El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció varios casos de violaciones de este derecho en su informe 2018
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes el Informe 2018 sobre la Libertad Religiosa en el mundo en el que denunció diversos casos de violaciones a estos derechos en Cuba, por lo que le exige al régimen sea respetada esta libertad.
El informe se basó, principalmente, en reportes ofrecidos por las organizaciones Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés) y Ayuda Humanitaria Evangélico-Cristiana para Cuba (EchoCuba), así como agencias de prensa independientes.
Estos medios de comunicación, indicó el Departamento de Estado, continuaron denunciando la detención y hostigamiento a miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, entre los que se encuentran el movimiento Damas de Blanco, con su vocera Berta Soler a la cabeza.
Nombres como el de Mitzael Díaz Paseiro, hoy preso político, y el de su esposa la opositora Ariadna López Roque, y el coordinador del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez, son mencionados como ciudadanos hostigados por las autoridades mientras intentaban ejercer sus derechos a la libertad de religión.
Algunas de las cifras recogidas por el informe indican que la membresía de las iglesias protestantes ronda el cinco por ciento del total de la población cubana, lo que representa unos 11.1 millones de habitantes, mientras la Iglesia Católica estima que entre el 60 y 70 por ciento de la población cubana se identifica con esta fe cristiana.
Las Asambleas de Dios reportaron aproximadamente 150,000 miembros mientras las cuatro convenciones bautistas existentes estiman en 100,000 su membrecía.
En cuanto a las prácticas de gobierno, la libertad religiosa sigue siendo golpeada a pesar de la legislación que prohíbe la discriminación por este motivo.
EchoCuba, citado en el informe, dijo que Asuntos Religiosos “aprobó algunas solicitudes de registro, pero tomó de dos a tres años hacerlo, a partir de la fecha de solicitud”.
“El gobierno utilizó amenazas, detenciones y otras tácticas coercitivas para restringir ciertas actividades de líderes y grupos religiosos y aplicó la ley de manera arbitraria”, señala el informe.
No es la primera vez que el Gobierno estadounidense exige al régimen cubano que respete el derecho a la libertad religiosa, puesto que a finales del 2018 delegó una comisión con el único fin de denunciar los casos de censuras de este tipo.
Durante un discurso en la Facultad de Teología de Nápoles, Italia, el pontífice se pronunció por una reforma en el modo de enseñar teología en las escuelas católicas.
El papa Francisco aseguró que los estudiantes deben aprender sobre el diálogo con el judaísmo y el islam y, en general, debe haber más libertad en las actividades teológicas.
Por ello, reiteró su intento de acercarse al mundo musulmán con la firma, este mismo año, de una declaración conjunta con el imán de Al Azhar, la institución suní de referencia, estableciendo la relación entre católicos y musulmanes como hermanos, con una misión común de promover la paz.
En su discurso, el líder católico expresó que el diálogo y la alianza con el mundo musulmán son necesarios para construir una existencia pacífica, incluso donde hay episodios problemáticos de fanáticos enemigos del diálogo.
La blasfemia es un asunto incendiario en Pakistán, de mayoría musulmana, donde las acusaciones por ofender al islam han provocado linchamientos.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, urgió este viernes a Pakistán a hacer más para frenar el abuso de las leyes de blasfemia después de la liberación de Asia Bibi, quien escapó de una sentencia de muerte en un caso de repercusión internacional.
En la presentación de un informe anual sobre la libertad religiosa internacional, Pompeo estimó que más de 40 personas cumplían cadena perpetua o se enfrentaban a ejecuciones por blasfemia en Pakistán.
«Seguimos pidiendo su liberación y alentando al gobierno a designar a un enviado para abordar cuestiones de libertad religiosa«, dijo Pompeo.
La blasfemia es un asunto incendiario en Pakistán, de mayoría musulmana, donde las acusaciones por ofender al islam han provocado linchamientos, aunque los activistas dicen que muchos casos derivan de conflictos personales.
