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En 2018 continuaron las interferencias en las políticas de los países miembros por parte de los comités que deberían monitorizar el respeto de los tratados multilaterales. Se insiste principalmente sobre aborto y «derechos gay», a pesar de que estos temas no estén incluidos en el objeto de los tratados mismos, como explica Ermes Dovico en La Nuova Bussola Quotidiana:

En 2018 continuaron, de manera masiva, las presiones ejercidas por los comités dependientes de la ONU con el fin de promover, en los distintos estados miembros, las normas favorables al aborto y a las reivindicaciones típicas del asociacionismo LGBT. La tarea de estos comités -como por ejemplo el de las mujeres, el de los discapacitados y el de la infancia- es controlar que se observen los tratados multilaterales estipulados en el ámbito de las Naciones Unidas, pero a menudo asumen iniciativas de las que no son competentes, invadiendo ámbitos que son propios de cada Estado, como es el caso del matrimonio y el derecho familiar.

Como resume de manera muy adecuada Rebecca Oas, del Center for Family (C-Fam), un instituto de investigación especializado en derecho internacional y en el control de lo que sucede en el Palacio de Cristal y alrededores, «cuando un Estado miembro de la ONU ratifica un tratado multilateral sobre los derechos humanos, acepta someterse a una revisión periódica por parte de un comité de expertos que, a su vez, hace observaciones con las que pide al Estado miembro un aumento en su adhesión al tratado. A diferencia del tratado en sí, estas observaciones no son vinculantes, pero los tribunales de los respectivos países las citan para justificar medidas como la liberalización de las leyes sobre el aborto». Observaciones no vinculantes, por lo tanto, pero útiles para aumentar la presión (con la ayuda de jueces nacionales y supranacionales complacientes) sobre una determinada nación que, tal vez, no quiere conformarse al pensamiento dominante a nivel mundial. Un «mecanismo» que, en estos años, hemos visto en funcionamiento en múltiples ocasiones.

Rebecca Oas, directora adjunta de investigación de C-Fam, es doctora en Genética y Biología Molecular.

Según la investigación llevada a cabo por C-Fam en relación a 2018, una gran parte de las observaciones concernientes a seis de los tratados internacionales más importantes incluyen impulsar el aborto y los temas LGBT, incluidos ambos en la categoría de «orientación sexual e identidad de género» (SOGI, por sus siglas en inglés), a pesar de que ninguno de estos seis tratados incluya referencias directas al aborto o a los «nuevos derechos» gay: esto es igual que firmar un pacto y ver que, a posteriori, se avanzan pretensiones que el pacto no contemplaba. Por ejemplo, en el año que acaba de concluir, el 88% de las observaciones finales presentadas por el comité que debería vigilar sobre el respeto de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (Cedaw) está relacionado con la petición de liberalizar el aborto, con contenidos variables según la legislación del país destinatario de la petición.

Igualmente indicativo es un hecho que tuvo lugar el pasado mes de septiembre. Protagonista, de nuevo, el comité sobre las mujeres. El cual, en una declaración conjunta con el comité sobre los derechos de los discapacitados, habló explícitamente de «acceso al aborto seguro y legal», definiéndolo incluso «un prerrequisito para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres»: una declaración paradójica, que choca de manera brutal con la realidad y la dignidad del ser humano si pensamos en los millones de niños discapacitados que han sido y siguen siendo eliminados a través del aborto (por desgracia, la misma suerte les toca, con la eutanasia, a los que ya han nacido, pero estos hechos sólo escandalizan cuando se habla de lo que hacía el nazismo) y si se piensa que casi la mitad de los niños abortados son niñas; sin olvidar el drama que implica para las mujeres la decisión de abortar (el conocido como síndrome post-aborto, negado sólo por quien quiere taparse los ojos para no ver).

En materia de «orientación sexual» e «identidad de género», dos expresiones difundidas con gran habilidad por los grupos LGBT y que, por desgracia, han pasado a ser de uso común, el93% de las observaciones finales procedentes de otro comité, el que vigila sobre la observancia del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, muestra claramente el impulso que se está dando a su promoción en cada Estado individualmente.

Porcentajes de observaciones de los comités de la ONU para imponer a los estados ideología de género (SOGI) y aborto respecto a seis tratados que no se refieren cuyo objeto nada tiene que ver con una u otro: derechos civiles y políticos (CCPR), discriminación contra la mujer (Cedaw), derechos de los niños (CRC), derechos económicos, sociales y culturales (Cescr), derechos de las personas con discapacidades (CRPD), tortura (CAT). Fuente: C-Fam.

Pero este mismo comité, ignorando las observaciones de sentido común presentadas en los meses anteriores por numerosos grupos provida, ha sido protagonista, en sentido negativo, de otro evento en 2018. En  noviembre hizo oficial un comentario general al artículo 6 del mismo pacto sobre los derechos civiles (artículo que empieza afirmando justamente que «el derecho a la vida es inherente a la persona humana») llegando a sostener, increíblemente, que el derecho a la vida tiene que incluir el derecho al aborto (sobre este tema escribió Tommaso Scandroglio cuando dicho comentario general era aún un simple borrador) que, según esta diabólica interpretación, tendría que ser, por consiguiente, despenalizado. En el mismo comentario el comité hizo una apertura similar respecto a la eutanasia.

Las «recomendaciones»

Por todo lo dicho se entiende que los niños son el objetivo y, los más vulnerables, de una agenda malvada que ya está en marcha. Dado que la naturaleza humana es un dato objetivo, los intentos de cambiar la percepción común del bien y de la realidad -es decir, de dominarla según los propios objetivos particulares- son más eficaces (en el mal, claro está) si se realizan a una edad cada vez más temprana. Por eso también la Convención sobre los derechos de la infancia, hasta ahora ratificada por todos los países miembros de la ONU con la notable excepción de Estados Unidos, ha sido utilizada como un pretexto por parte del comité que vigila que se respete para, así, emitir observaciones favorables al aborto (65% de los casos) y a las pretensiones LGBT (53%).

Además del trabajo de presión ejercido por las comisiones sobre los derechos humanos -a las que se pide, en vano, desde hace tiempo una reforma para eliminar sus aspectos más arbitrarios-, no  hay que olvidar otro mecanismo que, en los últimos años, ha servido al lobbymundialista para llevar a cabo la propia política: se trata del Universal Periodic Review (UPR), que permite que cada país pueda dirigir, a turno, recomendaciones a otro país sometido a revisión periódica en relación al respeto de los derechos humanos (otra expresión que incluye todo y lo contrario de todo). En teoría puede utilizarse también en sentido positivo: tenemos el ejemplo de Kenia que, a principios de 2018, animó a Botswana a resistir a las presiones externas de los grupos abortistas y a «afirmar que no existe un derecho humano internacional al aborto». Sin embargo, en la práctica, son los países más representativos de la cultura dominante, desde los países de Europa occidental a Canadá, los que utilizan el UPR para promover los intereses de los poderosos, oponiéndose a la vida y la familia.

Fuente: Religión en Libertad