la única en toda la República Mexicana que celebra el “Día del Ministro de Culto” (17 de agosto) desde hace dos años.
PALABRA DE HONOR: En breve, embajadores de varios países acreditados en nuestro país se reunirán con Ministros de Culto y líderes evangélicos para que los religiosos den su versión sobre lo que sucede en el país, donde no todos somos felices, felices, felices.
Fuente: Eje Central
