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En una entrevista concedida al diario ABC, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española asegura que tener en cuenta «la demanda social» a la hora de abrir nuevos centros educativos católicos «es bastante democrático»

Entrevista del diario Abc a Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española:

El Gobierno acorrala a la educación católica. Su reforma de la Lomce deja a la asignatura de Religión sin su alternativa y anula la posibilidad de crear nuevos centros concertados católicos aunque exista «demanda social», ¿qué espera usted de la reunión con la ministra Celaá este lunes?

Esperamos poder dialogar de estas cosas y poder dialogar precisamente de la preocupación que sentimos la comunidad educativa católica y la Iglesia sobre la educación en general. Pero es verdad que la reforma anunciada pone especial acento en la clase de Religión y en la escuela concertada. Sobre el criterio de la «demanda social» nos parece un criterio bastante democrático, ya que es la propia sociedad la que puede demandar que haya un nuevo colegio o que se abran nuevas líneas. La reforma además propone una presencia de las administraciones públicas en el consejo escolar. Esa presencia es legítima en la inspección de los concertada para verificar que cumpla la legislación vigente, pero no nos parece tan oportuno que en la dirección del centro, en el consejo escolar, intervengan otras personas distintas de la comunidad educativa.

¿Tienen esperanza de poder reconducir la reforma educativa teniendo en cuenta los socios de Gobierno de Pedro Sánchez?

Nosotros hemos reivindicado antes y ahora la importancia de un diálogo y de un pacto educativo y eso es lo que seguimos diciendo, sabiendo que el corazón y las grandes líneas del pacto educativo están ya en el artículo 27 de la Constitución Española.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una comisión para revisar si los bienes de la Iglesia deben pagar IBI pero no incluirá al resto de organizaciones que al igual que la Iglesia se benefician por la Ley de Mecenazgo de esta subvención indirecta, ¿se siente discriminada la Iglesia?

Si fuese así, sí. Si el cambio de la Ley de Mecenazgo afectase solo a los bienes de la Iglesia sería una discriminación evidente porque estamos hablando de que la Iglesia está reconocida por el propio Estado español como una organización de carácter no lucrativa y como organización no lucrativa está exenta del pago del IBI en muchos de sus inmuebles. Si la Iglesia viera que en otras organizaciones de carácter no lucrativas siguen exentas del IBI y la Iglesia no, sería una discriminación.

También está preparando una lista para revisar las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia, ¿teme la Iglesia la pérdida de bienes valiosos como la Catedral-Mezquita de Córdoba?

La inmatriculación no da el derecho de propiedad. Es una acto jurídico por el que en el Registro de la Propiedad se inscribe un bien que no estaba inscrito. La propiedad se demuestra no por la inmatriculación sino con otro tipo de documentos o posesión pacífica a lo largo del tiempo. Por eso es muy injusto y demagógico decir que una diócesis ha comprado por 35 euros, que es la tasa que se paga en el Registro por inmatricular, una catedral.

La izquierda radical habla de «acabar con los privilegios» de la Iglesia, pero nadie habla de los derechos de los ciudadanos a ejercer su libertad religiosa, ¿cree que estamos volviendo sobre nuestros propios pasos ahora que nos preparamos para celebrar el 40 aniversario de la Constitución?

Precisamente la Constitución española, como no podría ser de otra manera a la hora de querer ser una constitución democrática y a la altura de nuestra sociedad occidental, afirma el derecho a la libertada religiosa. Gracias a la Constitución los acuerdos Iglesia-Estado han logrado un desarrollo importante en España. Esos acuerdos establecen unas reglas de juego que permiten la presencia de la Iglesia en muchos ámbitos y que muchos tienen que ver con el Estado del Bienestar, como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

¿Usted aterriza en la secretaria general en un momento delicado para la Iglesia por los casos de abusos sexuales, ¿tiene previsto la CEE pedir algún informe al estilo de la Conferencia Episcopal alemana para conocer el alcance real de los abusos en la Iglesia española?