Bibi, de religión católica, fue condenada a muerte por blasfemia en 2010. Pese a protestas públicas en su contra, fue absuelta en apelación el año pasado y en mayo pudo salir del país e instalarse en Canadá.
Pompeo también criticó duramente a los adversarios de Estados Unidos, Irán y China, destacando detenciones en este último de alrededor de un millón de musulmanes, sobre todo del grupo de la etnia uigur, y su «intensa persecución» de budistas tibetanos, cristianos y al movimiento espiritual Falun Gong.
Aunque la administración de Donald Trump siempre se ha cuidado de criticar a su aliado Arabia Saudita, el informe habla de abusos generalizados en el país donde se promueve la escuela puritana Wahabi del Islam sunita.
El informe citó a grupos no gubernamentales y dijo que Arabia Saudita ha detenido a más de 1.000 chiítas desde 2011, principalmente por delitos no violentos, como participar o promover protestas en las redes sociales.
Sam Brownback, embajador general de la libertad religiosa internacional, se dijo decepcionado por la falta de cambios desde el ascenso del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.
«Creo que al principio había mucha esperanza en el cambio de liderazgo de que las cosas se abrirían sustancialmente. Necesitamos ver que las acciones tomen una dirección positiva», dijo a periodistas.
Arabia Saudita «sigue siendo uno de los peores actores de la persecución religiosa en el mundo», dijo Brownback.
En abril, mes que está fuera del tiempo analizado en el informe sobre 2018, Arabia Saudita llevó a cabo una ejecución masiva de 37 personas, la mayoría chiítas.
Agrupaciones humanitarias dijeron que uno de los chiítas saudíes fue crucificado después de ser decapitado, mientras que el jefe de derechos de la ONU dijo que al menos tres de los ejecutados eran menores cuando fueron acusados.
Informe del Departamento de Estado señala represión contra las iglesias y la politización oficialista de algunas actividades religiosas.
El Departamento de Estado de EE. UU incluyó este viernes en uno de los acápites del “Informe Internacional de Libertad Religiosa”, las violaciones en esta materia cometidas por el Gobierno de Nicaragua desde abril de 2018.
El informe presentado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, este viernes, registra en uno de sus capítulos los principales ataques que han sufrido líderes de la iglesia Católica nicaragüense al mostrar apoyo a la ciudadanía que ha sido atacada desde el estallido de la crisis sociopolítica.
Junto a Pompeo, el embajador estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, dijo que en Nicaragua los líderes religiosos están constantemente bajo amenazas, intimidaciones y persecución.
El reporte menciona el ataque de 15 horas contra la iglesia de la Divina Misericordia, donde se refugiaban 200 personas, explica que el Gobierno calicó al clero de “terrorista y mente peligrosa”, menciona el ataque contra el padre Edwin Román en Masaya, a manos del mismo comisionado Ramón Avelán, las agresiones contra religiosos en la parroquia de San Sebastián en Diriamba, incluido el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, así como las amenazas al obispo Silvio Báez, entre otros casos.
ACTIVIDADES RELIGIOSAS POLITIZADAS
La documentación expuesta por el Departamento de Estado también refleja que los líderes religiosos han expuesto que el Gobierno de Nicaragua ha utilizado y celebrado manifestaciones religiosos con fines políticos que han causado molestia y descontento.
“Dijeron que si bien estas acciones gubernamentales habían ocurrido durante años, se habían vuelto más frecuentes y se habían desarrollado mensajes más sólidos en el contexto de la política nacional”, detalla el informe.
Un ejemplo citado por las autoridades religiosas y reportado por los medios de comunicación, fue la celebración católica de San Jerónimo en Masaya, un evento tradicional de una semana de duración que la iglesia se negó a celebrar por la crisis sociopolítica.
“El clero canceló las estas patronales tradicionales para respetar el luto de las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas y anunció que en su lugar marcaría la ocasión con una misa. Los funcionarios del gobierno municipal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con la policía local, ignoraron la decisión del clero local y celebraron un desfile con una réplica de la estatua del santo patrón original. Tocaron a gran volumen una mezcla de música religiosa y partidista fuera de la iglesia durante la misa”, describe el documento.
