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El Arzobispo de Sydney (Australia), Mons. Anthony Fisher, lamentó la nueva ley que despenalizó el aborto en Nueva Gales del Sur, y recalcó que la Iglesia debe trabajar para ofrecer soporte a las mujeres que estén afrontando embarazos de riesgo.

Este 26 de septiembre el Parlamento de Nueva Gales del Sur despenalizó el aborto por cualquier razón hasta las 22 semanas de embarazo; pasado ese tiempo, permite que se realice si dos obstetras lo aprueban.

Con esta decisión, el aborto se encuentra despenalizado en toda Australia.

Anteriormente, el aborto solo era permitido en Gales si un médico determinaba que la salud física o mental de la mujer estaba en peligro. Incluyendo, por supuesto, en “salud mental” el “estrés económico y social”.

De acuerdo a los partidarios del proyecto de ley, este cambio clarifica aquellos términos que quedaban ambiguos en el Código Penal con respecto al aborto. Pero para aquellos que se oponen a este cambio, esta ley abre la posibilidad de abortar en cualquier momento por cualquier razón, mientras dos médicos lo aprueben.

“Hoy es un día oscuro para Nueva Gales”, dijo Mons. Anthony Fisher en su declaración el 26 de septiembre, en la que califica a la nueva ley de «una derrota para la humanidad«.

“El acta de reforma de la ley del aborto puede ser la peor ley aprobada en Nueva Gales del Sur en la actualidad, porque representa una abdicación tan dramática de la responsabilidad de proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, señalando que “desde la abolición de la pena capital en Nueva Gales del Sur en 1955, es la única forma legalizada de asesinato en nuestro estado”.

El Arzobispo enfatizó que, a pesar que el aborto ahora sea legal en Nueva Gales del Sur, “nuestra compromiso con la vida continua”.

“La preocupación por las embarazadas, las madres y sus bebés sigue presente en todas las agencias de la Iglesia y organizaciones provida”, afirmó.

“La Iglesia Católica, otras iglesias cristianas, las personas de diferentes creencias y hombres y mujeres de buena fe continuarán trabajando juntos para transformar nuestra cultura, para que cada mujer o niño vulnerable sea ayudado y el aborto sea inconcebible”.

La legalización que ha creado oposición de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa del Este, la Iglesia Anglicana de Australia y la Iglesia Presbiteriana de Nueva Gales del Sur, fue retrasada durante el verano por el Consejo Legislativo, por la preocupación de una evaluación apresurada. Finalmente, el proyecto pasó por la Asamblea Legislativa el 8 de agosto por 59 votos a 31.

Según la legislación, seguirá siendo un delito penal que las personas realicen abortos sin las autorizaciones adecuadas, teniendo como pena máxima siete años de prisión. Los médicos también tendrían que obtener el «consentimiento informado» de los pacientes antes de realizar un aborto.

Originalmente llamada la Reforma de la Ley sobre el cuidado de la Salud Reproductiva 2019, el proyecto de ley pasó por varios cambios antes de alcanzar su forma final. Inicialmente, no mandaba ningún asesoramiento o período de consideración para la mujer, según The Catholic Weekly, publicación de la Arquidiócesis de Sydney.

Luego se cambió, para exigir que los médicos den asesoramiento a una mujer que busca un aborto si creen que sería beneficioso, informó The Guardian.

Los críticos del proyecto de ley también objetaron que esta ley requeriría que los médicos con objeciones de conciencia remitieran a las mujeres a otros proveedores de servicios de aborto. En cambio, la legislación final exige que dirijan a las mujeres al sitio web o línea directa de NSW Health, que luego pueden conectarlas con un médico que realizará el aborto.

Otra enmienda prohíbe obligar a una mujer a tener un aborto o evitar que lo haga. El crimen se castiga con hasta dos años de cárcel, informó ABC News de Australia.

Adicionalmente, clarificó que los médicos están obligados de cuidar de los bebés que sobrevivan a una tentativa de aborto, y prohíbe el aborto basado solamente en el sexo del bebé, de acuerdo a ABC News.

