A contar de hoy, los centros privados de salud que quieran hacer efectiva su objeción de conciencia institucional, en el marco de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, deben oficializar su postura ante las seremis de Salud del país para que sea reconocida como válida, según establece el reglamento publicado el 23 de agosto pasado.
La regulación determina que, desde hoy, las clínicas que opten por no realizar abortos deberán cumplir el trámite ante la autoridad sanitaria regional, que tendrá 10 días para tramitarlo y entregar una respuesta. Con todo, la prerrogativa de no realizar abortos podrá hacerse valer solo una vez que el trámite haya concluido.
“Dependiendo de si la documentación está completa podemos responder, de lo contrario tenemos más plazo. Una vez que ese documento está autorizado, esa institución empieza a ser objetora de conciencia”, dijo la seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, quien precisó que “mientras tanto se resuelve, si llegase una solicitud de procedimiento, tienen que revisarlo y si no cuentan con médicos que puedan llevar a cabo la interrupción, tienen que buscar uno fuera o derivar a la paciente”.
Ayer, varias instituciones se preparaban para cumplir el procedimiento. Es el caso del Hospital Clínico de la Red UC Christus, centro representado por la Pontificia UC, que aclaró que se encontraban recopilando los antecedentes estipulados para que “sean presentados esta semana” .
En la misma situación están las clínicas Universidad de los Andes e Indisa, que ya habían sido declaradas objetoras con los protocolos previos que objetó Contraloría, por lo cual deben realizar nuevamente el trámite. Desde la casa de estudios indicaron que la “U. de los Andes reafirma su objeción de conciencia institucional para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en las tres causales, y manifiesta la voluntad de cumplir con toda la reglamentación vigente”.
Otros centros están evaluando su postura, como el Grupo Renacer, controlador de la red de clínicas de ex Empresas Masvida -que contempla las clínicas Universitaria de Concepción, Universitaria de Puerto Montt, Chillán y el Loa-, donde indicaron que “los directorios de cada clínica en sus próximas reuniones ordinarias deberán pronunciarse respecto de si se declararán objetoras de conciencia institucionales en una o más causales”. No obstante, agregaron que “el staff médico hoy es integrado por profesionales que han declarado su objeción de conciencia a una o más causales en forma independiente, pero no se ha producido el caso de que todos los médicos se hayan declarado objetores. Las clínicas cuentan con los protocolos de atención y derivación debidamente implementados”.
Otros centros decidieron no ser objetores, como los recintos de Red Salud, que contempla las clínicas Vitacura (ex Tabancura), Providencia (ex Mega Salud), Santiago (ex Bicentenario) y las regionales de Iquique, Elqui, Valparaíso, Rancagua, Temuco y Magallanes, donde indicaron que adhieren “a la normativa vigente del Ministerio de Salud”.
Convenio
El reglamento, además, estipula que las instituciones privadas que mantengan convenios con el Minsal mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 de 1980, en prestaciones ginecológicas obstétricas de pabellón, no podrán hacer objeción de conciencia institucional. Esa es la condición, según informaron desde el Minsal, de centros como el Hospital Clínico de la U. de Chile, el Hospital Parroquial de San Bernardo, el Hospital San Francisco de Pucón, el Hospital Padre Bernabé de Lucerna de Panguipulli y la Clínica de Puerto Varas SpA, los que, de invocar la condición, deberán cesar los acuerdos.
Consultado al respecto, desde el Minsal se informó que “si dichos establecimientos quisiesen invocar la objeción de conciencia institucional, tendrían que ajustar los convenios suscritos para cumplir con el reglamento”.
La situación más compleja la vive el Parroquial de San Bernardo, donde el 90% de las atenciones son a pacientes del sector público.
Según trascendidos, desde el recinto estarían a esperando que se resuelva el requerimiento ante el Tribunal Constitucional que presentaron senadores de la UDI y RN sobre esta materia, tras considerar que la objeción es un derecho y que el reglamento vulneraría la autonomía de las instituciones privadas. No obstante, todos los médicos del recinto se declararon objetores de conciencia, por lo que existe un proceso de derivación al Hospital del Pino de los casos de aborto que surjan.
En el Hospital de Pucón, de la Congregación de Hermanas Misioneras Franciscanas de Purulón, Sonia Navarrete, directora del recinto, indicó que “como institución religiosa cristiana nuestros principios no cambian. Sin embargo, en un plazo no definido, la administración del hospital pertenecerá a otra sociedad, que será la que decidirá”. Asimismo, aclaró que al ser un hospital de baja complejidad, no están capacitados para realizar prestaciones ginecoobstétricas de pabellón.
Hoy, también los médicos que sean objetores individuales de conciencia para casos de aborto deben formalizar su postura ante la dirección de los recintos donde se desempeñen. Bajo el anterior reglamento, de 1.140 ginecoobstetras que laboran en los recintos públicos del país definidos para interrumpir embarazos, un total de 538 rechazó hacer abortos ante violaciones, por lo que se espera se ratifique una cifra similar.
En el Hospital de Osorno, todos los médicos son objetores para la misma causal. Daniel Núñez, director del recinto, indicó que los 16 ginecoobstetras están tramitando su negativa. “Entre hoy y mañana tiene que estar listo eso”, dijo, aclarando que no se ha logrado contratar a un profesional que realice la prestación: “La situación sigue igual. Los médicos se declararon objetores en la causal tres y el único caso que hemos tenido se derivó a Puerto Montt”.