En otro caso, “un líder evangélico dijo que había solicitado al Gobierno que no participara en una celebración religiosa; sin embargo, a pesar de la solicitud, un funcionario del Gobierno acudió al evento y los medios estatales insistieron en que el líder religioso concediera una entrevista”.
Religiosos y congregaciones informaron sobre las barreras para su trabajo de voluntariado basado en la fe en las cárceles, restringiendo principalmente a los sacerdotes el acceso a los penales.
El informe detalla que “los medios oficiales, sin embargo, informaron que los presos asistían a celebraciones católicas y evangélicas protestantes. Varios líderes católicos dijeron que, a partir de julio, los guardias de las prisiones también negaron que el clero católico fuera considerado crítico con el acceso del Gobierno a los presos políticos varones, lo que les impide ofrecer sacramentos religiosos como la comunión y la confesión a los detenidos”.
CONTROL Y AHOGAMIENTO FINANCIERO
Según el informe, tanto líderes católicos como evangélicos informaron de represalias financieras contra críticos del FSLN.
El Gobierno proporcionó o retuvo exenciones de impuestos para iglesias individuales sobre la base de la afiliación política del liderazgo de cada denominación.
“El Gobierno también recortó las asignaciones presupuestarias nacionales para las iglesias católicas y protestantes evangélicas individuales, que representaron una reducción del 42%, pasando de US$1.3 millones a US$740,000, luego de las manifestaciones antigubernamentales”, describe el documento.
Agrega que “los funcionarios del Gobierno dijeron que los recortes eran parte de una disminución general del presupuesto, mientras que las investigaciones de los medios informaron revelan que la reducción de las asignaciones estaba dirigida específicamente a las iglesias que brindaban apoyo a los manifestantes heridos y en peligro”.
“Tanto los líderes católicos como los protestantes dijeron que había investigaciones de sus organizaciones por parte del organismo gubernamental contra el lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), principalmente por transacciones financieras que el Gobierno dijo que estaban vinculadas a las protestas”, se lee en el reporte de 10 páginas dedicadas a las violaciones hacia las entidades religiosas nicaragüenses.
OBLIGACIONES COMO ONG
El informe manifiesta que los líderes de iglesias no católicas dijeron que el uso del de la UAF por parte del Gobierno y otros mecanismos de represalia como las que se hacen a las ONG, algunas que incluso perdieron sus personerías jurídicas, “los hace particularmente vulnerables a las acciones gubernamentales”, particularmente porque a diferencia de los católicos, estas iglesias son controladas por el Ministerio de Gobernación y deben presentar informes periódicos.
El Departamento de Estado refleja que en Nicaragua algunas denominaciones religiosas deben contar con requisitos para obtener registros oficiales, similares a los de las organizaciones no gubernamentales (ONG), después de cumplir con requisitos de asociación deben ser aprobados por Gobernación.
Por otra parte, aunque la iglesia Católica no está obligada a registrarse, las organizaciones dedicadas a la caridad u otro trabajo social aliado a la iglesia Católica se deben registrar, también los religiosos o misioneros que desean evangelizar en el país deben, según el Gobierno de Nicaragua, “proporcionar información sobre la naturaleza de su trabajo misionero antes de que el Ministerio del Interior (Gobernación) autorice la entrada al país”.
Los representantes de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua se reunieron regularmente con líderes de una amplia variedad de grupos religiosos, entre ellos católicos y una diversa selección de grupos evangélicos protestantes, la Iglesia Luterana Morava, la Asociación Islámica de Nicaragua y la comunidad judía.
En estas reuniones, los representantes de la embajada discutieron las preocupaciones sobre la politización de la religión, las represalias gubernamentales contra los grupos religiosos activos, las limitaciones a la libertad de religión y la posibilidad de mantener grupos de trabajo interreligiosos para promover el respeto por la libertad religiosa, la diversidad y la tolerancia.
