La India criticó hoy un informe de Estados Unidos sobre la libertad religiosa en el país asiático, en el que se destacan los ataques crecientes a minorías como la musulmana, dos días antes de la visita oficial del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
«No vemos legitimación procesal para que una entidad extranjera o un gobierno se pronuncie sobre el estado de los derechos protegidos constitucionalmente de nuestros ciudadanos«, afirmó el portavoz del ministerio de Exteriores indio, Raveesh Kumar, en un comunicado.
Según el portavoz, la nación asiática es una «democracia vibrante» que protege el derecho de libertad religiosa y está «orgullosa de sus credenciales seculares».
La condena llega después de la publicación el pasado viernes del Informe sobre la Libertad Religiosa de 2018 del Departamento de Estado de EEUU, que en su apartado sobre la India destaca el aumento de los incidentes violentos contra las minorías en la India.
«Los ataques colectivos por grupos extremistas hindúes violentos contra comunidades minoritarias, especialmente musulmanes, continuaron especialmente durante el año entre rumores de que las víctimas transportaban o mataban vacas por su carne», dice el documento.
En la mayoría de regiones de la India, el sacrificio de este animal considerado sagrado por el hinduismo está prohibido.
Desde la llegada al poder del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) en 2014, se han multiplicado los incidentes de linchamientos por parte de grupos radicales, autodenominados protectores de vacas, que patrullan con palos y pistolas y atacan a aquellos que creen que matan a estos animales.
Algunos altos cargos del partido «mayoritario hindú» BPJ «han dado discursos incendiarios contra las comunidades minoritarias», recoge el documento.
El próximo martes está prevista una visita oficial de dos días de Pompeo a la India, la primera desde la reelección de Narendra Modi al puesto de primer ministro el pasado abril, con el tema comercial como una de las prioridades de su agenda.
Estados Unidos está preocupado por la falta de igualdad y de acceso al mercado de la empresas estadounidenses, así como medidas recientes del Gobierno indio como el aumento de los aranceles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció varios casos de violaciones de este derecho en su informe 2018
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes el Informe 2018 sobre la Libertad Religiosa en el mundo en el que denunció diversos casos de violaciones a estos derechos en Cuba, por lo que le exige al régimen sea respetada esta libertad.
El informe se basó, principalmente, en reportes ofrecidos por las organizaciones Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés) y Ayuda Humanitaria Evangélico-Cristiana para Cuba (EchoCuba), así como agencias de prensa independientes.
Estos medios de comunicación, indicó el Departamento de Estado, continuaron denunciando la detención y hostigamiento a miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, entre los que se encuentran el movimiento Damas de Blanco, con su vocera Berta Soler a la cabeza.
Nombres como el de Mitzael Díaz Paseiro, hoy preso político, y el de su esposa la opositora Ariadna López Roque, y el coordinador del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez, son mencionados como ciudadanos hostigados por las autoridades mientras intentaban ejercer sus derechos a la libertad de religión.
Algunas de las cifras recogidas por el informe indican que la membresía de las iglesias protestantes ronda el cinco por ciento del total de la población cubana, lo que representa unos 11.1 millones de habitantes, mientras la Iglesia Católica estima que entre el 60 y 70 por ciento de la población cubana se identifica con esta fe cristiana.
Las Asambleas de Dios reportaron aproximadamente 150,000 miembros mientras las cuatro convenciones bautistas existentes estiman en 100,000 su membrecía.
En cuanto a las prácticas de gobierno, la libertad religiosa sigue siendo golpeada a pesar de la legislación que prohíbe la discriminación por este motivo.
EchoCuba, citado en el informe, dijo que Asuntos Religiosos “aprobó algunas solicitudes de registro, pero tomó de dos a tres años hacerlo, a partir de la fecha de solicitud”.
“El gobierno utilizó amenazas, detenciones y otras tácticas coercitivas para restringir ciertas actividades de líderes y grupos religiosos y aplicó la ley de manera arbitraria”, señala el informe.
No es la primera vez que el Gobierno estadounidense exige al régimen cubano que respete el derecho a la libertad religiosa, puesto que a finales del 2018 delegó una comisión con el único fin de denunciar los casos de censuras de este tipo.
