Tras el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno chino el año pasado, el acoso a la Iglesia se ha mantenido y según muchos testimonios se ha acentuado. Miremos el caso de Fuzhou.
Ya el pasado 2 de julio, Gaudium Press noticiaba el terrible hostigamiento que sacerdotes y laicos sufrían de parte de las autoridades, en la provincia de Fujian, de la cual es capital Fuzhou. Ahora la información se centra en la presión que la llamada Asociación Patriótica Católica China (APCC) -órgano del Estado para el control de la Iglesia- hizo con el fin que los sacerdotes se inscribieran en ella.
En mayo, el gobierno coaccionó a Lin Yuntuan -antiguo administrador apostólico de la arquidiócesis de Fuzhou- y a más de 100 sacerdotes para que se unieran a la APCC. Aquel que no se sometiese era amenazado de arresto.
La introducción a la APCC obligaba al clero a la aceptación de una Iglesia católica «independiente, autónoma y auto-administrada», es decir una Iglesia dependiente totalmente del Estado comunista. Evidentemente el clero se negó, aún bajo la fuerte presión: «Si se unen a la APCC, no les provocaremos ningún problema. No sean necios. De lo contrario ¡serán duramente golpeados!», decía los funcionarios estatales. Ofrecían incluso que los presbíteros que atendían a comunidades «clandestinas», tras el ingreso a la APCC podrían seguir ejerciendo este ministerio. La amenaza del garrote, y el ofrecimiento de ilusas zanahorias.
El administrador Lin y los sacerdotes decidieron seguir el camino de la diócesis de Mindong: insertar, antes de la declaración de unión con la APCC, prerrequisitos que establecían la pureza de la fe. En esa línea, el clero de Fuzhou declaraba -antes de su posible unión con la APCC- que no se violarían los principios de la fe y la conciencia católicas, y se mantendría el contacto con la Iglesia católica romana. Esos eran los prerrequisitos. Pero estos no fueron del agrado de las autoridades, que los señalaron como inaceptables.
Continuaron las presiones y amenazas pues, al administrador y clero: «Eres legítimo sólo cuando el Gobierno central te hace legítimo», decían los oficiales estatales. Se aplicaba también una técnica ya conocida, y era la de varios funcionarios presionando a la vez a un único sacerdote.
Pero el clero de Fuzhou perseveró. Y finalmente, a finales de mayo, fueron firmados los acuerdos con los previos prerrequisitos. «Todos los sacerdotes firmaron de manera uniforme el acuerdo, principalmente, para impedir que el PCCh ‘dividiera y venciera’ y desintegrara a la diócesis desde dentro», dijo uno de los presbíteros. ¿Quedaron tranquilos los funcionarios estatales con esto? No.
Entre mayo y junio, y después de labores de investigación encubierta, por lo menos 10 lugares de reunión católicos que no constaban en los registros oficiales del Estado fueron clausurados, con pretextos del tipo de «violación de las leyes de la construcción». La libertad religiosa, se confirma, no es sino una fantasmagoría en China.
«Funcionarios del Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos provincial, la estación de policía local, y funcionarios de oficinas subdistritales y comunitarias frecuentemente vienen a presionarnos ahora», dice el regente de una iglesia en Fuzhou, que fue asediada por funcionarios estatales el pasado 9 de junio. «A menudo toman fotos o nos convocan a una ‘transformación ideológica’. El Partido Comunista Chino nos hace distanciarnos de la religión y someternos al Gobierno».
De acuerdo a un sacerdote, que pidió el anonimato, el PCCh no cesa su persecución a la religión: «El PCCh es una dictadura. Cada día en el que el Partido Comunista está en el poder es un día sin libertad de creencias, y seguiremos siendo perseguidos».
Fuente: Gaudium Press