Según el Departamento de Estado, han tomado en cuenta las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó sobre «graves violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales en Nicaragua», además de agregar detalles de las revelaciones de Amnistía Internacional, donde describe que en octubre el Gobierno de Ortega había implementado una estrategia de represión.
El informe cita que “la Constitución prohíbe la discriminación basada en la religión; proporciona la libertad de creencia religión y adoración y declara que nadie «estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o sus creencias».
El Gobierno arremetió hoy contra Irán por «reprimir» a las minorías religiosas de su país y avisó a China de que habrá «consecuencias» si continúa intentando «eliminar» la cultura de los musulmanes uigures que viven en la región noroccidental de Xinjiang.
«A aquellos que violan la libertad religiosa, EE.UU. está observando y tendréis que rendir cuentas«, amenazó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una rueda de prensa para presentar el informe de su Gobierno sobre libertad religiosa, relativo a 2018.
Pompeo consideró que el «ajuste de cuentas» del «régimen iraní» contra los cristianos, judíos y otras minorías religiosas «debería remover la conciencia de cualquiera«.
Irán se define en su Constitución como una República Islámica y, en opinión de Washington, eso se traduce en «ejecuciones«, «torturas» y «encarcelamientos» para aquellos que no siguen las directrices del chiísmo, según testimonios de varias ONG, que recoge el Departamento de Estado en su informe.
En respuesta a ese comportamiento, Washington avisó de que habrá «consecuencias» si Pekín continúa «tratando de eliminar la cultura y la fe» de esas minorías y de los musulmanes uigures que viven en Xinjiang, donde se estima que un millón de miembros de esa minoría han sido privados de libertad.
«Le decimos esto a China, no se equivoquen, no van a ganar su guerra contra la fe. Habrá consecuencias por su posición en el interior de su país y en todo el mundo», subrayó Brownback.
Brownback aseguró que Washington ha detectado un «aumento» en la represión contra las minorías religiosas y que, esas acciones, se han «generalizado» a todo el país.
Desde 1999, China figura en la «lista negra» de países que, según el Gobierno, violan la libertad de culto y, como consecuencia, no puede importar equipos electrónicos estadounidenses destinados a vigilancia.
El Departamento de Estado incluyó por primera vez en ese documento una sección específica sobre de Xinjiang.
Expertos, exiliados y organizaciones aseguran que los miembros de esas minorías -con ciudadanía china- están encerrados en campos de adoctrinamiento, que el Gobierno chino define como «centros de reeducación«.
El informe recoge denuncias de varias ONG y artículos de medios que aseguran que los detenidos han sufrido «desapariciones forzosas, torturas, abusos físicos y detenciones prolongadas sin un juicio debido a su religión o su etnia«; y destaca: «Ha habido reportes de prensa sobre muertes entre los presos«.
En Xinjiang, las autoridades utilizan no solo la más avanzada tecnología de reconocimiento facial, sino también el análisis de datos personales para «vigilar y hacer seguimiento«, tal y como ha denunciado la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch .
El Gobierno no ha podido acceder a Irán ni a Xinjiang y, por eso, esas partes del informe se basan en reportes de prensa y denuncias de varias ONG.
El documento presentado hoy se elabora anualmente por orden del Congreso, y urge al secretario de Estado a decidir en un plazo de 90 días si hay algunos países «de preocupación especial» por la falta de libertad religiosa, lo que puede restringir la ayuda económica a esas naciones.
No obstante, el secretario de Estado puede decidir incluir a un país en esa lista negra pero no aplicarle sanciones si eso está en el interés de EE.UU., como ha ocurrido en los últimos años en el caso de Arabia Saudí.
En su rueda de prensa, Pompeo no mencionó la política de Riad contra aquellos que se oponen al wahaismo (corriente musulmana del sunismo); pero, al ser insistido por la prensa, Brownback reconoció que Arabia Saudí, socio estratégico de EE.UU. en Oriente Medio, es «uno de los peores actores del mundo en libertad religiosa«.