La blasfemia es un asunto incendiario en Pakistán, de mayoría musulmana, donde las acusaciones por ofender al islam han provocado linchamientos.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, urgió este viernes a Pakistán a hacer más para frenar el abuso de las leyes de blasfemia después de la liberación de Asia Bibi, quien escapó de una sentencia de muerte en un caso de repercusión internacional.
En la presentación de un informe anual sobre la libertad religiosa internacional, Pompeo estimó que más de 40 personas cumplían cadena perpetua o se enfrentaban a ejecuciones por blasfemia en Pakistán.
«Seguimos pidiendo su liberación y alentando al gobierno a designar a un enviado para abordar cuestiones de libertad religiosa«, dijo Pompeo.
La blasfemia es un asunto incendiario en Pakistán, de mayoría musulmana, donde las acusaciones por ofender al islam han provocado linchamientos, aunque los activistas dicen que muchos casos derivan de conflictos personales.
Bibi, de religión católica, fue condenada a muerte por blasfemia en 2010. Pese a protestas públicas en su contra, fue absuelta en apelación el año pasado y en mayo pudo salir del país e instalarse en Canadá.
Pompeo también criticó duramente a los adversarios de Estados Unidos, Irán y China, destacando detenciones en este último de alrededor de un millón de musulmanes, sobre todo del grupo de la etnia uigur, y su «intensa persecución» de budistas tibetanos, cristianos y al movimiento espiritual Falun Gong.
Aunque la administración de Donald Trump siempre se ha cuidado de criticar a su aliado Arabia Saudita, el informe habla de abusos generalizados en el país donde se promueve la escuela puritana Wahabi del Islam sunita.
El informe citó a grupos no gubernamentales y dijo que Arabia Saudita ha detenido a más de 1.000 chiítas desde 2011, principalmente por delitos no violentos, como participar o promover protestas en las redes sociales.
Sam Brownback, embajador general de la libertad religiosa internacional, se dijo decepcionado por la falta de cambios desde el ascenso del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.
«Creo que al principio había mucha esperanza en el cambio de liderazgo de que las cosas se abrirían sustancialmente. Necesitamos ver que las acciones tomen una dirección positiva», dijo a periodistas.
Arabia Saudita «sigue siendo uno de los peores actores de la persecución religiosa en el mundo», dijo Brownback.
En abril, mes que está fuera del tiempo analizado en el informe sobre 2018, Arabia Saudita llevó a cabo una ejecución masiva de 37 personas, la mayoría chiítas.
Agrupaciones humanitarias dijeron que uno de los chiítas saudíes fue crucificado después de ser decapitado, mientras que el jefe de derechos de la ONU dijo que al menos tres de los ejecutados eran menores cuando fueron acusados.
Informe del Departamento de Estado señala represión contra las iglesias y la politización oficialista de algunas actividades religiosas.
El Departamento de Estado de EE. UU incluyó este viernes en uno de los acápites del “Informe Internacional de Libertad Religiosa”, las violaciones en esta materia cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde abril de 2018.
El informe presentado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, este viernes, registra en uno de sus capítulos los principales ataques que han sufrido líderes de la iglesia Católica nicaragüense al mostrar apoyo a la ciudadanía que ha sido atacada desde el estallido de la crisis sociopolítica.
Junto a Pompeo, el embajador estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, dijo que en Nicaragua los líderes religiosos están constantemente bajo amenazas, intimidaciones y persecución.
El reporte menciona el ataque de 15 horas contra la iglesia de la Divina Misericordia, donde se refugiaban 200 personas, explica que el Gobierno calicó al clero de “terrorista y mente peligrosa”, menciona el ataque contra el padre Edwin Román en Masaya, a manos del mismo comisionado Ramón Avelán, las agresiones contra religiosos en la parroquia de San Sebastián en Diriamba, incluido el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, así como las amenazas al obispo Silvio Báez, entre otros casos.
ACTIVIDADES RELIGIOSAS POLITIZADAS
La documentación expuesta por el Departamento de Estado también refleja que los líderes religiosos han expuesto que el Gobierno de Nicaragua ha utilizado y celebrado manifestaciones religiosos con fines políticos que han causado molestia y descontento.
“Dijeron que si bien estas acciones gubernamentales habían ocurrido durante años, se habían vuelto más frecuentes y se habían desarrollado mensajes más sólidos en el contexto de la política nacional”, detalla el informe.
