Como un lobo con piel de oveja. Así califica Jonathan Prendas, diputado de Nueva República, la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que impulsa la Organización de Estados Americanos (OEA) y que el gobierno quiere que la Asamblea Legislativa ratifique.
En esta entrevista el legislador advierte que si el país asume lo que en el tratado se indica (que estaría incluso por encima de la Constitución Política), las libertades de expresión, de prensa, religiosa y otras tendrían una mordaza y estarían en riesgo.
¿Cuál es su preocupación con este convenio?
-Es un convenio internacional que la OEA desarrolla a lo interno de su organización en 2013 y lo somete a estudio y firma de los diferentes estados miembros. Desde entonces solamente Uruguay lo firmó y lo ratificó en el Congreso. Canadá y Estados Unidos no solo no lo firmaron, sino que lo increparon y lo atacaron por lesionar la libertad de expresión, de prensa y religiosa. Se mete en el aspecto privado de instituciones y organizaciones, incluso en la dinámica de los hogares de esos países.
¿Qué indica dicho tratado multilateral?
-Nuestro equipo técnico ve que este convenio se fundamenta en que alguien puede sentirse afectado por discriminación o intolerancia porque otra persona le habló de manera incorrecta o una institución fundamentó sus acciones de manera incorrecta. Entonces, por ejemplo, María dice que Pedro se expresó mal y eso la hizo sentirse discriminada desde su percepción. Es decir, es algo totalmente subjetivo y a la hora en que usted demanda a otra persona por una subjetividad, este convenio tendría que aplicarse en función de ese derecho humano que esa persona dice se le violó.
¿Qué más amenaza?
-El artículo 29 de la Constitución Política dice que todos podemos manifestarnos libremente, pero este convenio contraviene ese artículo. Estamos sumamente preocupados porque al momento de estudiar el articulado, incluso prohíbe el financiamiento de organizaciones o de personas cuando otra persona diga que está discriminando o siendo intolerante. Por ejemplo, decimos que la vida es intocable desde el derecho de la concepción, pero hay un grupo que se hace escuchar cada vez más y dice que no, que la mujer tiene derecho a elegir. Para nosotros ese dilema caería en que se puede demandar uno al otro.
¿Afectaría a los partidos políticos?
-Sí. Este convenio prohíbe manifestaciones políticas en el sentido que critiquemos al gobierno y este diga que se le está discriminando y no dejando trabajar. Entonces podría existir represalias contra sindicatos, contra medios de comunicación que son adversos en su línea editorial, contra partidos políticos adversos, incluso factores dentro del hogar donde un miembro de la familia diga que se siente discriminado por el resto porque no me dieron el carro que yo quería y me afectaron la imagen social con mis compañeros. Está abierto para cualquier cosa.
¿El gobierno ya lo firmó?
-Se firmó el 4 de abril de este año y lo dan a conocer a nivel público con un comunicado de prensa de Casa Presidencial, pero diciendo que van a lograr el respeto para todo el mundo. Entonces algo que se presenta como un lindo corderito en realidad es un lobo con piel de oveja porque lo que hace es coartar el derecho de libertad de expresión, de prensa y religiosa que todos tenemos. Es una copia muy similar a la ley contra la discriminación que estaba impulsando Enrique Sánchez, que redactó la exdefensora Montserrat Solano, quien ahora es embajadora en la OEA, asegura que este documento está bien y le dice al canciller que lo firme. Esto nos hace pensar que cuando detuvimos la ley del odio que impulsaba el PAC, tampoco fue mucho el aspaviento que hicieron porque ya sabían que se estaba firmando este convenio. Esto lo que busca es programar la mente de las personas para que no digamos nada que suene lesivo a otra persona. No podremos opinar, no podremos hablar, todo hiere, todo es subjetivo. ¿Cómo sé yo que a usted no le va a afectar lo que voy a decir?
¿Qué artículos le preocupan más?