Para la Iglesia cualquier caso es grave por lo que significa la relación de confianza que los menores pueden tener con los sacerdotes. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, el número de casos que afecta al clero con respecto a los casos que hay en España, no es muy grande pero es muy grave. No siendo muy grande es muy grave. Existen unos protocolos, que ahora están en fase de renovación por una comisión de la Conferencia Episcopal que nos dicen lo que debemos hacer ante un caso de abuso en lo que se refiere a la denuncia ante las autoridades civiles. En lo que se refiere a la prevención hay que revisar todo el camino de preparación de las personas que van a asumir una responsabilidad y cercanía con los más pequeños.

Los expertos en abusos sexuales dicen que las víctimas no denuncian por miedo a ser estigmatizadas, ¿tiene la CEE pensado tomar alguna medida para facilitar que las víctimas hablen? Hay algunas diócesis en EE. UU. que han creado una línea de atención telefónica gratuita…

Puede ser. Los pasos a dar, teniendo en cuenta las experiencias de otras diócesis, podrían salir de la reunión del Papa con los presidentes de la Conferencia Episcopales del mundo en febrero. Seguramente este encuentro nos dará pistas concretas en este camino.

¿No cree que a la Iglesia le ha costado mucho reaccionar?

Puede ser, pero también puede haber ocurrido que en la Iglesia española no haya habido muchos casos. Puede que hayamos estado mirando a otro sitio… precisamente por eso queremos ahora abordar la situación.

¿Por qué la CEE prioriza la creación de una comisión para revisar los protocolos y no facilita, en cambio, que las víctimas puedan denunciar sus casos y sean atendidas?

Hasta aquí cada Iglesia particular ha pensado que tenía su propio cauce. Lo que tenemos que revisar ahora en el conjunto de la Iglesia universal es si este criterio que ha sido asumido por otras Conferencia Episcopales puede ser acogido como una pauta general para todas las Iglesias del mundo…

España sigue amenazada por el proceso soberanista catalán. Algunos católicos reprochan a los obispos que han dejado de defender abiertamente «la unidad de España» como «un bien moral» –tal como lo hicieron en 2006 en el documento «Orientaciones morales ante la situación actual de España»–, ¿no cree que ahora es más necesario que nunca una reflexión clara y contundente de los obispos frente a los que quieren romper España?

La mayoría de los obispos han suscrito lo que está en ese documento al que usted ha hecho referencia. Pero nuestro desafío mayor en este momento es cómo poder servir a la comunión y al diálogo. Para que haya un verdadero diálogo tiene que haber una capacidad de escucha y la intuición y la esperanza de que hay una verdad mayor. Esto tiene que ver con la verdad histórica y con el cumplimiento de las leyes. Se pone mucho el acento en lo que ocurrió el 1 de octubre, pero ya habían ocurrido cosas en septiembre. El propio estatuto de autonomía de Cataluña y el reglamento del Parlamento no se cumplieron al menos del todo. Para poder abordar este asunto debemos abrirnos todos a la escucha de unos y de otros y reconocer la importancia de querer encontrarnos desde algunas afirmaciones comunes, que permitan el diálogo, la búsqueda de la verdad y el derecho a organizarnos como pueblo. La Constitución (de la que ahora celebramos 40 años) es algo valioso, que nosotros defendemos, pero no sacralizamos. Puede ser modificada, pero hay que seguir las reglas de juego para su modificación. Para poder ser modificada, primero ha de ser respetada.

Fuente: InfoCatólica

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha dicho alegrarse del «vuelco electoral en Andalucía producido el pasado 2 de diciembre en las elecciones autonómicas», que «ha sido espectacular», y que ha achacado, entre otras cuestiones, a las «promesas incumplidas», sin nombrarlo, del Gobierno socialista, y también a los ataques a «la libertad religiosa», reclamando «la propiedad pública de la Mezquita-Catedral» con «argucias».

En su carta semanal, Demetrio Fernández ha opinado que el citado vuelco electoral «ha superado con creces las expectativas y los temores de unos y de otros». En su opinión este vuelco se debe al hecho de que «el cristiano no es ajeno a lo que sucede en este mundo; por el contrario, intenta con los medios a su alcance transformar la sociedad para hacer un mundo nuevo, más justo, más humano, más fraterno, más con Dios y más para el hombre».