Un ejemplo citado por las autoridades religiosas y reportado por los medios de comunicación, fue la celebración católica de San Jerónimo en Masaya, un evento tradicional de una semana de duración que la iglesia se negó a celebrar por la crisis sociopolítica.
“El clero canceló las estas patronales tradicionales para respetar el luto de las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas y anunció que en su lugar marcaría la ocasión con una misa. Los funcionarios del gobierno municipal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con la policía local, ignoraron la decisión del clero local y celebraron un desfile con una réplica de la estatua del santo patrón original. Tocaron a gran volumen una mezcla de música religiosa y partidista fuera de la iglesia durante la misa”, describe el documento.
En otro caso, “un líder evangélico dijo que había solicitado al Gobierno que no participara en una celebración religiosa; sin embargo, a pesar de la solicitud, un funcionario del Gobierno acudió al evento y los medios estatales insistieron en que el líder religioso concediera una entrevista”.
Religiosos y congregaciones informaron sobre las barreras para su trabajo de voluntariado basado en la fe en las cárceles, restringiendo principalmente a los sacerdotes el acceso a los penales.
El informe detalla que “los medios oficiales, sin embargo, informaron que los presos asistían a celebraciones católicas y evangélicas protestantes. Varios líderes católicos dijeron que, a partir de julio, los guardias de las prisiones también negaron que el clero católico fuera considerado crítico con el acceso del Gobierno a los presos políticos varones, lo que les impide ofrecer sacramentos religiosos como la comunión y la confesión a los detenidos”.
CONTROL Y AHOGAMIENTO FINANCIERO
Según el informe, tanto líderes católicos como evangélicos informaron de represalias financieras contra críticos del FSLN.
El Gobierno proporcionó o retuvo exenciones de impuestos para iglesias individuales sobre la base de la afiliación política del liderazgo de cada denominación.
“El Gobierno también recortó las asignaciones presupuestarias nacionales para las iglesias católicas y protestantes evangélicas individuales, que representaron una reducción del 42%, pasando de US$1.3 millones a US$740,000, luego de las manifestaciones antigubernamentales”, describe el documento.
Agrega que “los funcionarios del Gobierno dijeron que los recortes eran parte de una disminución general del presupuesto, mientras que las investigaciones de los medios informaron revelan que la reducción de las asignaciones estaba dirigida específicamente a las iglesias que brindaban apoyo a los manifestantes heridos y en peligro”.
“Tanto los líderes católicos como los protestantes dijeron que había investigaciones de sus organizaciones por parte del organismo gubernamental contra el lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), principalmente por transacciones financieras que el Gobierno dijo que estaban vinculadas a las protestas”, se lee en el reporte de 10 páginas dedicadas a las violaciones hacia las entidades religiosas nicaragüenses.
OBLIGACIONES COMO ONG
El informe manifiesta que los líderes de iglesias no católicas dijeron que el uso del de la UAF por parte del Gobierno y otros mecanismos de represalia como las que se hacen a las ONG, algunas que incluso perdieron sus personerías jurídicas, “los hace particularmente vulnerables a las acciones gubernamentales”, particularmente porque a diferencia de los católicos, estas iglesias son controladas por el Ministerio de Gobernación y deben presentar informes periódicos.
El Departamento de Estado refleja que en Nicaragua algunas denominaciones religiosas deben contar con requisitos para obtener registros oficiales, similares a los de las organizaciones no gubernamentales (ONG), después de cumplir con requisitos de asociación deben ser aprobados por Gobernación.
Por otra parte, aunque la iglesia Católica no está obligada a registrarse, las organizaciones dedicadas a la caridad u otro trabajo social aliado a la iglesia Católica se deben registrar, también los religiosos o misioneros que desean evangelizar en el país deben, según el Gobierno de Nicaragua, “proporcionar información sobre la naturaleza de su trabajo misionero antes de que el Ministerio del Interior (Gobernación) autorice la entrada al país”.
Los representantes de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua se reunieron regularmente con líderes de una amplia variedad de grupos religiosos, entre ellos católicos y una diversa selección de grupos evangélicos protestantes, la Iglesia Luterana Morava, la Asociación Islámica de Nicaragua y la comunidad judía.