En su declaración, Mons. Fisher agradeció a los miembros del Parlamento que se opusieron a la ley, y a aquellos “que trabajan incansablemente en las enmiendas para corregir un poco esta horrible ley”. Además, agradeció a los miembros del público que oraron y hablaron en contra de la ley.

El animó a los católicos a seguir orando y trabajando por los líderes provida, y renovar su compromiso de ayudar a las mujeres embarazadas.

«Todavía podemos poner fin al flagelo del aborto en este estado haciéndolo innecesario, sin importar lo que diga la ley«, dijo el Arzobispo.

Fuente: ACI Prensa

De ahora en adelante, los sacerdotes católicos serán castigados con tres años de prisión en el Estado de Victoria (Australia) si se niegan a informar a las autoridades sobre cualquier acusación de abuso infantil de la que hayan tenido conocimiento durante el sacramento de la penitencia.

«Nadie debe creerse por encima de la ley«, proclamó Daniel Andrews, Primer Ministro de Victoria, con voz triunfante el 11 de septiembre de 2019. La noche anterior, el Parlamento local aprobó su proyecto de ley para quebrantar el secreto de la confesión sacramental.

Una ley especialmente dirigida contra el clero católico: «Ha habido gran controversia en las últimas semanas y meses, especialmente con la Iglesia católica», admitió Daniel Andrews, quien prosiguió en un sofisma digno de Calicles o Protágoras: «Ningún sacerdote tiene derecho a poner su fe o las leyes de la Iglesia por encima de la protección de los niños, que sigue siendo nuestra prioridad».

Recientemente se han adoptado otras leyes similares en el resto del país: Australia del Sur y los territorios del Norte, mientras que Tasmania se prepara para hacer lo mismo.

Pero el enfrentamiento apenas está comenzando: Monseñor Peter Comensoli, arzobispo de Melbourne, advirtió hace algunas semanas que estaba «listo para ir a prisión, antes que violar el secreto de confesión», ordenando a su clero a hacer lo mismo.

Monseñor Julian Porteus, arzobispo de Hobart, Tasmania, hizo pública una declaración similar.

Queda por ver si la justicia australiana está lista para transformar sus prisiones en presbiterios.

Fuente: FSSPX

Australia está considerando una nueva legislación sobre libertad religiosa tras el despido de la estrella cristiana del rugby Israel Folau por sus publicaciones de Instagram sobre el Infierno.

El contrato multimillonario de Folau  fue rescindido a principios de este año después de que estallara un grito en su publicación en Instagram  sobre quién está condenado: «El infierno espera» a «borrachos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, fornicarios, ladrones, ateos, idólatras«, que es una parte de 1 Corintios 6: 9-10.

Añadió: «Los que viven en el pecado terminarán en el infierno a menos que te arrepientas. Jesucristo te ama y te está dando tiempo para alejarte de tu pecado y venir a él».

Se consideró que la publicación infringe el Código de conducta de los jugadores profesionales y Folau fue despedido.

El proyecto de ley permitiría a los australianos expresar su fe fuera del lugar de trabajo, siempre que no haya daños financieros para su empleador, según Reuters .

«Australia tiene un sólido marco antidiscriminatorio con protecciones específicas para las personas contra la discriminación por su edad, sexo, raza y discapacidad», dijo el Procurador General de Australia, Christian Porter, durante un discurso en Sydney.

«Este proyecto de ley publicado hoy extiende esas protecciones para brindar protección a las personas contra la discriminación por motivos de religión o creencias religiosas, o la falta de ellas», agregó Porter.

El proyecto de ley establece criterios para limitar la expresión religiosa privada. Se prohibiría a las empresas con una facturación de más de $ 50 millones imponer limitaciones en la expresión religiosa de una persona en privado, a menos que esa compañía pueda demostrar de alguna manera que causaría «dificultades financieras injustificables a la empresa«. Tal negocio tendría que probar que esas limitaciones en su libertad de expresión eran necesarias para evitar dificultades, por lo que no pueden considerarse no discriminatorias para un empleado.

Las expresiones religiosas que son maliciosas o incitan al odio no estarían protegidas por la nueva ley.