«El cristiano recurre sobre todo a los medios sobrenaturales de la oración, de la confianza en Dios, del amor fraterno que Jesús nos ha enseñado y, al mismo tiempo, trabaja y se compromete en la transformación de este mundo, mediante el compromiso político concreto que cada uno estima en conciencia», ha añadido el obispo.

En consecuencia, el obispo ha dicho alegrarse «de que esta sociedad andaluza, que muchos de dentro y de fuera desprecian o minusvaloran, haya sido capaz de dar un vuelco de este calibre, rompiendo una inercia casi imposible de superar. De esta manera Andalucía se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos en la sociedad española».

De hecho, según ha subrayado, «Andalucía tiene una sensibilidad propia, sabe lo que quiere y a donde va» y, por eso, «harta de promesas incumplidas, que la tienen a la cola en tantos aspectos, pide a gritos ser protagonista de su propia historia, y que no contradigan sus sentimientos más nobles».

Ello ha llevado al vuelco electoral, porque, a juicio de Demetrio Fernández, «no se puede estar contradiciendo la sensibilidad de un pueblo religioso y cristiano, un pueblo que pide respeto para sus tradiciones religiosas y que está dispuesto a respetar a los demás. No se puede estar atacando la libertad religiosa impunemente, reclamando la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba con argucias que no se sostienen, ni por parte de los que las montan».

«No se puede trocear España»

«No se puede ir contracorriente queriendo construir un mundo sin Dios, en el que caben todos menos el Dios que ha configurado nuestra historia. No se puede trocear España, sin que eso tenga un precio político. No se puede pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería social que descomponen la persona y destrozan las conciencias».

De igual forma, según ha resaltado el obispo en su carta, «no se puede eliminar la vida inocente al inicio o al final de la vida, y esperar que encima los voten. Los andaluces son sensibles a todo esto, y han querido decir en las urnas cuál es el futuro que quieren para ellos y para sus hijos».

Un Gobierno sin corrupción

En cuanto a quienes conformarán el nuevo Gobierno de Andalucía, el obispo ha avisado que «ahora viene la responsabilidad de los que han obtenido la confianza de los electores. Le pedimos a Dios y a su Madre bendita que sepan gestionar bien el encargo de quienes los han votado y de toda la sociedad a la que sirven».

«No se trata de ninguna revancha, se trata de una renovación y regeneración de la noble tarea política, librándola de toda corrupción. No se trata de ningún protagonismo personal o de partido, sino de la cultura del encuentro, del pacto y del consenso para buscar lo mejor en favor de la sociedad a la que sirven».

«No se trata de ninguna revancha, se trata de una renovación y regeneración de la noble tarea política, librándola de toda corrupción», afirma el obispo de Córdoba

En este sentido, el obispo ha señalado que «los electores de Andalucía han demostrado que saben a quien votan, y lo mismo que hoy han dado un vuelco electoral, pueden darlo dentro de un tiempo, si los actuales votados no saben gestionar bien el encargo recibido. Los andaluces han dado un paso histórico para decirles a los políticos por donde quieren construir su propio futuro, y que no se lo den ya construido o deconstruido».

En cualquier caso, «sea cual sea la alianza a la que lleguen los políticos encargados por el pueblo de gobernar, seguiremos recordándoles la necesidad de atender a los más pobres. En nuestra provincia y en nuestra región están los barrios más pobres de España; entre nosotros tenemos la tasa más alta de paro, especialmente entre los jóvenes, que tienen que emigrar para buscarse un futuro digno».

En su carta el obispo ha recordado otros asuntos como el aborto o la eutanasia: «Entre nosotros continúa eliminándose la vida en el seno materno y se proyecta eliminarla en la etapa final de la vida», ha dicho.

En definitiva, «son muchas las cosas que tiene que cambiar, y todo no puede hacerse en un día. Cuenten nuestros gobernantes —sean los que sean-—que la comunidad cristiana reza por ellos, como lo ha hecho y seguirá haciendo siempre», concluye el obispo.

Fuente: Público