En estas reuniones, los representantes de la embajada discutieron las preocupaciones sobre la politización de la religión, las represalias gubernamentales contra los grupos religiosos activos, las limitaciones a la libertad de religión y la posibilidad de mantener grupos de trabajo interreligiosos para promover el respeto por la libertad religiosa, la diversidad y la tolerancia.
Según el Departamento de Estado, han tomado en cuenta las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó sobre «graves violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales en Nicaragua», además de agregar detalles de las revelaciones de Amnistía Internacional, donde describe que en octubre el Gobierno de Ortega había implementado una estrategia de represión.
El informe cita que “la Constitución prohíbe la discriminación basada en la religión; proporciona la libertad de creencia religión y adoración y declara que nadie «estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o sus creencias».
El Gobierno arremetió hoy contra Irán por «reprimir» a las minorías religiosas de su país y avisó a China de que habrá «consecuencias» si continúa intentando «eliminar» la cultura de los musulmanes uigures que viven en la región noroccidental de Xinjiang.
«A aquellos que violan la libertad religiosa, EE.UU. está observando y tendréis que rendir cuentas«, amenazó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una rueda de prensa para presentar el informe de su Gobierno sobre libertad religiosa, relativo a 2018.
Pompeo consideró que el «ajuste de cuentas» del «régimen iraní» contra los cristianos, judíos y otras minorías religiosas «debería remover la conciencia de cualquiera«.
Irán se define en su Constitución como una República Islámica y, en opinión de Washington, eso se traduce en «ejecuciones«, «torturas» y «encarcelamientos» para aquellos que no siguen las directrices del chiísmo, según testimonios de varias ONG, que recoge el Departamento de Estado en su informe.
En respuesta a ese comportamiento, Washington avisó de que habrá «consecuencias» si Pekín continúa «tratando de eliminar la cultura y la fe» de esas minorías y de los musulmanes uigures que viven en Xinjiang, donde se estima que un millón de miembros de esa minoría han sido privados de libertad.
«Le decimos esto a China, no se equivoquen, no van a ganar su guerra contra la fe. Habrá consecuencias por su posición en el interior de su país y en todo el mundo», subrayó Brownback.
Brownback aseguró que Washington ha detectado un «aumento» en la represión contra las minorías religiosas y que, esas acciones, se han «generalizado» a todo el país.
Desde 1999, China figura en la «lista negra» de países que, según el Gobierno, violan la libertad de culto y, como consecuencia, no puede importar equipos electrónicos estadounidenses destinados a vigilancia.
El Departamento de Estado incluyó por primera vez en ese documento una sección específica sobre de Xinjiang.
Expertos, exiliados y organizaciones aseguran que los miembros de esas minorías -con ciudadanía china- están encerrados en campos de adoctrinamiento, que el Gobierno chino define como «centros de reeducación«.
El informe recoge denuncias de varias ONG y artículos de medios que aseguran que los detenidos han sufrido «desapariciones forzosas, torturas, abusos físicos y detenciones prolongadas sin un juicio debido a su religión o su etnia«; y destaca: «Ha habido reportes de prensa sobre muertes entre los presos«.
En Xinjiang, las autoridades utilizan no solo la más avanzada tecnología de reconocimiento facial, sino también el análisis de datos personales para «vigilar y hacer seguimiento«, tal y como ha denunciado la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch .
El Gobierno no ha podido acceder a Irán ni a Xinjiang y, por eso, esas partes del informe se basan en reportes de prensa y denuncias de varias ONG.
El documento presentado hoy se elabora anualmente por orden del Congreso, y urge al secretario de Estado a decidir en un plazo de 90 días si hay algunos países «de preocupación especial» por la falta de libertad religiosa, lo que puede restringir la ayuda económica a esas naciones.
No obstante, el secretario de Estado puede decidir incluir a un país en esa lista negra pero no aplicarle sanciones si eso está en el interés de EE.UU., como ha ocurrido en los últimos años en el caso de Arabia Saudí.
En su rueda de prensa, Pompeo no mencionó la política de Riad contra aquellos que se oponen al wahaismo (corriente musulmana del sunismo); pero, al ser insistido por la prensa, Brownback reconoció que Arabia Saudí, socio estratégico de EE.UU. en Oriente Medio, es «uno de los peores actores del mundo en libertad religiosa«.