-En realidad son pocos artículos los que tiene, son 22, y la mayoría hace referencia a la “discriminación indirecta”, que según el convenio “es la que se produce en la esfera pública y privada” (dentro de las casas o instituciones públicas y privadas). Es decir, el gobierno podría intervenir para proteger el honor de las personas. No podríamos expresar nada contra nadie, no podríamos opinar porque estaríamos lesionando, sea cual sea nuestra línea de pensamiento, el criterio y la integridad de los demás.
¿Cómo afecta la libertad religiosa?
-Ahorita la moda, porque creo que es una moda, dice que hay que proteger el derecho de las personas de que el efecto religioso se aplique solo en la vida privada o dentro del recinto del culto y no manifestarlo en una romería, en una marcha por la vida. ¿Qué pasa si un ateo dice que le molesta la romería porque van rezando y orando por las calles, que son públicas? Entonces como el fundamento del convenio es totalmente subjetivo, abierto, está sustentado en falacias sociales, porque ¿cómo voy a hacer para expresarme sin dañar el pensamiento de otra persona que me adversa? Porque soy conservador y tengo mis principios o convicciones, y si viene alguien que no tiene esos principios, sino que va al lado contrario, se va a molestar porque yo digo “gracias a Dios”. ¿Cómo sé yo cuál es el límite? Al ser un elemento indeterminado legalmente no puedo suscribir el efecto o el impacto.
¿Cuál es el mecanismo para su ratificación en el Congreso?
-Entra a la Comisión de Asuntos Internacionales, donde se dictaminaría, y luego debe ir a ratificación al plenario, donde ocuparía 38 votos. Creo que no debe pasar de la comisión y menos que se vote en plenario. Si no obtiene los votos, Costa Rica lo rechaza y hasta ahí llegó el tema, pero el gobierno no tiene fecha límite para enviarlo a la Asamblea, por eso estamos alertando. Además Costa Rica no puso ninguna cláusula de reserva, por lo que si se ratifica en el Congreso debemos sujetarnos a lo que este indica.
¿Qué más cree que puede pasar si se ratifica?
-Para mí la implementación de este convenio va a cercenar la libertad de expresión, va a cerrar medios de comunicación y cerrar partidos políticos porque, por ejemplo, la gente de Acceder puede demandar a Nueva República, Restauración, Alianza Demócrata Cristiana, Renovación, PUSC y Republicano Social Cristiano solo porque en el nombre o en el estatuto hace mención a las convicciones o fundamentación cristiana y una de las cláusulas es o quita eso, o lo desaparece.
¿Eso dice el convenio?
-No lo dice, pero es una de las perfectas aplicaciones porque el convenio dice que el Estado debe encargarse que todo el mundo sea respetado. Este gobierno podría callar muchas bocas al hacer referencia a que no se puedan hacer manifestaciones políticas contrarias a él. Quiere programar la mente de la gente, de las instituciones y de los medios de comunicación para que nadie se exprese.
¿Si llega a ratificarse, el gobierno debería luego reglamentar?
-Sí, pero ¿cómo van a reglamentar algo subjetivo e indeterminado? Podría ser por medio de una ley, pero también por un decreto. Como tiene rango internacional va a la Corte Interamericana y cualquier persona que se sienta afectada podrá ir ahí, como lo que ocurrió con la consulta por el matrimonio igualitario. Esa persona puede decir que Costa Rica no reglamentó el tema porque no ratificó el convenio y no me defiende, entonces voy a la Corte, que es el rango de aplicación del convenio. ¿Y ahí cómo nos defendemos?
En otros temas, usted preside la comisión que lleva el ingreso del país a la OCDE y este mes deben votar la Ley de Competencias. ¿En qué consiste?
-Lo que busca es fortalecer la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) del Ministerio de Economía (MEIC) porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pide ese requisito para ingresar. Costa Rica tiene una Coprocom muy básica, que no determina el conflicto de las partes, dura mucho en resolver y no aplica la ley como es. Esta reforma fortalece en presupuesto, en personal y en requerimientos para que puedan entrar en los grandes dilemas del mercado, que son monopolios o cartelización. Es decir, varias empresas se ponen de acuerdo para monopolizar el mercado, poniendo precios altos.
