El bloque independiente fabricista pidió al Poder Ejecutivo que, en el periodo de sesiones extraordinarias que comienza el próximo 1ero de Agosto, impulse y tramite en la Asamblea Legislativa el proyecto 21.021 “ley para la libertad religiosa y de culto”.
Mediante un comunicado de prensa, los conservadores solicitaron al Presidente de la República, Carlos Alvarado, que convoque dicho expediente que contempla entre otros puntos, “el derecho humano de la libertad religiosa y de culto” y la “protección de las personas creyentes y sus prácticas en ámbitos público-privados” y sus creencias.
De igual forma, los diputados fabricistas anunciaron que pedirán, por segunda vez a las distintas fracciones, que se apruebe el trámite rápido al expediente, ya que “muchos sectores que han externado su preocupación por la persecución al sector religioso“.
“Si a este panorama le sumamos que desde Casa Presidencial se informa que no tienen una agenda de trabajo para las sesiones extraordinarias, creemos que es el mejor momento para impulsar la ley de libertad religiosa, iniciativa en la que trabajan de forma coordinada la mayoría de las fracciones que integran la comisión de gobierno”, explicó Carmen Chan coordinadora del bloque conservador.
Según los diputados, en Costa Rica se protege desde la Constitución Política la libertad religiosa y de culto, pero no existe una ley que implemente “resguardo“, por lo cual deja en “desprotección a los millones de creyentes que habitan el país“.
“En las últimas horas el Presidente manifestó que había visto cómo la discriminación había alcanzado a la comunidad evangélica (en general religiosa), lo que debería significar un apoyo a este proyecto que durante el primer año fue bloqueado por sus diputados”, comentó Jonathan Prendas, congresista que forma parte de la Comisión de Gobierno y Administración, órgano legislativo donde se conoce el expediente.
¿Qué dice la ley?
El expediente propone que “se debe garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y de culto que gozan todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sean habitantes de la República o no”. Asimismo, busca establecer los “parámetros básicos” para el funcionamiento de las organizaciones bajo la auto regulación.
Igualmente, se contempla que la “libertad religiosa” es un derecho humano que debe ser resguardado, no podrá ser violentado y cualquier actividad religiosa será de interés público y deberán promover el desarrollo humano y valores espirituales, morales y familiares de la sociedad costarricense.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley, las actividades y estudio, la práctica y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, satanismo, ocultismo, astrología, esoterismo, hechicería, prácticas mágicas u otras análogas, y la difusión de ideas puramente filosóficas y humanistas ajenas a la religión. El Estado garantizaría el respeto de las expresiones religiosas de los pueblos indígenas y su derecho a ejercerlas de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, según sus tradiciones y cultura, además de conservar su religión, cambiarla, profesarla, divulgarla y recibir proselitismo religioso.
Las organizaciones religiosas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, formas de gobierno, régimen interno, criterios de pertenencia, régimen patrimonial y régimen de su personal contratado, de conformidad con sus creencias, doctrina, estatutos, reglamentos y normas internas.
Papel del Estado.
Garantizar los derechos a la libertad religiosa, culto, opinión, conciencia, expresión, asociación y reunión, así como propiciar el ejercicio religioso libre, en forma individual y colectiva.
Garantizará la protección de las manifestaciones de culto público de las personas y organizaciones religiosas. Asimismo, será obligación del Estado facilitar todas las medidas y permisos necesarios para que las organizaciones lleven a cabo actividades de carácter “cultural” en templos y sitios públicos. Todo evento llevado a cabo en sitios públicos podrá ser reconocido como una actividad de interés cultural.
El Estado garantizará el arraigo territorial de los locales o templos de culto.
Bajo ninguna circunstancia, el Estado clausurará un local o templo de culto. Si el inmueble no es congruente con el uso del suelo, se le aplicará la normativa de cada plan regulador, o en su defecto será clausurado y el inmueble podrá ser usado únicamente para el uso al que estuvo destinado originalmente. En caso de una problemática relacionada con contaminación sónica en el templo o local de culto, prevalecerá la clausura del foco específico de contaminación y no del inmueble en general, de modo que se garantice el derecho a la práctica del culto público en ese inmueble, siempre y cuando la clausura de dicho foco resuelva.
Asimismo, se contempla que las organizaciones religiosas podrán establecer relaciones de cooperación con el Estado, para realizar tareas educativas, culturales, benéficas, de apoyo social, humanitarias, recreativas, sanitarias y otras, a favor de la comunidad, y de las personas en particular.
Otros Puntos:
Los ministros religiosos tendrán el derecho a guardar el secreto sacramental, ministerial o religioso; ninguna autoridad o funcionario público puede obligarles a revelarlo.
Toda persona tiene derecho a elegir para sí y para las personas menores de edad bajo su dependencia, la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Toda organización religiosa tiene derecho a definir sus propios horarios y días de reunión para los servicios religiosos, así como a divulgar y propagar su propio credo, y a escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros, audios, videos y publicaciones de cualquier clase o tipo, sobre cuestiones religiosas, y a comunicarse y mantener relaciones con sus propios fieles, y con otras organizaciones religiosas.
Cada confesión particular tendrá el derecho a tener rituales públicos y privados, según lo determinen sus dogmas de fe y no podrán ser obligadas a celebrar matrimonios y otros tipo de ceremonias religiosas, ritos o prácticas que no sean contestes con su doctrina y costumbres, ni verse afectadas legal o financieramente por rehusarse a celebrarlas.
Las organizaciones religiosas tendrán derecho a recibir diezmos, ofrendas, donaciones, legados, herencias y contribuciones públicas o privadas para su sostenimiento, y organizar colectas voluntarias entre sus fieles o la comunidad en general. También, podrán obtener donaciones de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para el mantenimiento del culto y para los servicios de asistencia social sin fines de lucro que presten, dentro de los parámetros que establece el ordenamiento jurídico.
Un derecho contemplado es la evangelización y derecho de predicación, el cual debe desarrollarse, no solo dentro de los edificios destinados al culto, sino también en el exterior, para involucrar a un mayor número de personas y exponerles su mensaje y doctrina.
Asimismo, se reconozca el matrimonio religioso, entendido como aquel llevado a cabo por los ministros “ordenados”, de modo que los efectos civiles surtirán una vez que los contrayentes formalicen ante un notario público, su voluntad de unirse en matrimonio, de conformidad con los requerimientos legales establecidos para estos fines
Fuente: El Periódico CR