Los países que están actualmente en la «lista negra» por «violaciones sistemáticas, continuas y graves de la libertad religiosa«, son China, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte y Sudán.
Otras cuatro naciones (Pakistán, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán) figuran también en ese listado, aunque está exentas de sanciones por «razones de seguridad nacional«.
Pompeo hará pública la lista de los países que entran o salen de esa «lista negra» en 90 días.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha extendido un año las sanciones contra Corea del Norte, según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano.
«La existencia y el riesgo del aumento de armas en la península de Corea y las acciones y políticas del Gobierno de Corea del Norte continúan siendo una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional,, política extranjera y economía de Estados Unidos», ha indicado Trump en el comunicado.
El enviado de Estados Unidos para la libertad religiosa, Sam Brownback, ha señalado que las sanciones se usarán por sus «horribles» registros sobre Derechos Humanos y libertad religiosa.
«Corea del Norte es horrible en Derechos Humanos y libertad de religión», ha indicado Brownback, quien ha puesto el ejemplo de una mujer que fue enviada a prisión por tener una Biblia, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó el 11 de junio que una tercera cumbre entre el presidente estadounidense y Kim es posible, si bien dijo que la pelota está en el tejado de Pyongyang.
Aunque Corea del Norte ha mantenido su promesa de no realizar ensayos nucleares o de misiles intercontinentales, Bolton dijo que Washington mantiene su «campaña de máxima presión» porque Kim aún no parece haber tomado la «decisión estratégica de abandonar la búsqueda de armamento nuclear».
El propio Trump afirmó la semana pasada que había recibido una «bonita» y «muy cálida» misiva enviada por el líder norcoreano, al tiempo que describió su relación con Kim como «muy buena».
La última cumbre celebrada en Hanoi en febrero terminó sin acuerdo y desde entonces los esfuerzos diplomáticos parecen estar estancados. Pyongyang ha advertido de que su paciencia tiene un límite y de que Washington debe cambiar su «enfoque» hacia Corea del Norte y acabar con su hostilidad.
En la ofensiva republicana contra el aborto, el Gobernador de Georgia, Brian Kemp, ha firmado una ley que prohibirá el aborto si puede detectarse el latido del corazón del feto. Hasta el momento, las mujeres del Estado de Georgia podían someterse a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 20 de gestación. Con la nueva ley, este periodo puede quedar limitado a seis semanas, un plazo en el que muchas mujeres incluso no saben a veces que están embarazadas.
La ley determina que “ningún aborto será autorizado o se llevará a cabo, si se comprueba que late el corazón del no nacido”. Dicha ley ha ha llegado al Capitolio estatal bajo el código HR 481 y lleva por nombre “Ley de Igualdad y Justicia para los Infantes Vivos”. La norma pasó por 92 votos frente a 78 el pasado 29 de marzo y este martes el Gobernador la ha hecho ejecutiva.
La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el monumento denominado “Peace Cross” (Cruz de la Paz) levantado en homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial, podrá permanecer en los terrenos públicos del Estado de Maryland.
El jueves 20 de junio, con una votación de 7 contra 2, la Corte dictaminó que la imagen de 12 metros, ubicada en el poblado de Bladensburg, no viola la “cláusula de establecimiento” de la primera enmienda y puede permanecer en terrenos públicos y ser conservada mediante impuestos.
La primera enmienda, que rige desde 1791, establece entre otras cosas que está prohibida la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión o que impida la práctica libre de la misma.
La decisión judicial fue redactada por el juez Samuel Alito, a la que se unió el presidente de la Corte, John Roberts, y los jueces Stephen Breyer y Brett Kavanaugh. Las juezas Elena Kagan y Clarence Thomas estuvieron de acuerdo con algunas partes de la opinión de Alito; mientras que los jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor votaron en contra.
La Corte Suprema revirtió la decisión previa de un tribunal inferior, según el cual el monumento era inconstitucional debido a su expreso simbolismo religioso. La ONG atea “Asociación Humanista Estadounidense” había argumentado durante el juicio que existía un “enredo” entre el gobierno y la religión.
La Cruz de la Paz se instaló en 1925 para honrar a 49 soldados del Condado de Prince George (Maryland) que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Actualmente, el terreno es propiedad de Maryland-National Capital Park y la Comisión de Planificación, una agencia del gobierno.