«Muchos consideran que la situación es urgente y se ha aplazado«, dijo Michael Kellahan, director ejecutivo de Freedom for Faith, un grupo de expertos legal cristiano.

«Hubiera sido bueno tener algo de liderazgo en esto».

Los defensores de LBGT dicen que las reformas propuestas otorgarían mayor poder a los grupos religiosos y alentarían la discriminación.

“Estas nuevas disposiciones, radicales van demasiado lejos y la mano una espada a las personas de fe a utilizar sus creencias religiosas para atacar a otros en nuestra comunidad,” Anna Brown, director ejecutivo de la Igualdad de Australia,  dijo .

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, es un cristiano evangélico.

En respuesta a su despido, Folau inició un caso de despido injusto contra Rugby Australia y el club Waratahs de Nueva Gales del Sur. A menos que se llegue a un acuerdo antes de febrero de 2020, el asunto se someterá a juicio.

«Rugby Australia rompió mi contrato de trabajo y terminó mi carrera como jugador por compartir un mensaje de la Biblia«, dijo Folau en julio.

«Debería ser libre de expresar pacíficamente mis creencias religiosas sin temor a represalias o exclusión. Australia es un país multicultural tan sorprendente. Sé que somos lo suficientemente fuertes como para tolerar diferentes puntos de vista sin despedir a las personas de sus trabajos por expresar creencias religiosas que no todos están de acuerdo «.

Es probable que el proyecto de ley de libertad religiosa se introduzca formalmente en el parlamento en octubre.

Fuente: Christian Post

Este miércoles 14 de agosto el Parlamento del Estado australiano de Victoria admitió a trámite un proyecto de ley que incluiría a los sacerdotes en las leyes de denuncia obligatoria en los casos de abusos sexual sin que existan excepciones, incluyendo por tanto la violación del secreto de confesión.

Pocas horas después, el arzobispo de Melbourne, Peter Comensoli, avanzaba en una entrevista en ABC Radio Melbourne que preferiría ir a la cárcel antes que romper este secreto de confesión. “Personalmente guardaré el secreto”, aseguró. Y preguntado sobre si estaría dispuesto a ser encarcelado por ello contestó: “Diré, en mi caso, que sí”.

Se puede perseguir el abuso sin romper el secreto

Según recoge Aciprensa, monseñor Comensoli recalcó que no consideraba como “mutuamente excluyentes” los principios de denunciar el abuso infantil y con el principio de respetar el sigilo sacramental. “Sostengo el principio de informes obligatorios. También me aferro al principio del secreto de la confesión. Mi propia posición es que no veo eso como mutuamente excluyente”, expresó.

En ese sentido, dijo que alentaría a alguien que admitió haber abusado sexualmente de otra persona para que lo cuente a la policía o la autoridad competente.  Además, exhortaría a la persona que confesó el abuso a repetir la revelación nuevamente, pero esta vez fuera del contexto de la confesión, donde el secreto de confesión no se aplicaría y sería libre de denunciar ante la policía.

Ya en 2017, la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil pidió la abolición del sigilo sacramental como uno de los 85 cambios sugeridos para prevenir aún más el abuso infantil. “La confesión en la Iglesia Católica es un encuentro espiritual con Dios a través del sacerdote”, dijo el entonces Arzobispo de Melbourne, Denis J. Hart, en una declaración de agosto de 2017 que respondía la recomendación.

Hart, quien era el presidente de la Conferencia Episcopal de Australia en ese momento, dijo que la confesión “es una parte fundamental de la libertad religiosa y está reconocida en la ley de Australia y muchos otros países”. “Debe permanecer así, aquí en Australia. Fuera de esto, todos los delitos contra los niños deben ser denunciados a las autoridades, y estamos absolutamente comprometidos a hacerlo”, dijo.

Fuente: Religión en Libertad

Tres jóvenes australianos de fe suní han sido condenados este miércoles por quemar una mezquita chií de Melbourne en diciembre de 2016 movidos por la «diabólica ideología» de Estado Islámico.