¿Qué pide la OCDE?
-Que la Coprocom tenga la suficiente independencia política y el resguardo económico para lograrlo. Se está poniendo al mismo nivel legal de la Comisión de Emergencias, por ejemplo. En este caso la ministra del MIEC solo tramitaría el presupuesto que ellos soliciten, pero no se puede meter en decisiones ni preguntar por casos. Un beneficio al consumidor es que estudios afirman que se podría ahorrar hasta un 20% el precio de muchos productos y en el sector público evitar carteles a la medida, lo que podría ahorrarle millones al Estado. Tenemos que votarlo antes del 30 de agosto en segundo debate.
¿Cuál es el balance de los costos de ingresar a la OCDE y los beneficios que se obtendrían?
-Los beneficios al ingresar al club de los países con las mejores prácticas a nivel mundial, por ejemplo, por solo estar ahí las calificadoras de riesgo internacionales lo ven como algo positivo, entonces lo que no han logrado el plan fiscal ni los eurobonos lo podría lograr la incorporación a la OCDE.
Vamos a integrar este club exclusivo sabiendo que la administración pública no es eficiente y reina el desorden. ¿Qué garantía hay de que las cosas mejorarán?
-La OCDE aplica estudios cada cierto mes, donde evalúa ámbitos específicos del país. Manda a su gente externa, califica al país y eso es el abecé para dejar de vivir tan mal y comenzar a vivir bien. Sería como una contraloría internacional. Si salimos mal pueden existir llamadas de atención y se comienza a perder credibilidad dentro de la Organización. Se debe recordar que esos estudios son la base con que por ejemplo la Unión Europea califica ciertos temas, como por ejemplo la lista negra de anticohecho y soborno internacional.
¿Qué países están en la OCDE de este lado del mundo?
-En este momento México, Canadá, Estados Unidos y hace poco entró Colombia. Entiendo que Chile, Argentina y Brasil, pero la OCDE no quiere convertirse en otra ONU, por lo que está a punto a cerrar las invitaciones.
¿Qué nos dice de la investigación en su contra que llevan la Procuraduría y la Fiscalía?
-Por el fondo del proceso actual nada más puedo decir que está en estudio tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, ambas están revisando la información para validar si es cierto y buscando las prueba. Soy respetuoso del tema. Eso se da por un viaje que hice a Barcelona, donde confluyeron reuniones de la OCDE en función de telecomunicaciones y donde estaban expertos mundiales sobre las mejores prácticas del futuro de la tecnología a nivel regulatorio. Son temas en los que he venido trabajando desde hace diez años. Fui a aprender, a perfeccionar y tomar lo bueno y venir a impulsar aquí mejores regulaciones. Hubo una denuncia que dice que fui pagado por un tercero, entonces lo que buscan probar es si esa persona podía pagarme o si hay un conflicto de interés.
¿Usted fue invitado por uno de los organizadores?
-No. Es una persona que se encarga de transmitir información de las nuevas tecnologías, un consultor, por así decirlo.
¿Usted pidió que le subvencionaran el viaje?
-Por la investigación no puedo ahondar en el tema, lo que investigan es un posible conflicto de interés. Lo que puedo decir es que la propia Asamblea le transmitió a la Fiscalía todos los viajes que han hecho diputados pagados por terceros. Por ejemplo, ustedes informaron de los legisladores que fueron pagados en un viaje a Estados Unidos a ver cómo funcionaba el cannabis medicinal, mientras discutían esa ley aquí, lo que sería un conflicto directo, si es que lo hubiese. Pero si en Costa Rica no está la información y no hay plata para pagar un viaje, ellos dieron la posibilidad de que la industria pagara para que conocieran cómo se trabaja. En mi caso no estoy en ninguna comisión que vea el tema de tecnologías, no tenía ninguna propuesta con ese fin y en la Comisión de Ingreso y Gasto se tramita una denuncia contra el ICE por un tema de electricidad, entonces a mi juicio no hay una relación directa. La persona que pagó el viaje no tiene relación comercial con el gobierno, no es proveedor.
Fuente: Diario Extra