En su fallo, la Corte Suprema determinó que la eliminación de un monumento de larga data como la Cruz de la Paz “ya no puede parecer neutral, especialmente para la comunidad local por la que ha adquirido un significado particular”.
“Un gobierno que recorre la tierra, derribando monumentos con simbolismo religioso y borrando cualquier referencia a lo divino considerará a muchos como agresivamente hostiles a la religión. Los regímenes seculares militantes han llevado a cabo tales proyectos en el pasado, y para aquellos con conocimiento de la historia, la imagen de los monumentos que son derribados será evocadora, perturbadora y divisoria”, agregó el fallo.
Michael Carvin, un abogado del grupo de veteranos de la Legión Estadounidense, dijo a Reuters que “esta decisión simplemente afirma el entendimiento histórico de la primera enmienda y permite al gobierno reconocer el valor y la importancia de la religión”.
Kelly Laco, una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, agregó que la “decisión de la corte hoy es una victoria para proteger la libertad religiosa y la tradición histórica estadounidense”.
También elogió la decisión Luke Goodrich, vicepresidente y abogado principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, quien considera el monumento como “parte importante de la historia y la cultura de nuestra nación”.
Finalmente, Andrea Piccotti-Bayer, asesor legal de The Catholic Association, una organización dedicada a defender la libertad religiosa, la vida y la Iglesia en la plaza pública, elogió a la Corte Suprema por su “sentido común y claridad” al decidir que el monumento es constitucional.
“La Constitución no requiere eliminar los grandes símbolos del pluralismo religioso de Estados Unidos de la plaza pública”, dijo Piccotti-Bayer en un comunicado enviado a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI–.
A través de un comunicado divulgado esta semana, la Asociación de Líderes Católicos Latinos (CALL, en la sigla en inglés) manifestó su indignación con el proyecto de ley SB 360, que violaría el secreto de confesión en el estado de California (Estados Unidos).
De acuerdo con el documento, el proyecto de ley es «un intento de minar la libertad religiosa, pues los católicos se aproximan al sacramento de la Confesión para examinar sus consciencias y pedir la absolución».
«Esta práctica es única para nuestra Fe Católica y cualquier intento por parte del gobierno de legislar sobre lo que es sagrado solo puede ser vista como un ataque contra los católicos y una violación de la libertad religiosa concedida por la Constitución de los Estados Unidos», resalta el comunicado.
Originalmente, el proyecto de ley ordenaba que los sacerdotes de California quebrasen el sigilo de confesión siempre que tuviesen conocimiento o sospecha de abuso infantil, al escuchar la confesión de cualquier penitente.
Posteriormente, el texto fue alterado por el comité de designación del Senado; entretanto, todavía obligaría a los sacerdotes a informar a las autoridades policiales sobre cualquier conocimiento o sospecha de casos de abuso infantil a partir de informaciones obtenidas a través de la confesión de otro sacerdote. El proyecto sigue para el plenario donde será debatido y votado.
Después de manifestar el horror en relación a los abusos sexuales cometidos por algunos miembros del clero y expresar total solidaridad a las víctimas, los líderes latinos resaltaron que «no se puede permanecer en silencio cuando una persona electa intenta legislar para establecer límites a nuestra libertad religiosa. El proyecto SB 360 no puede ser realizado, no protege a los niños y solo puede ser descrito como un ataque vehemente contra nuestra fe y prácticas católicas. Por favor, opónganse al proyecto SB 360», dice una carta enviada a Anthony Rendon, presidente de la Asamblea Legislativa de California. (EPC)
El Life Issues Institute, una entidad provida con sede en Estados Unidos, lanzó un video en el que explica los graves riesgos físicos y psicológicos que trae para las mujeres el aborto con misoprostol.
En el video titulado “A closer look at the chemical abortion” (Una mirada más de cerca al aborto químico), Donna Harrison, directora ejecutiva de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Provida, explica el proceso del aborto con misoprostol y sus graves riesgos.
En este tipo de aborto, dijo Harrison, la mujer toma dos fármacos o drogas: “La primera droga es mifepristona, con el nombre de mifeprex. Y esta primera droga se toma para bloquear los efectos de la progesterona en el cuerpo de la mujer. Esta droga bloquea la capacidad de su vientre para alimentar y nutrir al bebé. Una segunda droga se administra más tarde y es misoprostol. También se le conoce como cytotec. Esta droga hace que el útero de la mujer se contraiga y expulse al bebé”.