Se trata de Abdulá Chaarani y Ahmed Mohamed, que han sido condenados a 22 años de cárcel de los que tendrán que cumplir al menos 17 años antes de disfrutar de un régimen abierto, y Hatim Moukhaiber, que ha recibido una pena de 16 años de prisión con un mínimo garantizado de doce años, según informa la cadena australiana ABC.

Los tres condenados, de entre 26 y 30 años de edad, quemaron una mezquita chií del barrio de Fawkner, en Melbourne (sureste). Fueron grabados por las cámaras de seguridad prendiendo fuego al centro islámico Imán Alí con 20 litros de gasolina y un neumático incendiado. No hubo víctimas pero sí daños materiales por valor de 1,5 millones de dólares australianos (unos 940.000 euros).

El magistrado Andrew Tinney, del Tribunal Supremo de Victoria, ha determinado que fue «un ataque contra la libertad religiosa imposible de justificar» que estuvo motivado por la «diabólica ideología» de Estado Islámico. Los condenados escribieron un mensaje en árabe en los muros de la mezquita con frases usadas por la organización terrorista.

Chaarani y Mohamed hicieron un intento de «último minuto» para desvincularse del grupo yihadista. «Ha renunciado ante este tribunal y ante la opinión pública a la ideología de Estado Islámico», ha sostenido la defensa de Chaarani. Sin embargo, el magistrado ha rechazado que se hayan desradicalizado.

Los dos condenados ya fueron condenados por un complot para atentar en la Plaza de la Federación, en Melbourne, semanas antes del ataque terrorista contra la mezquita de Fawkner. También habían intentado quemar en otras ocasiones esa misma mezquita. Aunque Moukhaiber no estuvo implicado en estas acciones «era un miembro entusiasta del equipo», ha afirmado el magistrado.

Fuente: EuropaPress

El gobierno de coalición de Australia ha presentado un proyecto de ley que haría ilegal discriminar a las personas por su creencia o actividad religiosa.

La propuesta fue creada para implementarse como un compromiso asumido para las elecciones federales de 2019. La legislación además establecería un comisionado de libertad religiosa en la Comisión Australiana de Derechos Humanos.

También, enmendaría las leyes existentes como incluida la ley de matrimonio y caridad. Se determinaría que no se puede exigir a los grupos religiosos que pongan sus propiedades a disposición para las celebraciones de matrimonios entre personas del mismo sexo.

La oficina del primer ministro Scott Morrison dijo en diciembre que “Australia es un lugar donde la discriminación basada en la identidad de una persona, incluida su identidad religiosa, es inaceptable”.

“También es un lugar donde respetamos el derecho de las instituciones religiosas a mantener su espíritu religioso distintivo. Nuestras leyes deben reflejar estos valores”, indicó.

El gobierno quiere hacer de las creencias y actividades religiosas una condición protegida, como la raza o el sexo. También espera asegurar que los grupos que rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo no sean despojados de su estatus de caridad.

Una evaluación de la libertad religiosa en Australia se terminó en mayo de 2018, con 20 recomendaciones; entre estas se encontraba el Religious Discrimination Bill (Proyecto de Ley sobre Discriminación Religiosa).

El gobierno pidió a la Comisión de Reforma de la Ley Australiana que informe sobre cómo equilibrar los reclamos de los derechos de libertad religiosa y los llamado derechos “LGBT” (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).

Australia viene teniendo un debate sobre la libertad religiosa en los últimos años con respecto al secreto de confesión, las decisiones de contratación y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuando se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Australia en 2017, los esfuerzos para incluir enmiendas que protegerían la libertad religiosa fracasaron durante el debate parlamentario.

El gobierno de coalición de Morrison está liderado por el Partido Liberal, al que se une el Partido Nacional. La oposición es el Partido Laborista Australiano.

La senadora laborista Kristina Keneally dijo ABC el 3 de julio que están “dispuestos a mantener conversaciones con el gobierno y trabajar con el gobierno en una ley sobre discriminación y libertad religiosa”.

El Arzobispo de Sydney, Mons. Anthony Fisher, señaló el año pasado que no se puede “dar por sentada la libertad de sostener y practicar nuestras creencias, incluso aquí en Australia”, y que “los intereses poderosos ahora buscan marginar a los creyentes y creencias religiosas, especialmente los cristianos, y los excluyen de la vida pública”.