Los países que están actualmente en la «lista negra» por «violaciones sistemáticas, continuas y graves de la libertad religiosa«, son China, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte y Sudán.
Otras cuatro naciones (Pakistán, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán) figuran también en ese listado, aunque está exentas de sanciones por «razones de seguridad nacional«.
Pompeo hará pública la lista de los países que entran o salen de esa «lista negra» en 90 días.
Un consejo municipal en Suecia aprobó una nueva directriz que prohíbe que los empleados de sus escuelas, oficinas y otros edificios del gobierno local oren durante las horas de trabajo.
La política fue aprobada en Bromölla, un municipio costero en el sur de Suecia, según el periódico regional Kristianstadsbladet.
El consejo local está controlado por políticos pertenecientes al conservador Partido Demócrata de Suecia. La política aprobada la semana pasada.
«En el reglamento, hemos eliminado todo lo que podría interpretarse diciendo que puede tomarse un tiempo para orar durante el tiempo de trabajo», dijo a The Local el presidente Eric Berntsson, quien también preside el capítulo local de los demócratas de Suecia . «Tanto nosotros como los moderados y los demócratas cristianos pensamos que las regulaciones deberían ser más precisas».
Berntsson argumentó que la regla es similar a las políticas que prohíben a los empleados tomar cigarrillos mientras están en el reloj. Añadió que la prohibición es universal y se aplica a los seguidores de todas las religiones.
Además de las escuelas, la norma también se aplicará a los hogares de ancianos y oficinas del consejo. La prohibición no se aplica a los períodos de descanso oficiales de los empleados.
Algunos temen que la regla viole los derechos de libertad religiosa de los empleados, ya que la oración es una parte vital de la vida de muchos adherentes religiosos. Y para los musulmanes, muchos son llamados a orar cinco veces al día, incluso en un día de trabajo.
Según Kristianstadsbladet , el consejo municipal sostiene que la nueva política en realidad protege la libertad religiosa porque la libertad también incluye el «derecho a evitar la expresión religiosa pública».
Aunque la prohibición se aplica a todas las religiones, muchos creen que la regla afectará principalmente a los musulmanes debido a la frecuencia de sus oraciones todos los días.
Laurence Wilkinson, un abogado con sede en Londres de Alliance Defending Freedom International, una organización cristiana, dijo al Premier que la ley podría considerarse una forma de «discriminación indirecta».
Wilkinson enfatizó que el consejo incluso admitió que no sabe a cuántas personas afectará la regla.
«Parece que tendrían una batalla cuesta arriba para intentar justificar la regla en primer lugar«, dijo Wilkinson.
En respuesta al argumento del consejo de que las personas tienen el derecho de evitar la religión, Wilkinson dijo que tal afirmación generalmente se entiende en el contexto de la oración formal en reuniones del consejo u otros eventos públicos.
«Esto dice, ‘en ningún momento durante su jornada laboral puede tomarse un tiempo para orar‘», explicó Wilkinson.
Marie Wäppling, la directora ejecutiva del municipio, dijo al periódico Expressen que si los empleados rezan en silencio sin molestar a los demás, «el empleador no puede verificar eso».
«Ese es el caso, cualquiera que sea la religión a la que te adhieras«, fue citada por ella.
Pero para los musulmanes, sus oraciones son más obvias, ya que generalmente implican arrodillarse sobre una alfombra.
Aunque Wilkinson dice que no es un experto en lo que respecta a la ley sueca de igualdad, cree que podría ser posible que un recurso legal de la norma se presente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Creo que lo que el consejo está haciendo aquí es que está intentando enviar un mensaje. Y no estoy seguro de cuál es el mensaje ”, dijo Wilkinson. “Algunos pueden interpretarlo como un mensaje de que no queremos que los musulmanes oren durante las horas de trabajo. Si ese es el caso, entonces potencialmente tiene un efecto discriminatorio «.
Una relatora de Naciones Unidas ha expresado este viernes su «grave preocupación» por las restricciones a las actividades de la Iglesia Católica en Eritrea y por los arrestos de miembros de las congregaciones ortodoxa y católica en las últimas semanas.