La experta se refirió luego a una investigación en Finlandia que estudió a 42 mil mujeres que se practicaron abortos. Esta mostró que “las pacientes con aborto químico tenían una tasa de complicaciones cuatro veces más alta que las pacientes con aborto quirúrgico”.
“Estas pacientes –precisó– tuvieron hemorragias, tejido retenido y estas son solamente las complicaciones inmediatas, sin siquiera tomar en cuenta las complicaciones a largo plazo”.
La doctora explicó que una de las “complicaciones más graves es una infección mortal llamada infección por clostridium sordellii que suele encontrarse en el suelo”. Normalmente las personas están expuestas a esta, “pero cuando el sistema inmunológico está suprimido como lo está con el mifeprex y con el misoprostol, entonces las mujeres no pueden luchar contra esa infección y eso puede llevar rápidamente a una infección fatal”.
El video muestra luego el testimonio de dos mujeres que pasaron por el aborto con misoprostol. La primera es Tammi Morris que en 1995 ya era madre, se había sometido en el pasado a un aborto quirúrgico y pensó en abortar nuevamente poco antes de casarse, pero esta vez con medicamentos.
A Tammi los médicos le dijeron que todo iba a ser un procedimiento simple y sin dolor. “Estaba desconcertada. Pensé que sentiría dolores menstruales como los que tuve con mi aborto quirúrgico y que terminarían relativamente rápido. Pero no fue así. Eso fue horrible. Estaba sola, asustada y sentía que iba a dar a luz a la misma muerte. No me prepararon para esto”, relató.
“Me dijeron que expulsaría algunos tejidos como coágulos”, pero lo que vio fue “un bebé formado, reconocible, imposible de negarlo. Mi bebé, el bebé de mi prometido. Comencé a sangrar profusamente, más de la cantidad permitida o normal”.
Tammi comentó que después del aborto se sintió “enojada, avergonzada. Era muy difícil sentirme bien porque tenía este secreto. Tuve esta experiencia traumática que no podía compartir con nadie y después de todo ¿cómo puede hacer el duelo abiertamente una madre que mató intencionalmente a su propio hijo en el útero?”.
La historia de Elizabeth Gillette, de Oregon, es similar. Ella fue hace unos años a una clínica de la trasnacional del aborto Planned Parenthood, aunque no estaba segura de abortar.
“Pedí ver el ultrasonido y la doctora dijo que esa realmente no es nuestra política”. Le mostraron una imagen fija y le dijeron: “¿Ves? No hay movimiento. No hay latidos del corazón. Tu embarazo no es viable’. Me mintió porque sabía que estaba en el límite. Ella sabía que quería irme”, recordó.
“Nadie me aconsejó. Nadie me dijo cuáles eran las opciones. Nadie me informó de ningún tipo de centro de ayuda para el embarazo ni nada”, lamentó Elizabeth.
Tampoco le hablaron de las consecuencias psicológicas. “La doctora me había prometido que me sentiría aliviada. No sentí ningún alivio”, sino “una culpabilidad abrumadora. Como una enfermedad interna de la que no podía librarme. Las pesadillas comenzaron poco después. Dejé de comer. Me volví anoréxica. Después me diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático agudo”, relató.
“Todavía no conozco una mujer que no se arrepienta de su aborto”, concluyó.
Al respecto, Donna Harrison explicó que “con un aborto no hay apoyo social. Estas mujeres sufren la pérdida de su hijo y no tienen ningún apoyo social para ello. Y esto lo convierte en un duelo muy complicado. Y es por eso que tienen mayores riesgos de suicidio, abuso de sustancias y depresión crónica grave que requiere hospitalización”.
“El sangrado de un aborto quirúrgico dura un día. El sangrado de un aborto químico puede durar semanas, hasta meses”, precisó.
El Life Issues Institute tiene como sede la ciudad de Cincinnati en Ohio (Estados Unidos). Es una organización provida que se “dedica a cambiar las mentes y los corazones de millones de personas a través de la formación”, según indica su sitio web. Fue fundado en 1991 por J.C. Willke, MD y Bradley Mattes.
