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En los últimos dos años, China ha internado a miles de personas consideradas sospechosas de extremismo religioso en la región occidental de Xinjiang, donde habita la etnia uigur, de religión musulmana. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que la gran mayoría de los internos lo son en contra de su voluntad y en ocasiones han sido detenidos de forma arbitraria, sin ser acusados formalmente de ningún delito y solamente por practicar su fe. Algunos de los que han salido han denunciado condiciones de aislamiento, trabajos forzados e incluso torturas dentro de estas instalaciones, condenadas por Naciones Unidas.

China, que los llama oficialmente “centros de instrucción vocacional”, rechaza rotundamente estas acusaciones y justifica estos campos para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región, una zona en la que ha habido episodios recurrentes de violencia entre la minoría uigur y la etnia de los han, mayoritaria en China. Las autoridades incluso han admitido que desde el año 2016 más de 1,1 millones de funcionarios en la región “se han emparejado” con 1,7 millones de hogares en los que viven uigures -o sea, que se les ha asignado una suerte de tutor que visita de forma regular la familia-  “con el objetivo de reforzar la unidad étnica”. El anuncio cuadra con el testimonio de la población local relatado a varias organizaciones de derechos humanos, que habla una vigilancia permanente por parte de las autoridades en búsqueda de signos de “extremismo religioso” que en algunos casos rozan el absurdo, como dejar de beber alcohol o de fumar de forma abrupta o negarse a practicar deporte.

Campos de reeducación

En una reciente entrevista con la agencia Reuters, el gobernador de Xinjiang, Shohrat Zakir, de etnia uigur, aseguró que los centros han sido “extremadamente efectivos” para reducir el extremismo en la región mediante la enseñanza de la ley y del mandarín. Las autoridades se abrieron este lunes a permitir que representantes de la ONU visiten estos campos, si bien han pedido “no interferir en los asuntos domésticos y adoptar una actitud neutral y objetiva”. Periodistas de Reuters fueron invitados la semana pasada a visitar tres de estos centros y entrevistaron a algunos de los internos, siempre bajo la supervisión de las autoridades locales. Los visitantes observaron clases de mandarín y muchas actividades relacionadas con el canto y el baile. Todos los residentes aseguraron estar allí por voluntad propia y muchos usaron un lenguaje muy similar al indicar que «se habían infectado con ideas extremistas”, según relata la agencia.

El modelo en Xinjiang podría extenderse otras zonas de china donde habitan minorías musulmanas. Las autoridades de Ningxia, una región donde viven los hui -una de las etnias más asimiladas con la mayoría han-, firmaron en noviembre un acuerdo en materia antiterrorista con sus homólogas de Xinjiang. El objetivo es “aprender de sus experiencias en promover la estabilidad social”. En Ningxia, una zona hasta ahora prácticamente libre de conflictos étnicos, se han registrado en los últimos meses algunas protestas por la demolición de mezquitas o episodios de restricciones a la libertad religiosa que garantiza la Constitución del país.

«La ‘sinización’ de la religión en China es una parte importante del discurso del secretario general del partido, Xi Jinping, sobre el asunto de la religión y el trabajo religioso», explicó en esta reunión con las asociaciones islámicas Ma Jin, alto cargo del Departamento de Trabajo del Frente Unido, el órgano que se encarga del contacto entre el Partido Comunista y otros miembros de la sociedad civil como sindicatos, patronales o grupos religiosos –todos oficiales y supervisados por la formación-. Para Ma, este año es “crítico” para implementar el plan, una idea a la que el presidente Xi ya hizo referencia en 2016 cuando afirmó que China “debe guiar activamente a las religiones para que se adapten a la sociedad socialista”.

Fuente: El País