“Así se acabarían los fondos para escuelas confesionales, hospitales y agencias de asistencia social, y nos quitarían el status caritativo y las protecciones”, añadió.

Fuente: ACI Prensa

El líder de la oposición en el estado de New South Wales en Australia, el parlamentario Luke Foley, advirtió recientemente en un desayuno realizado en la sede del Parlamento en Sídney sobre la marginación de la identidad religiosa en la política y las presiones a los legisladores para no manifestar su fe en el análisis de las materias de política pública. Su advertencia se suma las preocupaciones de los creyentes en temas como las amenazas al secreto de la confesión, la libertad de los instituciones religiosas para contratar empleados coherentes en su testimonio de vida y la reciente redefinición de la institución civil del matrimonio.

«Creo que lo que a menudo se cuestiona hoy en nuestro país y en todo Occidente es la personificación en la política pública de los valores que se derivan de la enseñanza religiosa y la autoridad religiosa», alertó Foley durante el desayuno. «Pero sugerir que los legisladores nunca deben llevar su fe a los asuntos de política pública es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor, un intento consciente y deliberado de desterrar los valores religiosos y los valores éticos que se derivan de la enseñanza religiosa, y de expulsarlos de la esfera pública».

El legislador recordó que la opinión de los creyentes es un aporte positivo para los cuerpos políticos y una fuente de bien para el estado y la nación y lamento las fuertes críticas de la participación de los creyentes por parte de un «individualismo muy estridente y militante». Por su parte el escritor y comentarista sobre educación, Dr. Kevin Donnelly, identificó los ataques con una estrategia de largo plazo para «destruir la libertad religiosa, eliminar el cristianismo de la vida pública y cambiar radicalmente a la sociedad».

«Las escuelas religiosas actualmente tienen el derecho de discriminar en términos de quiénes se inscriben y quiénes emplean, y ese derecho ahora está amenazado», comentó Donnelly en un artículo para Catholic Weekly, en el que destacó esta libertad como necesaria para administrar de acuerdo a sus convicciones. «Una vez que las escuelas religiosas pierden el derecho a permanecer fieles a su fe, se espera que el próximo paso sea obligar a esas escuelas a implementar un plan de estudios radical de género y sexualidad».

El programa de Escuelas Seguras, impulsado en Australia, tendría una base ideológica de tipo marxista, según declaraciones de la cofundadora de la iniciativa, Roz Ward: «Sólo el marxismo proporciona la teoría y la práctica de la liberación humana genuina (…). El marxismo ofrece la esperanza y la estrategia necesarias para crear un mundo donde la sexualidad humana, el género y la forma en que nos relacionamos con nuestros cuerpos puedan florecer de maneras increíblemente nuevas y sorprendentes que solo podemos imaginar hoy». Según esta misma activista, «la Coalición de Escuelas Seguras se trata de apoyar la diversidad sexual y de género, no de detener el acoso escolar (bullying)», propósito que constituye la principal consigna con la cual se promueve.

La reciente reforma de la institución civil del matrimonio es otro ejemplo de un mismo intento de limitar la participación de los creyentes en la sociedad. «Esta encuesta nos ofrece una oportunidad consciente para apoyarnos firmemente en un gobierno secular y rechazar la discriminación o el favoritismo basado en la religión», manifestó la escritora y activista Aubrey Perry en medio del debate por la iniciativa. «Es nuestra oportunidad de decir que la religión no tiene parte en la conformación de nuestras leyes».

En este contexto, las recientes y controvertidas normas como las que amenazan el Secreto de Confesión comparten la visión de la libertad religiosa como un derecho secundario supeditado a otros derechos. «Los cristianos creen que todos deberían estar libres de discriminación injusta», afirmó sobre este tema el Cardenal George Pell, según citó Donnelly, «pero las leyes contra la discriminación que no respetan los derechos humanos fundamentales, como la libertad de religión y de conciencia, son leyes injustas».

Fuente: Gaudium Press