«Estas acciones muestran que, pese al mejorado clima regional de paz y seguridad, la situación de los Derechos Humanos en Eritrea sigue sin cambios», ha dicho la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Daniela Kravetz.
«Pido a Eritrea que cumpla sus compromisos internacionales como miembro del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) y permita a las instituciones religiosas que operen libremente y que todos los eritreos ejerzan su derecho a la libertad de religión en el país», ha agregado.
Las autoridades eritreas ordenaron el 12 de junio la confiscación de todos los centros sanitarios gestionados por la Iglesia Católica y, en ocasiones, se desplegó a militares frente a los edificios, se amenazó al personal y se ordenó a los pacientes que se fueran a casa.
«La confiscación de estas instalaciones sanitarias impactará negativamente en el derecho a la salud de las poblaciones afectadas, en particular aquellas en zonas rurales remotas», ha sostenido Kravetz.
Así, ha resaltado que «al limitar las actividades de la Iglesia Católica, las autoridades eritreas están restringiendo el derecho de sus ciudadanos a disfrutar de una atención sanitaria de calidad«.
La Iglesia Católica gestiona cerca de 40 hospitales y centros de salud en el país, principalmente en zonas rurales, y algunos de ellos operan dentro de monasterios. La mayoría dan atención gratuita y algunos han llevado a cabo sus trabajos desde los años noventa.
Kravetz ha manifestado que la decisión de las autoridades llegó después de que la Iglesia apostara por un diálogo sobre paz y reconciliación en el país a través de una carta emitida por cuatro obispos católicos del país.
En la misma, reclamaron a las autoridades del país que aplicaran un plan sobre verdad y reconciliación y que pusieran en marcha reformas para que los eritreos dejaran de abandonar el país debido a la mala calidad de vida en el mismo.
Alrededor de dos semanas después, cinco curas fueron detenidos en el monasterio de Debre Bizen, mientras que más de un centenar de personas han sido detenidas durante el último mes por poner en práctica su fe.
Por ello, la relatora especial ha resaltado que el arresto de personas por ejercer su libertad de culto es una violación de las obligaciones de Asmara con el Derecho Humanitario.
«Urjo al Gobierno a que permita a los eritreos ejercer su derecho a la libertad de religión y que libere a los que han sido encarcelado por sus creencias religiosas«, ha remachado Kravetz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha extendido un año las sanciones contra Corea del Norte, según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano.
«La existencia y el riesgo del aumento de armas en la península de Corea y las acciones y políticas del Gobierno de Corea del Norte continúan siendo una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional,, política extranjera y economía de Estados Unidos», ha indicado Trump en el comunicado.
El enviado de Estados Unidos para la libertad religiosa, Sam Brownback, ha señalado que las sanciones se usarán por sus «horribles» registros sobre Derechos Humanos y libertad religiosa.
«Corea del Norte es horrible en Derechos Humanos y libertad de religión», ha indicado Brownback, quien ha puesto el ejemplo de una mujer que fue enviada a prisión por tener una Biblia, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó el 11 de junio que una tercera cumbre entre el presidente estadounidense y Kim es posible, si bien dijo que la pelota está en el tejado de Pyongyang.
Aunque Corea del Norte ha mantenido su promesa de no realizar ensayos nucleares o de misiles intercontinentales, Bolton dijo que Washington mantiene su «campaña de máxima presión» porque Kim aún no parece haber tomado la «decisión estratégica de abandonar la búsqueda de armamento nuclear».
El propio Trump afirmó la semana pasada que había recibido una «bonita» y «muy cálida» misiva enviada por el líder norcoreano, al tiempo que describió su relación con Kim como «muy buena».
La última cumbre celebrada en Hanoi en febrero terminó sin acuerdo y desde entonces los esfuerzos diplomáticos parecen estar estancados. Pyongyang ha advertido de que su paciencia tiene un límite y de que Washington debe cambiar su «enfoque» hacia Corea del Norte y acabar con su hostilidad.
INEGI y libros de texto de la SEP reconocen por lo menos ocho tipos de familia
El coordinador de la bancada de MORENA en la LIX Legislatura Mauricio Ruiz Olaes presentó la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para cambiar el nombre de la Comisión de la Familia a “Comisión de las Familias”, con fundamento de que instituciones como el INEGI y en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública reconocen por lo menos ocho tipos de familia.
Ruiz Olaes detalló que por ejemplo en los libros de texto gratuito califican a las familias nucleares, homoparentales, monoparentales, reconstructivas, compuestas, de tres generaciones o extensas, adoptivas, sin hijos y de abuelos, sin embargo, se catalogan hasta 11 tipos de familias.
“Queremos ser incluyentes y garantizar los derechos a la inclusión, a la no discriminación de estos grupos minoritarios, es decir a la familia compuesta. Estamos convencidos que a todas las familias todos los derechos, ya que sólo así garantizamos al estado que los legisladores tenemos que hacer nuestro trabajo para todas las familias”.
El legislador apuntó que en Querétaro disminuyeron los enlaces matrimoniales hasta 2.8 por ciento, que en caso contrario los divorcios han incrementado hasta en 5.6 por ciento, datos que demuestran se han generado otros tipos de uniones y que la familia nuclear va en disminución.
“Hoy la ciudadanía está demandando otros tipos de familias, con el ritmo de vida que están llevando los papás y las mamás, pues ya no solo es este modelo de familia que estaba representado hace muchos años, hoy hay otros tipos y exigen ser representados en la Legislatura”.
Por lo que el diputado que preside la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio, hace un llamado a la bancada panista (que son mayoría en el Congreso) para que vean la iniciativa con un objetivo incluyente, sin fobias y lejos de temas de sexualidad, que Mauricio Ruiz dijo –les agobia hablar del tema sexual-.
“Este tema lo vamos a hablar en la Junta de Coordinación Política y el llamado es muy respetuoso a todas las fuerzas políticas para mandar un mensaje de inclusión de esta Legislatura”.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) llamó a las autoridades de gobierno, a la academia y a la sociedad en su conjunto a mantener una actitud de tolerancia y respeto a todas las formas de creencias religiosas.
En ese sentido, el Presidente Interino de la CEDHBC enfatizó el rechazo del Organismo hacia cualquier forma de discriminación, puntualizando que en el artículo primero constitucional se establece de manera muy precisa que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Flores Domínguez informó que en fechas recientes personas pertenecientes a comunidades religiosas se han acercado a la CEDHBC a presentar Queja por presuntos actos de discriminación de parte de personal de instituciones de gobierno.
El Titular de la CEDHBC apuntó que el artículo primero constitucional también establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
“El bloque de derechos que supone la incorporación de normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales específicos, así como la interpretación de estas normas tanto internas como externas, debe de materializarse, tal como menciona el artículo primero constitucional, en otorgar a todas las personas la protección más amplia”, subrayó.
Flores Domínguez precisó que en lo que va de 2019 se han presentado ante la CEDHBC 109 Quejas por el hecho violatorio de discriminación. Las Quejas por municipio son: Tijuana 77; Mexicali 17; Ensenada 11; Tecate 3 y Rosarito 1, y están relacionadas al derecho humano a la igualdad. Las autoridades señaladas en las Quejas son la Dirección del Registro Civil con 75 Quejas; el Ayuntamiento de Tijuana con 66; el Ayuntamiento de Mexicali con 16 y el Ayuntamiento de Ensenada con 10 Quejas.
“La CEDHBC está atenta a la integración de expedientes abiertos por estos motivos y a su vez reitera a todas las personas en Baja California la invitación para que se acerquen a cualquiera de las oficinas que hay en el Estado, o bien, se comuniquen al número 01 800 026 7342, en caso de presentarse alguna violación a sus derechos humanos”, concluyó Carlos Rafael Flores Domínguez.
